Parlamentario criticó que la candidata del Frente Amplio a la reelección haya incumplido el pago de su Crédito con Aval del Estado, generando un perjuicio a las arcas fiscales.
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El diputado Andrés Celis presentó un oficio a la Tesorería General de la República solicitando aclarar el detalle del pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) de la candidata a alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien contrajo dicho crédito para financiar sus estudios como Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Viña del Mar. Según denunció el parlamentario, la deuda, que fue pagada recientemente, no se realizó de manera oportuna, lo que generó intereses que, en última instancia, significaron un perjuicio económico para el Estado.
"La candidata Ripamonti no sólo retrasó el pago de su CAE, sino que permitió que la deuda aumentara con el tiempo, impactando negativamente los recursos públicos. Su actuar es completamente irresponsable, sobre todo considerando que desde que asumió el cargo, tenía la capacidad de resolver este tema”, afirmó Celis.
El oficio presentado por el diputado detalla que, si bien, la deuda inicial de Ripamonti era de $11.814.483, al no cumplir con los plazos correspondientes, los intereses hicieron que esta cifra creciera a $14.768.690, una diferencia que debió asumir el Estado de Chile debido a la garantía del crédito.
"La Contraloría ha sido clara al señalar que los pagos fuera de plazo, que causen perjuicios a los fondos públicos, deben ser cuestionados. En este caso, ella tuvo los medios y la responsabilidad de evitar este daño, pero prefirió no cumplir con su deber a tiempo", añadió el parlamentario RN.
También solicitó en su oficio tres puntos clave: el monto total del CAE otorgado a Ripamonti, los intereses pagados por el retraso, y la fecha exacta en que se realizó el pago. “Lo que buscamos es transparencia en este proceso, para que quede claro hasta qué punto el Estado fue perjudicado por la negligencia de la Alcaldesa", dijo.
A su juicio, este caso no sólo afecta a las arcas fiscales, sino que además vulnera la confianza en las autoridades comunales. "Alguien que no puede manejar sus propias finanzas de manera responsable no debería estar a cargo de los recursos de una comuna. Esta situación demuestra una falta de criterio y compromiso con el bienestar público", concluyó.
