En un masivo operativo simultáneo en ocho ciudades del país, se allanaron 11 domicilios, en los que se logró la detención de cuatro personas: tres extranjeros y uno chileno.
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Una organización criminal que dirigía y controlaba desde Iquique una red de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral a lo largo del país, fue desarticulada tras una investigación de la Fiscalía de Tarapacá y la PDI.
La investigación dirigida por la fiscal Karem Gómez, junto a la Brigada de Trata de Personas Iquique de la PDI, permitió realizar un masivo operativo simultáneo en ocho ciudades del país, allanándose 11 domicilios, en los que se logró la detención de cuatro personas: tres extranjeros y uno chileno.
Los cuatro imputados fueron formalizados como autores de dos delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, siete delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y por pertenecer a una asociación ilícita especial para la comisión de los delitos de trata de personas.
El Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de todos los imputados, fijándose un plazo de investigación de 120 días.
Además, se encontraron 48 mujeres dedicadas al comercio sexual, de las cuales 10 se detectan hasta ahora como víctimas de trata, sin perjuicio de que se puedan identificar otras víctimas conforme al análisis de los antecedentes de la investigación.
"Se logró la desarticulación de esta organización criminal que operaba en el país con víctimas en diversas ciudades como por ejemplo Iquique, Calama, Copiapó y Ovalle, entre otras”, explicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.
En la investigación se estableció que la organización era dirigida por una mujer de nacionalidad peruana -años atrás detenida y condenada por estos mismos ilícitos-, quien captaba fuera y dentro de Chile a mujeres extranjeras para explotarlas sexualmente, financiando sus traslados y alojándolas en prostíbulos clandestinos ubicados en Iquique y en diferentes ciudades del país.
La captación de estas mujeres se realizaba mediante engaño, con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y bajo coacción, ya que los imputados mantenían un sistema de control de las víctimas a través del cobro de multas por viajes, comportamiento o por distintos conceptos.
Los imputados se ocupaban además de recibir los pagos, publicar y difundir los servicios sexuales en plataformas virtuales, y también traían desde el extranjero mujeres para supuestamente trabajar como operadora de marketing, pero una vez en el país eran obligadas a trabajar como administradoras de servicios sexuales.
PURANOTICIA
