El abogado penalista titulado de la Universidad de Valparaíso tiene por clientes usualmente a mediáticas figuras políticas vinculadas a delitos de corrupción. Su más reciente caso es la representación de Ángela Vivanco, recientemente suspendida tras conocerse detalles de conversaciones con el también abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audio.
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Esta semana, como si se una bomba de tiempo se tratase, se destapó otro de los nombres ligados a los negocios del abogado Luis Hermosilla -quien arriesga una pena de 18 años tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos-, y se trata de Ángela Vivanco, la ministra de la Corte Suprema cuyas conversaciones con el imputado por el caso Audio implicaron incluso ser suspendida de su cargo en el máximo tribunal nacional.
Y como si de un déjà vu se tratase, quien va a defenderla ante la justicia no es nada más ni nada menos que el abogado Juan Carlos Manríquez, penalista que se ha hecho un nombre en los medios a nivel nacional e internacional principalmente por los bullados casos ligados a corrupción. “Es necesario separar múltiples asuntos envueltos en esta causa y sus aristas diversas. Lo primero es poder efectuar una defensa en un debido proceso, leal y honesto, no juzgar por primeras impresiones”, dijo tras asumir la defensa de Vivanco.
Manríquez, expresidente del Colegio de Abogados de Valparaíso y asesor parlamentario, es titulado de la Universidad de Valparaíso con posgrados en Derecho Penal Económico y de Empresa y Litigación Oral, entre otros. Ha sido académico universitario y exdecano de la carrera de Derecho de la extinta Universidad del Mar. De hecho, cuando se supo de la quiebra de la casa de estudios con sede en Reñaca, Manríquez defendió a su rector, el cuestionado Héctor Zúñiga, quien fue acusado por cohecho y también lavado de activos imputado en la investigación por las acreditaciones supuestamente fraudulentas otorgadas a instituciones educacionales por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En 2016 Zúñiga recibió una condena de 3 años y un día a cumplir en libertad vigilada.
Pero hay más casos emblemáticos en los que ha participado Manríquez, buena parte de los más conocidos han sido defendiendo a quienes han sido fuertemente cuestionados por acusaciones relacionadas a la corrupción.
Luego de ser candidata a gobernadora por la Región Metropolitana bajo el paraguas de Apruebo Dignidad en 2021, perdiendo en segunda vuelta con Claudio Orrego, y tras decidir seguir la línea electoral en base a los buenos resultados obtenidos al año siguiente en la elección de senadores, todo se derrumbó para Karina Oliva. A sólo días de esta última elección se supo de millonarios pagos a su equipo durante su campaña a gobernadora, por lo que la Fiscalía inició una investigación por emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o con montos abultados. Fue formalizada y mantiene orden de arraigo nacional, pero este año su defensa, representada por Manríquez, pidió levantar de forma temporal el arraigo que le fue impuesto por el 7° Juzgado de Garantía para participar entre julio y agosto del diplomado ‘Integración Económica Regional. Desafíos pendientes en América Latina’. La solicitud fue aceptada tanto por la Fiscalía como por la parte querellante.
Un año antes, en el marco de la investigación denominada “Milicogate” Manríquez representó al general (R) del Ejército, Ricardo Martínez, quien estaba bajo la lupa de la jueza y ministra en visita de la Corte Marcial, Rumy Rutherford, y había sido procesado en la arista “Agencias de Turismo” por su presunta responsabilidad. En 2022, la Corte Marcial revocó el procesamiento de Rutherford y acogió los alegatos de la defensa, los cuales estuvieron basados en que los montos de la defraudación eran inexactos, que los viajes irregulares imputados estaban prescritos y que habría devuelto US$ 400 a la cuenta que el Ejército tiene para estos fines.
El exdiputado se vio involucrado en la investigación del bullado caso SQM en 2016, y fue formalizado por delitos tributarios en octubre de ese año. Sólo días antes, el expresidenciable cambió a su defensa realizada hasta entonces por el penalista Ciro Colombara, y le entregó el poder a Manríquez, quien representó la arista tributaria de la causa. De acuerdo a lo que se acusaba en ese entonces, Enríquez-Ominami habría emitido -entre los años 2011, 2012 y 2013- 34 boletas maliciosamente falsas a SQM por servicios que no habrían sido prestados y cuyo monto total bordearían los $368 millones, y en 2018 fue reformalizado.
