En la formalización, se ordenó el ingreso en prisión de los cuatro imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga.
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El Juzgado de Garantía de Concepción dejó en prisión preventiva a Cristián Alejandro Reyes Castro, Estela Betsabet Soto Ulloa, Diego Armando Reyes Garay y Javier Agustín Ramírez Núñez, imputados como autores de los delitos de asociación ilícita, receptación reiterada de madera, delitos tributarios y facilitación de facturas falsas, ilícitos perpetrados entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 en diversas comunas de la región del Biobío.
En la audiencia de formalización, el magistrado Carlos Aguayo ordenó el ingreso en prisión de los cuatro imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga. Además, fijó en nueve meses el plazo de investigación.
En tanto, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de los coimputados Carlos Roberto Araya Osses, Sergio Alonso Rebolledo Jara y Felipe Ignacio Moraga Roa. En tanto, Wladimir Moisés Chávez Neira quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
Según el ente persecutor, los imputados Reyes, Soto, Araya, Moraga y Chávez conformaron una organización para el acopio y venta de madera, obtenida de manera ilícita, la que funcionó entre septiembre de 2019 y agosto de 2022.
Para llevar a cabo las operaciones, utilizaron la empresa Forestal Queule, creada en 2016 por Marcelo Binimelis y Cristián Reyes, quien en 2020 quedó como único dueño. La empresa luego fue traspasada a su pareja, Estela Soto, y él quedó como administrador.
A través de Forestal Queule compraban madera ilícita a terceros, entre ellos Rodrigo Ormeño Gómez (famoso delincuente de la región condenado por sustracción de madera), conocido como el “Mentolato” y a Ramírez, apodado el “Coipo”, quienes formaban parte de otros grupos organizados que sustraían madera de predios forestales de la provincia de Arauco, como Llico, Yani, Chacay y Los Hualles.
Luego vendían esta madera a reconocidas empresas del rubro, como Foraction Chili SpA, Promasa SpA y Forestal Leonera SpA, para lo que usaban facturas falsas, lo que consiguieron gracias a la colaboración de empleados de Foraction y Forestal Leonera. La madera robada era trasladada a las bodegas de acopio de Forestal Queule, ubicadas en Curanilahue o Cañete, y luego a las empresas compradoras. Ormeño Gómez y Ramírez Núñez eran los encargados de contratar el transporte.
Para ocultar la actividad ilícita, justificar la adquisición de la madera vendida y rebajar la carga impositiva, se emitieron facturas de compra de madera falsas a nombre de Forestal Queule, documentos en los cuales consignaban como vendedores a terceros que no eran clientes o alteraban las cantidades. Así lograron comercializar 207.201,32 metros cúbicos de madera por un total de $13.196.310.142.
Cristian Reyes era el líder de la organización, quien daba las instrucciones, gestionaba las transacciones y manejaba las cuentas de Forestal Queule. Estela Soto, su pareja, figuraba como dueña de la empresa, ayudó a obtener documentos de falsos proveedores y falsas guías de despacho y también manejaba las cuentas. En el caso de Carlos Araya, manejaba las claves de los contribuyentes y emitía las facturas falsas. Felipe Moraga, en tanto, entregaba facturas falsas y Wladimir Chávez Neira entregaba o revisaba las guías de despacho falsas.
Estructura que, entre septiembre de 2019 y agosto de 2022, le permitió a Forestal Queule obtener un crédito fiscal por $787.853.596, vinculado al uso de facturas falsas por un total de $4.934.451.466. A su vez, pudieron rebajar $787.853.696 de IVA por el uso de facturas falsas de servicios que nunca se prestaron, vinculadas a actividades por $4.146.597.870.
Los dineros ingresados a las cuentas de Forestal Queule luego eran traspasados a la cuenta personal de Cristian Reyes, a través de transferencias, cheques o dinero en efectivo. Parte de estos montos se invirtieron en fondos mutuos, en el extranjero y se depositaron en la cuenta de su hijo Diego Reyes, quien también invirtió fuera del país.
En tanto, Cristian Reyes adquirió un vehículo por $62.490.000, el que luego transfirió a Sergio Rebolledo, quien nunca lo utilizó. Todo esto fue propiciado por Esela Soto, quien autorizó todas las transacciones e, incluso, solicitó un crédito por $600.000.000 a nombre de la empresa.
Finalmente, entre 2021 y 2023, Javier Ramírez lideró otra asociación ilícita para el hurto de madera, entregaba las indicaciones sobre los predios a intervenir, manejaba las cuentas y contactaba a los compradores. Orgánica en la que José Reinaldo Barraza Panchilla, Osvaldo Gabriel Puentes Álvarez, Julio Alberto Bocaz Quilodrán, Leonardo Arturo Condeza Dartwig, Felipe Andrés Mora Saravia y Néctor Damián Aguayo Martínez (imputados en causa diversa) manejaban los camiones que transportaban la madera.
PURANOTICIA
