Concejales de Viña del Mar presentaron antecedentes ante la Contraloría Regional de Valparaíso, con el objetivo de solicitarles una investigación a esta operación financiera que está llevando a cabo la Municipalidad que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti.
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Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acudieron tres concejales de la comuna de Viña del Mar para solicitar una investigación ante eventuales vicios que se estarían registrando en la operación de leaseback que está llevando adelante la Municipalidad que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti.
El leaseback fue la solución que encontró la casa edilicia para terminar con el paro de los funcionarios de la salud municipal en diciembre de 2022; esto, para recaudar $17.500 millones y pagar la deuda que mantiene la Corporación Municipal con ellos.
En ese contexto, y con más dudas que certezas, el Concejo Municipal aprobó la operación consistente en la venta de uno o varios bienes inmuebles a una entidad financiera, para luego suscribir un contrato de arrendamiento sobre éste. Así se obtienen dineros de la venta, pero no se pierde el uso del inmueble. Entonces, al finalizar el contrato, el Municipio puede comprar nuevamente su activo a un valor determinado.
Y es que a pesar de que la estrategia elaborada por la Municipalidad y la Corporación fue aprobada por los ediles, estos manifestaron una serie de resquemores tanto por la incertidumbre que genera el éxito de esta operación –considerando que también fue aplicada por la administración Reginato, aunque sin éxito pues ningún banco se interesó en prestarle dinero– como por los altos intereses que habrá que pagar.
Pero habiendo pasado casi un año desde que se inició este proceso, los concejales René Lues (DC), Antonia Scarella (Ind.-UDI) y Jorge Martínez (UDI), acudieron a Contraloría Regional de Valparaíso acusando "vicios" observados en la operación de leaseback que lleva adelante la gestión Ripamonti en Viña del Mar.
"A última hora han modificado en tres ocasiones el plazo de apertura de la licitación y han realizado dos modificaciones a las bases que son lesivas para los intereses municipales, y todo parece indicar que estos cambios se debieron a exigencias de algún oferente específico con el que habrían sostenido negociaciones directas fuera de la plataforma de Mercado Público y durante el proceso de licitación", explicó a Puranoticia.cl el concejal demócrata-cristiano.
Según Lues, se trata de algo "ilegal", ya que "ninguna de esas modificaciones fueron solicitadas por los oferentes en ninguna de las 138 preguntas que hicieron llegar durante el proceso licitatorio".
El objetivo de esta solicitud presentada ante Contraloría es identificar a todas las personas y autoridades que han participado de estas negociaciones calificadas como "improcedentes", pues según sostuvo el edil DC, esto "lamentablemente afecta a nuestros trabajadores de la educación y la salud municipal, a quienes se les adeudan $11.500 de cotizaciones previsionales y se encuentran movilizados y en paro".
Cabe recordar que para pagar esta deuda, los concejales Lues, Scarella y Martínez propusieron durante la discusión presupuestaria del año pasado readecuar el presupuesto municipal para incluirla dentro de él y asegurar su pago.
"Lamentablemente no se nos escuchó y se optó por un solo camino, que es el leaseback en el que, más encima, las autoridades podrían estar cometiendo irregularidades que denunciamos en la Contraloría", concluyó el Concejal.
PURANOTICIA
