El ente fiscalizador halló graves fallas en la gestión de 17.390 permisos médicos tramitados entre 2023 y 2025. Se ordenó recuperar los fondos en 60 días y se iniciará un sumario.
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La Contraloría General de la República (CGR) reveló que el Servicio de Salud de Tarapacá (SST) no gestionó el cobro de más de $12 mil millones asociados a 17.390 licencias médicas de sus funcionarios tramitadas entre enero de 2023 y marzo de 2025.
El origen de esta revisión se enmarca en las indagatorias surgidas a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025. Dicho documento levantó las alarmas sobre eventuales irregularidades en los permisos de salud, detectándose incluso casos de empleados que habrían viajado al extranjero durante su reposo.
Esta situación impulsó el análisis de 33.736 licencias al interior del SST, resultados que finalmente quedaron consignados en el Informe Final de Examen de Cuentas N° 597 de 2026.
A través del citado informe, el ente fiscalizador constata una serie de deficiencias tanto en la gestión como en el registro contable de los subsidios por incapacidad laboral. De manera específica, se evidenció que el Servicio no registra oportunamente los montos aprobados por organismos como la Compin o Isapres. Como consecuencia de esta práctica, una parte relevante de los recursos pendientes de cobro queda fuera de la contabilidad.
En la misma línea, la CGR verificó que el 86% del total de subsidios recuperados carece de un detalle claro respecto a las licencias asociadas. Junto a esto, la auditoría detectó una diferencia superior a $507 millones al comparar los registros contables con los auxiliares de cobranza del subsidio.
A este escenario se suman diversas inconsistencias detectadas en más de 18 mil folios de licencias médicas alojados en el Sistema de Información de Recursos Humanos, datos que fueron informados por la Suseso. Esta falta de exactitud dificulta el seguimiento de su tramitación, lo que eventualmente podría retrasar o impedir las acciones de cobro.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó al SST para que, en un plazo de 60 días, inicie las acciones de cobranza de la totalidad de dicho monto, el cual se encuentra pendiente de pago por parte de las instituciones de salud Fonasa e Isapres. Además, exigió reforzar los controles internos y mejorar la contabilización de los subsidios por licencias médicas.
Lo anterior se llevará a cabo sin perjuicio de que esta Entidad de Control instruirá un procedimiento disciplinario en el Servicio de Salud Tarapacá. El objetivo de esta medida será determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la irregularidad descrita.
En relación a las medidas institucionales frente a este tipo de escenarios, Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito, aseveró: “Con sentido de urgencia, impulsaremos una Ley Corta orientada a destrabar el sistema, dar estabilidad a la industria y asegurar la continuidad operativa”.
(Imagen: Contraloría)
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