El Juzgado de Garantía de Quillota dejó con arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional a cuatro de los imputados. En tanto, el resto de la banda quedó con firma mensual y arraigo nacional.
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En el Juzgado de Garantía de Quillota se llevó a cabo la audiencia de formalización de nueve ciudadanos chilenos y extranjeros en investigación por delitos de trata de personas, lavado de activos y asociación ilícita.
11 personas fueron detenidas durante esta semana por personal de la PDI en la llamada “Operación SX”.
Cabe recordar que este lunes, el juzgado decretó la ampliación de la detención de ocho de ellos. La magistrada Laura Catalán acogió la solicitud de ampliación por el plazo de tres días, la cual fue formulada por el Ministerio Público, tomando en consideración la extensa cantidad de carpetas investigativas asociadas a esta causa y las diligencias pendientes.
Por ello, ordenó el ingreso de los detenidos al Complejo Penitenciario Valparaíso, solicitando a Gendarmería las coordinaciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los imputados.
Y durante este viernes, el Juzgado de Garantía de Quillota dejó sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional a cuatro imputados, según los delitos que se detallan a continuación:
Jimmy Ceballos Araya: Por asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos
Rodrigo Pérez Estay: Por tenencia ilegal de armas prohibidas, asociación ilícita y trata de personas.
Jocelyn Moyano Aguilar: Por asociación ilícita y trata de personas.
Boris Vargas Saavedra: Por asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas.
Además, el tribunal dejó bajo la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional a cinco imputados por los ilícitos expuestos a continuación:
Diana Bastidas Martínez: Por asociación ilícita y trata de personas.
Vanessa Silva Vargas: Por asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos.
Manuel Ceballos Castillo: Por asociación ilícita y lavado de activos.
Mónica Lobos Olivares: Por asociación ilícita y trata de personas.
Ana Foix Morales: Por tráfico de drogas.
Finalmente, la magistrada Laura Catalán Peña determinó el plazo de investigación en seis meses para esta causa.
