A la crítica que hacen funcionarios del Serviu por el centralismo y la falta de soluciones reales, se suma la molestia de los afectados y el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara, quienes acusan “abandono”, reconocen incertidumbre por bonos para seguir arrendando, confiesan haberse endeudado para reconstruir y hasta sacar escombros.
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Han pasado 204 días desde el terrible megaincendio que enlutó al país entero y que cobró 137 vidas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y la desesperación por tener un lugar digno donde vivir hoy y un techo seguro mañana inunda los corazones y mentes de las miles de familias que lo perdieron todo. Han habido ayudas del Gobierno, pero para los sobrevivientes del fuego del pasado 2 y 3 de febrero no son para nada suficientes y han tenido que gastar lo que no tienen para costear desde arreglos a sus casas, hasta reconstrucciones totales e incluso retiro de escombros.
“No podía seguir esperando el retiro de escombros por parte del MOP, ni de la municipalidad (ya no tenía donde apilar más), avisé varias veces y decidí contratar una empresa para el retiro, desgraciadamente el camión se les salió de las cuñas y dejó la tendalada. Según me dicen, heridos sólo el conductor del camión, según me dicen no grave...”, cuenta en un mensaje de WhatsApp a su comunidad Christian Roa, uno de los damnificados del megaincendio que afectó a unas 8 mil viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y cobró la vida de 137 personas, quien la semana pasada fue testigo de un grave accidente en la Villa Dulce Crav, que dejó al chofer del vehículo que contrató por $150.000 hospitalizado, todo por intentar despejar su casa tras no obtener respuesta de las autoridades.
Esto es una clara muestra de lo que alegan los vecinos y la comunidad damnificada a prácticamente siete meses del siniestro, en medio de promesas de reconstrucción y bonos.
“Estamos abandonados por el Estado”, asegura Melissa Urrutia, de la Junta de Vecinos El Salto, quien cuenta que está “todo mal, al menos en nuestro sector El Salto”.
Pese a que ya está en pie un 99% de la obra gruesa en cuanto a reconstrucción, asegura que ha sido todo mediante autoconstrucción. “EFE, por su parte, nos ofrece el desalojo lo cual le ha provocado a las familias más preocupación que la que ya tenían. Si usted me pregunta cómo estamos... estamos abandonados por el Estado. Nadie da respuestas de nada. El municipio también está atado de manos, el Serviu tiene la escoba. Tenemos la incertidumbre con los bonos”, relata.
Y añade: “Las familias del Salto están angustiosamente afectadas con el siniestro y ahora con el posible desalojo”.
Hace sólo unos días hubo otra manifestación en el camino troncal que une a Viña del Mar y Quilpué, porque los vecinos se aburrieron de esperar. En aquella ocasión acusaron que las viviendas de emergencia presentan importantes deficiencias, como falta de conexión a alcantarillado, que muchas quedaron mal construidas, que los empalmes de luz son deficientes y les están cobrando una importante suma de dinero para poder solucionar aquello, acusando de “falsas promesas” a las autoridades del Estado.
Michael Sasso, secretario de la ONG Sobrevivientes Megaincendio en unión 2 y 3 F 2024, que agrupa a damnificados de varios sectores de la zona, explica que “uno de los problemas más graves es la situación de las casas de emergencia, que se han convertido en un refugio temporal para muchas familias. Estos hogares, lejos de ser una solución definitiva, presentan múltiples deficiencias. No sólo son precarios en cuanto a construcción y materiales, sino que también carecen de los servicios básicos necesarios para garantizar una calidad de vida digna. Las familias que han sido reubicadas en estas viviendas temporales viven en condiciones extremas, con un espacio insuficiente para el número de personas que las habitan y sin la infraestructura adecuada para enfrentar las inclemencias del tiempo. La desesperación crece con cada día que pasa, mientras las promesas de reconstrucción se ven cada vez más lejanas”.
Además, explica que el Bono de Acogida, una medida implementada para ayudar a las familias damnificadas a encontrar un lugar donde vivir mientras se resuelve su situación habitacional, “ha demostrado ser insuficiente y, en muchos casos, ineficaz. El monto del bono no cubre los costos reales de arriendo, especialmente en una situación donde la demanda de viviendas ha superado con creces la oferta disponible”.
A esto, suma que están en la incertidumbre de qué pasará con ese aporte económico para los siguientes meses. “Las familias que lograron encontrar un lugar donde establecerse temporalmente ahora se enfrentan a la incertidumbre de no saber si podrán seguir pagando el arriendo ya que pagaron el sexto mes y no tenemos una respuesta oficial de si continuará en los próximos meses siendo que hemos enviado oficios al Ministerio del Interior, a la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso, Ministerio de Desarrollo social y Familia. Esto nos deja en una situación de vulnerabilidad extrema, con el riesgo de quedar nuevamente sin un techo donde poder vivir”, dice.
