Organización vecinal de Viña del Mar acusa vulneración de derechos fundamentales y cuestiona que la empresa fuera favorecida pese a serias observaciones de Contraloría.
La agrupación vecinal Forestal Seguro y Digno presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para intentar frenar la adjudicación de parte del futuro sistema de transporte público del Gran Valparaíso a Viña Bus S.A., empresa a la que acusan de mantener un historial de incumplimientos operacionales y deficiencias en el servicio en este sector de la parte alta de Viña del Mar.
La acción judicial fue interpuesta contra la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la Contraloría General de la República, luego que el pasado 6 de marzo se visara la adjudicación de las Unidades de Servicio 01 y 02 de la primera etapa de licitación del transporte público del Gran Valparaíso.
En el escrito, los recurrentes cuestionan específicamente que la Unidad de Servicio 02 haya sido adjudicada a Viña Bus S.A., ligada al empresario del transporte Reinaldo Sánchez, pese a los antecedentes contenidos en informes de Contraloría y documentos técnicos elaborados por la propia autoridad regional de Transportes.
La organización sostiene que la empresa presenta indicadores deficientes en frecuencia, regularidad y puntualidad, además de registrar observaciones por una serie de incumplimientos operacionales, exceso de velocidad y falencias técnicas detectadas en auditorías previas.
Entre los antecedentes citados en el recurso figura el Informe Final N°799 de 2024 de la Contraloría Regional de Valparaíso, el que detectó más de 21 mil casos de buses que superaron los 100 kilómetros por hora y más de 1.400 incumplimientos de frecuencia en recorridos del sistema.

Asimismo, el recurso recuerda observaciones formuladas en el Informe Final N°570 de 2017, donde el ente contralor cuestionó la falta de sanciones por incumplimientos y advirtió irregularidades vinculadas a las unidades de negocio operadas por Viña Bus.
Los vecinos de Forestal argumentan que la decisión de adjudicar nuevamente recorridos a la empresa constituye una actuación “ilegal y arbitraria”, que vulneraría garantías constitucionales como el derecho a la vida e integridad física y psíquica, además de la igualdad ante la ley.
La agrupación sostiene en el escrito que los habitantes del Gran Valparaíso siguen enfrentando un sistema que mantiene incentivos al denominado ‘collereo’, con consecuencias en materia de seguridad vial y calidad del servicio.
En la presentación también se solicita una orden de no innovar para suspender temporalmente la adjudicación, mientras la Corte revisa el fondo del recurso.
Además, los recurrentes pidieron que la Contraloría remita al tribuna de alza porteñol el acto administrativo mediante el cual visó la licitación, junto con antecedentes y comunicaciones sostenidas entre los organismos públicos involucrados y la empresa adjudicataria durante el proceso.
La licitación cuestionada forma parte del plan de modernización del transporte público del Gran Valparaíso impulsado por el Ministerio de Transportes, el que contempla la renovación gradual de cerca de 2 mil buses en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, incluyendo la incorporación de flota eléctrica y nuevos estándares operacionales.

Jenny Carreño, presidenta de la agrupación, señaló a Puranoticia.cl que "a este recurso se sumaron habitantes y usuarios del servicio que se licitó, también con agrupaciones у organizaciones vecinales y choferes. Acá el conjunto de actores se ha pronunciado y le pide a la Corte que actúe en favor de la protección de los derechos humanos nuestros, fundamentalmente el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, que es un derecho constitucional consagrado en nuestra constitución".
Asimismo, sostuvo que "esperamos con este recurso que se deje sin efecto esta primera licitación del sistema de transporte público en el Gran Valparaíso. Queremos un proceso transparente, que dé señales de legitimidad y seriedad, que los operadores que ingresen a la licitación den el ancho, tengan estándares intachables que aseguren que el servicio que van a entregar sea de calidad, seguro, digno y lo mejor que puedan entregar con recursos públicos para nuestras familias y comunidades".
La dirigenta planteó, de igual forma, que "queremos que con este proceso se asegure el servicio a partir de nuevas condiciones de operación, que no sean las mismas; que bajo ningún punto de vista el transporte mayor para nuestras comunidades se base en la competencia por pasajeros, que es un elemento absolutamente decisivo en lo que significa la merma del transporte, la inseguridad, los collereos, los atropellos, las carreras por la avenida España y todo eso que significa que el chofer ande estresado".
Por último, manifestó que todo esto "atenta contra nuestra calidad de vida y vulnera nuestro derecho a la integridad física y psicológica. No queremos que el chofer siga recibiendo monedas, que se modernice el sistema. Pero eso no significa que el chofer siga corriendo sin su sueldo o lo que ingresa como recurso público respecto al número de pasajeros. Van a seguir las empresas dejando de pasar en horas que no son las punta y seguiremos sin locomoción los fines de semana o festivos".
De esta manera, ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deberá resolver si admite a trámite el recurso presentado y si accede a paralizar temporalmente la adjudicación solicitada por los vecinos de este poblado sector de Viña del Mar.
PURANOTICIA