Juan Galdames, independiente pero cercano a Chile Vamos, está en el ojo del huracán tras una investigación que detectó anomalías en su administración y que dicen relación con la compra de terrenos, con una licitación adjudicada en trato directo, entre otras.
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Seis fueron las denuncias que recibió la Contraloría Regional de Valparaíso respecto a hechos que podrían revestir carácter de irregularidad al interior del Municipio de Rinconada, y que dicen relación con la adquisición de terrenos, remate de vehículos, renovación de patentes de alcoholes y la celebración de tratos directos, entre otros hechos que motivaron el desarrollo de una investigación especial.
Los denunciantes –tres concejales– afirman que la Municipalidad, administrada por el alcalde Juan Galdames Carmona (independiente, pero cercano a Chile Vamos), habría adquirido tres terrenos en trato directo, y que la negociación habría sido realizada directamente entre el jefe comunal y el dueño de los inmuebles. También acusan que no existiría un proyecto de interés comunal que fundamente estas compras y que, si bien, se requirió la aprobación del Concejo Municipal, no se habría entregado oportunamente la documentación que les permitiera tomar una decisión fundada.
Acerca de una licitación pública, los ediles Juan Castillo (DC), Miguel Tamaya (PS) y Carlos Montenegro (Ind.) acusan que se efectuaron pagos a una empresa que no habría ejecutado los trabajos. De igual forma dan cuenta de tratos directos con diversas compañías, pero sin acreditar suficientemente las causales invocadas.
Del Alcalde afirman que no ha presentado ni actualizado su declaración de intereses y patrimonio desde que asumió el cargo el año 2021 y que no se habría abstenido de votar a favor de la renovación de las patentes de alcoholes de su esposa y del Club de Rodeo Chileno Rinconada, del cual es socio. También tildan de "improcedente" que se otorgara una patente de alcohol a una funcionaria municipal.
Durante el 2022, indican que se habrían dado de baja 12 vehículos municipales, sin que se hubiera requerido la aprobación del Concejo Municipal; que dos de ellos, a pesar que estaban en funcionamiento, fueron rematados a un valor menor al de su tasación fiscal; y que no se efectuó la contabilización de las respectivas bajas. Por último, acudieron a Contraloría denunciando que el Secretario Municipal y la Directora de Administración y Finanzas no poseen los estudios necesarios para ejercer como tales.
En el marco de la investigación especial de Contraloría, cuyas conclusiones están contenidas en el Informe Final Nº 73/2023, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, dan cuenta que se comprobó que el 2022 el Municipio de Rinconada compró un terreno de 3,9 hectáreas por 29.250 UF, pagándole al dueño más de $900 millones ($935.276.062).
También se constató que la casa edilicia que administra Juan Galdames celebró contratos de arrendamiento con promesa de compraventa por dos terrenos, por los cuales se pagaron $600.000 y $6.000.000, respectivamente, por concepto de arriendo de los meses de septiembre y octubre de 2022.
De ambas situaciones, se comprobó que el único informe de tasación presentado por la máxima autoridad edilicia para adquirir el terreno y celebrar los contratos de arriendo "presenta inconsistencias relevantes que afectarían su veracidad". Además, los montos tasados de los terrenos podrían no corresponder al precio de mercado, vale decir, se habrían pagado sobreprecios por los espacios comprados.
Respecto al informe de tasación entregado al Concejo Municipal para aprobar la compra de los terrenos y respaldar el pago al tasador, éste difiere del documento que se le entregó a la Contraloría. Y es que a pesar ambos tienen el mismo formato y fecha, además de ser firmados por el mismo tasador, uno contiene la valorización de los tres terrenos, incorpora valores de referencia de terrenos y derechos de agua; mientras que el otro sólo incluye la valorización de dos de esos predios y valores de referencia de los derechos de agua, entre otras inconsistencias.
Además, se advirtió que dos terrenos fueron tasados en $674.272.000 y $954.776.000, respectivamente, superando en un 3.153% y 1.189%, el valor de avalúo fiscal, que registra un monto de $20.730.749 y $74.043.190. Frente a esto, la Municipalidad de Rinconada no aportó antecedentes que fundamenten tales diferencias, situación que vulnera tanto la Constitución Política como la Ley 18.575.
Se advirtió de igual manera un pago en exceso por la compra de uno de los terrenos, correspondiente a más $1 millón ($1.172.924). Por ello, el Municipio deberá adoptar las medidas para conseguir la restitución de esos recursos. Pero esto no es todo, pues se detectó que la plataforma Ley del Lobby no registró las reuniones del alcalde Galdames con el entonces dueño de los terrenos. En ellas, según consta en actas del Concejo Municipal, se concretó la compra de dichos inmuebles.
