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Cámara de Diputados aprueba nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Norte: gobierno afirma que será la última solicitud

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En concreto, afecta a las provincias de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica. También se aplica a las provincias de Tamarugal y de El Loa.

Cámara de Diputados aprueba nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Norte: gobierno afirma que será la última solicitud
Miércoles 23 de marzo de 2022 14:23
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Por segunda vez, la Sala de la Cámara aprobó, por 128 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, la solicitud del Presidente de la República, para extender, por 15 días, la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) en cuatro provincias del norte del país, específicamente, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ésta será la última solicitud que haga el Ejecutivo para prorrogar la medida.

La medida, derivada al Senado, fue solicitada por la grave alteración que ocurre en materia de orden público en esta zona. En concreto, afecta a las provincias de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica. También se aplica a las provincias de Tamarugal y de El Loa, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama.

Se recuerda que, vía decreto supremo, el 15 de febrero de este año se declaró el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para las citadas provincias. Luego, por el mismo mecanismo, se prorrogó por otros 15 días, el 24 de febrero. A seguir, se solicitó la aprobación del Congreso Nacional para una nueva extensión, conforme a la exigencia constitucional, la cual rige hasta el 31 de marzo.

El documento explica que el EECE tuvo como fundamento el aumento de flujos migratorios mixtos hacia Chile. Principal atención en este contexto lo tiene la llegada de población venezolana a través de pasos no habilitados.

Así, se observa que esta situación demanda esfuerzos adicionales del Estado. Por un lado, para asegurar la vigilancia adecuada de fronteras y minimizar la comisión de ilícitos, junto con asegurar la protección de las comunidades de acogida. Y, también, para garantizar una respuesta humanitaria que proteja la vida e integridad de las personas que arriban al territorio nacional.

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