El caso SQP golpeó fuerte a la política chilena. Desde entonces han caído dos ministros de Bachelet (Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas), el entonces director del SII (Michel Jorratt), y renunciaron los dos principales fiscales a cargo de las investigaciones (Carlos Gajardo y Pablo Norambuena). La figura, entonces vista como presidenciable, de Pablo Longueira, también implicado, se vio fuertemente dañada también.
Hace diez años la exdiputada por la Región de Valparaíso, Marta Isasi, fue formalizada por el delito de fraude al fisco. La Fiscalía de Iquique investigó a Isasi por el delito de cohecho, en el marco del polémico pago que recibió de la empresa Corpesca -del grupo Angelini- durante la votación de la Ley de Pesca. A un mes de ser formalizada, en julio de 2016, cambió su defensa por el abogado Cristián Mardones. En 2020, luego de 7 años de investigación, 103 testigos y 1.117 documentos aportados solo por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago leyó el veredicto del caso Corpesca, el primer juicio oral de financiamiento ilegal de la política, declarando culpables al exsenador UDI Jaime Orpis por 6 delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho y a la exdiputada Marta Isasi por el delito de cohecho.
A mediados de este año, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que interpuso Manríquez, defensor de A.C., de 17 años, el único detenido en Chile por el secuestro y homicidio del exmilitar y disidente venezolano del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado hace cuatro meses enterrado bajo cemento en el municipio de Maipú, en Santiago.
El joven fue formalizado y se le investiga su participación en el crimen, pues según la indagatoria realizó labores de vigilancia y de cobertura mientras Ojeda era sacado de su departamento por cuatro hombres disfrazados de policías chilenos. Cabe recordar que este caso tiene no sólo implicancias penales, sino también diplomáticas y políticas, pues en abril la Fiscalía chilena determinó que tras el homicidio de Ojeda, estaría el Tren de Aragua y que el más probable móvil sería político.
Luego de una semana de juicio oral en abril de 2012, por una unanimidad el Tribunal de Garantía de Viña del Mar dictaminó absolver de los cargos que se les imputaban al entonces alcalde de Concón, Jorge Valdovinos, por espionaje informático, en el denominado “caso MSN”, que consistía en el despido de funcionarias luego de que sus conversaciones realizadas a través de Messenger fueran extraídas de sus computadores, donde comentaban la vida privada del alcalde y otros funcionarios del municipio.
En junio de este año Manríquez asumió la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es imputado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, relacionados con su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En esa tarea, apuntó contra el alcalde Jorge Sharp, asegurando que por su rol de tesorero tenía el control de las cuentas corrientes y cheques, aunque éste negó aquello.
La semana pasada, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Daniel Jadue (PC), quien saldrá del Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras tres meses, por lo que queda bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional, y tendrá prohibiciones de acercarse a la Municipalidad de Recoleta y de comunicarse con imputados o testigos.
El exdirector de la PDI es imputado por entregar antecedentes de causas penales al abogado Luis Hermosilla. En marzo de este año el Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. "Esperamos dentro del plazo de investigación a esclarecer algunos de los puntos que hoy día la magistrada manifestó en duda", dijo a la salida de la audiencia de formalización, en la que planteó la tesis de que en Muñoz no hubo finalidad de frustrar las diligencias, afectar la administración, o perjudicar evidencias.
Manríquez también ha participado en otros casos menos relacionados a la política, entre los cuales destaca representar a la familia de María Elcira Contreras, quien desapareció el Día de la Madre este año cuando iba al baño de un restaurante Fundo Las Tórtolas, al que asistió junto a su familia, además de ser el abogado de la Inmobiliaria Punta Piqueros, que hace un mes llegó a un acuerdo de conciliación con el Municipio de Concón y la agrupación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, a propósito de un largo juicio que, sumado a la orden de demolición emanada desde el Minvu, tiene en jaque a las partes. La inmobiliaria busca utilizar la construcción para otros fines comerciales, ya no un hotel, tras llegar a una millonaria negociación que se conversó por varios meses en el más absoluto hermetismo.
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