En cuanto a los contratos de compraventa y de arrendamiento con promesa de compraventa de los tres terrenos, se comprobó que fueron celebrados vía trato directo, sin que se hayan establecido las causas para recurrir a esa modalidad. De igual forma, la casa edilicia de Rinconada acordó en el contrato de promesa de compraventa de uno de los terrenos un monto de $760 millones, mientras que el informe de tasación lo estableció en $213.500.000, sin que consten las razones que justifiquen tal diferencia. Esto, a su vez, también vulnera la Ley N° 18.575.
También se confirmó la denuncia respecto a que el alcalde Juan Galdames (Ind. - Chile Vamos) no requirió el acuerdo del Concejo Municipal para suscribir los contratos de arriendo con promesa de compraventa de los citados inmuebles. Además, los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa fueron suscritos sin la autorización del Ministerio de Hacienda, infringiendo la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Las denuncias comprobadas en relación a los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa representan "vicios de legalidad", según estableció Contraloría, por lo que les ordenó iniciar un procedimiento de invalidación y, luego, determine la pertinencia de poner término anticipado a tales contratos. Y como los hechos descritos pueden revestir carácter de delito, se remitió una copia del Informe Final Nº 73/2023 a la Fiscalía Regional de Valparaíso y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Otra de las denuncias efectuadas, que finalmente Contraloría comprobó, dice relación con la adjudicación a la empresa Constructora Siglo Mil Ltda. de una licitación pública, la cual no se ajustó a derecho el mecanismo empleado por el Municipio. Y es que la fórmula adoptada fue hacer un llamado público para finalmente entregar el servicio de forma directa, por dos años y casi $600 millones ($599.341.777). Esto significó convirtió a la firma en proveedor único, vulnerando así la Ley N° 18.575.
La investigación del ente fiscalizador también determinó que las bases administrativas de la licitación pública adjudicada a Constructora Siglo Mil Ltda. se limitaron a listar los 541 ítems de productos y servicios que requerían ser contratados, pero sin considerar las especificaciones técnicas de los mismos, las cuales fueron entregadas después de la adjudicación del proceso.
La empresa Constructora Siglo Mil Ltda. también se vio involucrada en la investigación por su declaración de rentas del periodo tributario 2021. Y es que indicaron que su capital efectivo era de $240 millones ($240.092.559), cuando el formulario proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) señala que esta cifra era sólo de $140 millones ($140.092.559). De esta manera, no se dio cumplimiento a las bases administrativas, motivo por el cual la oferta debió ser declarada fuera de bases.
Ante esta irregularidad, se le ordenó al Municipio de Rinconada iniciar un procedimiento que invalide el decreto alcaldicio que aprobó el contrato con esta firma, además de ponderar el término anticipado del contrato. Sin perjuicio de ello, tomando en cuenta que el tema podría revestir carácter de delito, también se incluirá este antecedente en la copia del informe entregado a la Fiscalía Regional.
Se comprobó también que las bases de la licitación pública exigieron la entrega de una garantía de fiel cumplimiento de contrato por $30 millones ($30.000.000), equivalente al 2,5% del valor del contrato, lo cual vulnera la normativa nacional.
La Contraloría Regional de Valparaíso también comprobó que el alcalde Galdames tomó parte de una votación realizada el año 2022 en el Concejo Municipal, donde se aprobó la renovación de tres patentes de alcohol: dos a su cónyuge y una al Club de Rodeo Chileno Rinconada, del cual el jefe comunal es socio. Esto, según el ente fiscalizador, infringe el deber de abstención que le asistía y el principio de probidad administrativa.
Cabe hacer presente que respecto de todo lo expuesto en el Informe Final Nº 73/2023 de la Contraloría Regional de Valparaíso, se procederá a instruir un sumario administrativo, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas en los hechos descritos.
A la espera de las determinaciones que se tomen tanto a nivel administrativo como judicial, los concejales Miguel Tamaya (PS), Carlos Montenegro (Ind.) y Juan Castillo (DC) adelantaron que presentarán una acusación por faltas a la probidad y notable abandono de deberes ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, con el objetivo de destituir al alcalde Juan Galdames Carmona.
Por su parte, el aludido Alcalde señaló a El Mercurio de Valparaíso que "he encomendado al equipo jurídico municipal adoptar todas las medidas que permitan enmendar estas eventuales fallas administrativas", agregando que "mi único objetivo y norte en esta gestión es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Rinconada. Acá no se ha actuado ni con dolo ni doble intención de defraudar las arcas municipales".
Finalmente, sobre la compra de terrenos, Galdames explicó que "está tazado en $83 millones y fracción, y nosotros como Municipio pagamos $635 millones, aproximadamente, por 3,9 hectáreas de terreno donde hoy están postuladas ante el Serviu para que cerca de 170 familias puedan hacer realidad su sueño de contar con casa propia". Cabe recordar que Contraloría cifró en $935 millones ($935.276.062) el dinero pagado al dueño del terreno en cuestión.
PURANOTICIA