A todo esto, se suma el problema de las deudas que han acumulado los damnificados. Muchas familias, en su esfuerzo por sobrevivir y reconstruir sus vidas, han tenido que endeudarse. Los créditos, las tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento han sido una solución temporal para hacer frente a los gastos inmediatos. Sin embargo, con el tiempo, estas deudas se han convertido en una carga imposible de sobrellevar. Sasso advierte que “los intereses aumentan y la capacidad de pago disminuye, lo que ha llevado a muchas familias a una situación de endeudamiento crónico, sin ver una salida clara. También enviamos un oficio al Ministerios de Economía, Fomento y Turismo pero no tenemos respuesta oficial para saber si van apoyar a los damnificados con este tema tan poco hablado e importante”.
Lo que agrava aún más esta situación es lo que los vecinos califican como “nulo aporte” del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la reconstrucción. “Nuestras familias han esperado durante meses algún tipo de apoyo concreto por parte del organismo, pero hasta la fecha, no han recibido soluciones habitacionales. Las promesas de ayuda y reconstrucción han quedado en palabras vacías, sin acciones reales que las respalden. La desesperanza y la frustración crecen con cada día que pasa, mientras las familias siguen viviendo en condiciones precarias, sin una solución a la vista”, relatan desde la ONG que representa a los damnificados.
De hecho, la molestia en este punto traspasa incluso hasta los trabajadores del organismo. La Asociación de Funcionarios del Serviu de Valparaíso (Afuserv) ya había expresado su malestar esta semana por “prácticas centralistas y autoritarias” del ministerio, lo que a su parecer habría derivado en deficiencias en el proceso.
Mediante una carta, dieron a conocer que el ministerio ha ido “dejando de lado la probada experiencia de los profesionales, técnicos y administrativos a nivel regional” y que “la implementación de estas prácticas autoritarias por parte del nivel central ha redundado en una respuesta lenta e inoportuna a la urgencia habitacional provocada por la catástrofe, habiéndose atendido hasta ahora una mínima parte de las familias damnificadas, con la consecuente pésima evaluación de este Serviu y sus funcionarios, con reclamos constantes”.
A todo esto, los damnificados suman “los cobros excesivos de electricidad por parte de Chilquinta” que ha sido “la gota que ha colmado el vaso. En un contexto donde las familias han perdido todo, tener que enfrentar cuentas de luz desproporcionadamente altas es simplemente inaceptable. Chilquinta, en lugar de mostrar empatía y comprensión ante la situación de los damnificados, ha optado por mantener sus tarifas habituales, sin considerar la realidad de las familias que no pueden pagar esos montos, agravando aún más su situación de vulnerabilidad”, de acuerdo al relato de la ONG que los representa.
Por ello dice que “la realidad que enfrentan los damnificados del mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024 es una de abandono y desamparo. Las casas de emergencia, el Bono de Acogida, las deudas acumuladas, el nulo aporte del SERVIU en la reconstrucción y los cobros excesivos de Chilquinta son solo algunos de los problemas que han tenido que enfrentar. Es urgente que las autoridades y las empresas involucradas tomen acciones concretas para aliviar la carga de estas familias y brindarles el apoyo que tanto necesitan”.
Sobre todo esto, el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión Especial Investigadora del megaincendio apuntó directamente a la cabeza del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. “El proceso de reconstrucción ha sido desastroso y están celebrando por la entrega de 100 subsidios cuando tenemos más de 8 mil damnificados. Yo creo que tenemos que aquí hay que adoptar medidas prontas y urgentes para enmendar el rumbo y eso depende de ningún actor en la región, depende directamente del ministro Carlos Montes, que en esto ha dejado harto que desear a pesar de su trayectoria”, dijo.
En ese sentido, llamó a que “finalmente se incline por un modelo particular de reconstrucción y no continuar aplicando el modelo de la política tradicional habitacional a esta emergencia”.
¿Cuál es la prioridad del Gobierno y de los organismos del Estado con la Región de Valparaíso y sus damnificados? Ya vemos que aunque en la Región Metropolitana sí, acá no hay anuncios de planes especiales para enfrentar la delincuencia en la zona, que está desbordada. En el caso del megaincendio... ¿vuelve a primar el centralismo, nuevamente?
PURANOTICIA
