Sebastián Urra también señaló que un 85,25% de la población penal es chilena, mientras que la extranjera llega al 14,85%, cifra que aumentó desde el 2005, donde era cercana al 3%.
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La comisión de la Cámara de Diputados que investiga los actos del Gobierno frente a eventuales deficiencias del sistema de inteligencia recibió al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, quien entregó un detallado informe acerca de la composición de la población penal, el cual señala, por ejemplo, que la Región de Valparaíso es la más afectada por sobrepoblación penal a nivel país.
Y es que la autoridad uniformada señaló que la Quinta Región es la que más sobrepoblación penal tiene, seguida por la Metropolitana, Atacama y O'Higgins.
De igual forma, se indicó que hasta este lunes 8 de julio, eran 56.500 los internos. De esta población, cerca de un 63% corresponden a condenados y un 36% a imputados. En términos de género, el 91% corresponde a varones y cerca del 8% a mujeres.
Además, el 25,8% corresponde a personas con un alto compromiso delictual, mientras que la de mediano compromiso abarca el 40,3% y la de bajo compromiso un 33,2%. En cuanto al rango etario, el máximo de población se encuentra entre los 20 y los 45 años, siendo mayoritarias en este grupo las personas de 30 a 34 años.
Si se analiza la nacionalidad, el director señaló que un 85,25% es población chilena, mientras que la extranjera llega al 14,85%, cifra que aumentó considerablemente desde el 2005, donde era cercana al 3%. Entre ellos, la mayoría es colombiana, seguida por venezolana, boliviana y peruana.
El director Sebastián Urra también señaló la forma en la que se segmenta la población penal, de acuerdo al grado de compromiso delictual. Así, en los módulos de máxima seguridad existe una capacidad de 641 cupos y la mayoría están ubicados en Santiago.
Respecto de los delitos de mayor presencia en los recintos penales, prima el tráfico de drogas, seguido por lesiones y tenencia de elementos prohibidos. Así también existe el delito de amenazas al personal activo o de franco.
Sobre la presencia de bandas en los recintos penales, 4.751 internos pertenecerían a una y 1.904 se encuentran en la Región Metropolitana. De este universo, el 51,65% corresponde a internos condenados y el 48,35% a imputados. Así también, 699 personas están sindicadas como líderes de bandas.
Adicionalmente, Urra señaló que en los tres últimos años se han incautado más de 55 kilos de sustancias ilícitas. Junto a esto, se han retirado más de 7 mil litros de licor artesanal elaborado al interior de los recintos penitenciarios. Además, 12.300 celulares y 25.700 armas blancas. Todo esto en el marco de 40 operativos nacionales que se han realizado en los penales.
En materia de seguridad, explicó que se han invertido $4.245 millones en scanner corporales, equipos de ondas milimétricas, detector de metales, rayos X, analizadores de drogas, equipos de rayos portátiles, drones, cámaras corporales y cerca de 900 equipos portátiles.
Adicionalmente, existe un plan de mejoras de habitabilidad y ampliaciones; la implementación de redes contra incendios y normalización de conexiones eléctricas. También se realizarán reparaciones a recintos de Antofagasta y La Unión junto a ampliaciones en Valparaíso y restauración de celdas en Colina.
Luego intervino ante la comisión el coronel Rubén Pérez, jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de Gendarmería. Esta unidad, creada en 2019, se encarga de identificar grupos estructurados que hayan sido detectados en recintos penales o desbaratados por las policías y el Ministerio Público y que al menos uno de sus integrantes esté recluido.
Consultado sobre el funcionamiento de los inhibidores de señal de celular, los representantes de la institución aseguraron que están funcionando. Incluso, indicaron, se está analizando cómo controlar la presencia de dispositivos de banda ancha que se podrían estar utilizando para facilitar la conexión de la población penal.
Además, los representantes de Gendarmería plantearon la necesidad de implementar la declaración de patrimonio, para prevenir que funcionarios de la institución se involucren en redes criminales. Asimismo, fiscalizar el eventual consumo de drogas entre las y los gendarmes.
PURANOTICIA
