Felipe Olea, representante de la Federación Bahía Narau, apuntó sus dardos contra la labor que ha desempeñado la delegada Sofía González en todo el conflicto entre los pescadores y la planta desalinizadora que Aguas Pacífico está construyendo en la costa de Puchuncaví.
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Pese a que el pasado 3 de agosto, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ordenó el desalojo de la toma iniciada por pescadores en los terrenos donde se está construyendo una planta desalinizadora en Puchuncaví, los problemas relacionados a esta obra enmarcada en el «Proyecto Aconcagua» siguen a la orden del día.
Se trata de una iniciativa cuya inversión es de US $1.000 millones, consistente en la construcción y operación de una planta que convierta el mar en agua dulce que, luego de ser tratada, puede servir para el consumo humano, riego agrícola, procesos industriales y actividad minera. Para ello, ya cuenta con aprobación ambiental (RCA de 2018) y concesión marítima (Decreto Supremo de 2019).
Si bien, por un lado el proyecto es celebrado por comunidades rurales, por ejemplo de Olmué y Limache, pues al fin podrán contar con el recurso vital; también ha generado rechazo de los pescadores de Quintero y Puchuncaví, quienes afirman que la construcción y operación de la desalinizadora afectará aún más al medio ambiente de esta «zona de sacrificio», además de afectar a su sustento económico.
Bajo este contexto, un nuevo altercado se produjo en los terrenos donde se construye esta estructura, ya que tres personas ingresaron sin autorización al lugar para lanzar piedras hacia las faenas, hecho que terminó con un trabajador con lesiones, y que se suma a los 86 días de ocupación ilegal que hicieron los hombres de mar, agrupados en la Federación Bahía Narau Quintero - Puchuncaví.
Desde la empresa Aguas Pacífico –a cargo de las obras en Puchuncaví– señalaron que a su propiedad ingresaron "tres personas, que se identificaron como pescadores", los que "lanzaron pedradas a la maquinaria que realizaba movimiento de tierra en el sector donde se construye la planta desalinizadora del proyecto Aconcagua".
Ante este hecho, el abogado de la Federación de Pescadores Bahía Narau, Felipe Olea, explicó a Puranoticia.cl que "se vivieron hechos confusos, del que existen diversas versiones, pero que sin lugar a dudas lamentamos pues, de alguna forma, empañan el clima de trabajo serio que esperamos que dé frutos en las próximas semanas", agregando que "consideramos estos incidentes como un hecho aislado, que no respaldamos y que buscaremos que no exista ocasión de que vuelvan a suceder".
Pero más allá de lo ocurrido en el terreno donde se llevan a cabo las polémicas obras, Puranoticia.cl también quiso conocer detalles acerca del proceso judicial en curso, con el cual buscan frenar los trabajos: "Aún se encuentran pendiente de resolución los recursos de protección que, de forma cruzada, fueron interpuestos recíprocamente entre la Federación de Pescadores y Aguas Pacifico", explicó Olea.
Cabe recordar que la posición de los pescadores de Quintero y Puchuncaví es que en mayo, cuando la empresa a cargo del proyecto pretendía iniciar la construcción de la planta, no contaba con todos los permisos sectoriales para hacerlo, faltándoles los permisos de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puchuncaví.
Por ello, esperan que "la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de no mediar un acuerdo entre las partes, tendrá que resolver si es efectivo que la empresa se encontraba actuando fuera de la ley en aquella época; como también, si es efectivo que los pescadores se encontraban obstaculizando el ingreso a la planta por la fuerza; cuestión que mis representados niegan sobre la base, que ésta es sólo uno de los tantos ingresos del sitio, por lo que la toma tuvo un carácter más simbólico que efectivo.
"Si aguas pacifico no continúo con sus obras no fue por la oposición de los pescadores, si no que por qué no contaba con todos los permisos para hacerlo", agregó el abogado de la Federación de Pescadores Bahía Narau.
El jurista también se refirió en duros términos al rol que han cumplido algunas autoridades de Gobierno en el tema: "No es un exageración afirmar que nuestro Gobierno se encuentra en crisis. Dicho esto, no podemos esperar que la falta de conducción a nivel nacional no se replique a nivel local, por lo que las actuaciones improvisadas y carentes de todo pálpito político de la delegada Sofía González han sido consistente con el nulo liderazgo del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien vino a la zona sólo a sembrar vientos que, a la postre, cosechó en tempestades".
Además, manifestó que "el Gobierno no ha aportado un sólo grano de arena a la solución del conflicto, lo que no puede ser motivo sino de decepción, pues nos encontramos ante un Gobierno trunco, carente de toda herramienta para resolver este tipo de conflictos que, de alguna forma, son la expresión viva de la democracia".
Consultado acerca de si han habido conversaciones con Aguas Pacífico, el abogado Felipe Olea precisó que "es un hecho que a la fecha existe un acercamiento serio y responsable entre las partes, por el cual se está buscando alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de todos los involucrados, donde la principal pretensión de la Federación de Pescadores se encuentra en resguardar el medio ambiente y ecosistema marino de la bahía de Quintero y Puchuncaví".
De igual forma, ahondó en que "entendemos que esto no se enfrenta con los intereses de Aguas Pacífico quienes, además de insistir de que se trata de un proyecto verde, están evaluando esfuerzos, a fin de garantizar que la tristemente llamada «zona de sacrificio» no reciba un nuevo embate con la construcción de la desaladora". Por ello es que "se ha preferido esta vía de diálogo, antes de seguir interponiendo acciones legales, que siempre deben ser consideradas como de última ratio".
PURANOTICIA
