Fiscalía debería resolver que pasó con millonario contrato que no se concretó del todo sí existiría una responsabilidad administrativa o penal.
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Revuelo ha causado la denuncia presentada ante la Fiscalía de Valparaíso por parte del diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, y que dice relación con eventuales delitos de fraude al Fisco y/o malversación de caudales públicos, en contra de las personas que resulten responsables del pago de servicios que "nunca se prestaron".
En concreto, la acción presentada por el representante del Distrito 7 (zona costera de la región de Valparaíso) busca que se investigue un contrato de $300 millones suscrito entre la empresa Everis Chile S.A. y el Gobierno Regional de Valparaíso el año 2020, bajo la administración del entonces intendente Jorge Martínez.
El problema se suscita específicamente en la instalación de un sistema de recaudo electrónico en microbuses de la locomoción colectiva de Quintero, lo que serviría como plan piloto a la implementación de estos validadores en el transporte licitado del Gran Valparaíso, los cuales deberían comenzar a ejecutarse este mes de julio, sin embargo pese a que existen millonarios y sospechosos pagos realizados, no hay ni plan piloto ni validadores.
En agosto de 2020, la administración de Jorge Martínez firmó un contrato de $300 millones con la empresa Everis Chile S.A., que incluía la entrega de cinco informes al Gobierno Regional de Valparaíso. No obstante, tras fracasar la implementación de los validadores en los buses de Quintero, se corta el proceso luego de entregado el cuarto informe, totalizando pagos por $220 millones.
La controversia, que genera la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso, se origina en el quinto informe: por un lado, el diputado Sánchez sostiene que "se malgasta y bota la plata en servicios que nunca tienen lugar"; mientras que por otro, la Seremi de Transportes indica que "el último pago, equivalente al 25% del monto total del contrato, no fue realizado".
Ahondando un poco más en el tema, Puranoticia.cl conversó con el consejero regional Manuel Millones, quien explicó que "de cinco facturas, cuatro se pagaron. Claro, la última no se pagó, pero en concreto no están los validadores instalados, no está el plan piloto. Y estamos en julio, donde debiéramos extender los validadores al resto de los operadores (del Gran Valparaíso) y con el Ministro de Transportes diciendo que hay que cumplir, entonces hoy estamos en un zapato chino".
Bajo este contexto, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core de Valparaíso afirmó que el contrato fue firmado durante la administración de Jorge Martínez y que "se pagó en las dos administraciones". De esta forma, sostuvo que "la cuarta (factura de pago), que entiendo que es de marzo, la pagó (la actual administración del gobernador regional) Rodrigo Mundaca; y las otras tres las pagó (la administración) Martínez".
A su vez, también dijo que "valoro que para despejar este ruido, el Ministerio Público determine si hay responsabilidad administrativa o penal. Pero claro, no sabemos los alcances del contrato, porque si éste dice que en el primer estado de pago tienen que hacer los informes, y por tanto se cumplió con los requisitos, entonces no hay problema; distinto sería si en el contrato dice que al mes tercero se habrán instalado los validadores... no sabemos qué dice el contrato respecto a los validadores".
Cerró su intervención manifestando que "hay informes entregados, por tanto, hay un producto del contrato. El último estado de pago no se pagó, pero la pregunta es: ¿qué arrojaba el contrato? ¿En el último estado de pago tenían que estar instalados los validadores? ¿En el cuarto? ¿En el tercero? No sabemos en qué boleta, en qué factura, en qué minuto tenían que estar instalados los validadores".
En cuanto a la licitación pública en cuestión, desde la Seremi de Transportes de Valparaíso señalaron que forma parte de un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio y el Gobierno Regional (entonces Intendencia), en el marco de la Ley 20.378, la cual permite la entrega de recursos a la realización de iniciativas de fomento del transporte público regional, seguridad o educación vial.
A partir de lo anterior, en agosto de 2020 se inicia el proyecto denominado «Evaluación de un Sistema Rural Piloto de Recaudo, Información al Usuario y Gestión del Transporte», por medio del cual el Gobierno Regional de Valparaíso aprobó las bases administrativas, técnicas y anexos, llamando con ello a licitación pública para su ejecución, siendo adjudicada a Everis Chile S.A..
Dicho contrato contemplaba cinco informes, cada uno de ellos asociado al pago de una parte de la suma total del contrato. Luego de la entrega del cuarto informe, no se logra llegar a un acuerdo entre el operador de transporte y Everis Chile S.A., para la implementación y uso de los validadores a bordo de los buses, por lo que resulta inviable seguir con la quinta y última etapa del estudio. Por ello se aprueba la resciliación del contrato con Everis Chile S.A. –en ese entonces NTT CHILE S.A.–. En consecuencia, el último pago no fue realizado.
El seremi Benigno Retamal señaló al respecto que "como no hubo acuerdo para realizar la quinta etapa que estaba contemplada en este proyecto, hubo esta resciliación de contrato y el último pago no se efectuó, lo cual por supuesto que también está en norma", agregando que "hubiera sido ideal que el operador cumpliera con la quinta etapa o con el compromiso de incorporar contadores de pasajeros en los buses, pero ya no lo hicieron y tendremos que avanzar desde este escenario".
PURANOTICIA
