El «Informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente» elaborado por la Fiscalía Nacional detectó que el denominado «Perfil 5», pese a representar una mínima parte de los infractores, concentra una proporción significativa de los delitos cometidos por adolescentes
Con el objetivo de caracterizar y analizar la evolución de la delincuencia adolescente en Chile durante el periodo 2015 – 2025, la Fiscalía Nacional elaboró el «Informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente», documento que constituye un insumo para respaldar la toma de decisiones, el diseño de la política de persecución penal y el fortalecimiento de respuestas del sistema de justicia penal adolescente.
En ese sentido, los hallazgos muestran que la delincuencia juvenil ha experimentado transformaciones relevantes durante la última década, tanto en su volumen como en su composición, evidenciando cambios en determinados fenómenos criminales y una creciente concentración de la actividad delictiva en grupos específicos de infractores. De hecho, 5,5% de los ingresos anuales con imputado conocido de delitos al Ministerio Público en 2025 correspondieron a ilícitos cometidos por adolescentes.
En términos generales, el estudio constata una disminución sostenida de los ingresos de adolescentes al sistema entre 2015 y 2018, seguida de un aumento en 2019 y de una fuerte contracción durante los años de pandemia. Desde 2022 hubo una recuperación progresiva de los ingresos, aunque a nivel nacional los volúmenes de 2025 aún se mantienen por debajo de los registrados al inicio de la serie. Territorialmente, las regiones de Biobío, La Araucanía y Maule exhiben niveles superiores a los de 2015.

El perfil de los adolescentes infractores mantiene características relativamente estables durante todo el período. La mayoría corresponde a hombres y a jóvenes de 16 y 17 años, confirmando que la participación delictiva aumenta hacia el final de la adolescencia. No obstante, uno de los hallazgos más relevantes del informe es la fuerte concentración de la actividad delictiva. En particular, el 10% de los infractores acumula el 43% de los delitos y el 1% concentra el 12,5%, ratificando que la delincuencia juvenil no se distribuye homogéneamente entre quienes ingresan al sistema.
Antes de detallar cifras específicas de la región de Valparaíso, el análisis territorial realizado por Fiscalía muestra que la Macrozona Centro concentra el volumen delictivo más significativo, con un total de 184.586 delitos registrados entre 2015 y 2025, lo que equivale a al 49,4% de la carga total del sistema. La Macrozona Sur registra 131.431 delitos acumulados (35,2%); mientras que la Macrozona Norte muestra el menor volumen con 57.614 delitos (15,4%). Esta distribución refleja la concentración poblacional nacional, donde la zona central concentra las mayores densidades demográficas.

Entre 2015 y 2025, la región de Valparaíso mostró una importante disminución en la cantidad de delitos cometidos por adolescentes respecto de los niveles registrados hace una década, aunque en los últimos años se observa una tendencia al alza. La Fiscalía Regional registró 5.159 delitos en 2015, cifra que descendió progresivamente hasta alcanzar su punto más bajo en 2021, con 2.128 casos, en gran medida influida por el período de la pandemia. Desde entonces, los registros volvieron a incrementarse: 3.347 delitos en 2022, 4.077 en 2023, 3.968 en 2024 y 4.376 durante 2025, el mayor número desde 2019, aunque todavía por debajo de los niveles observados entre 2015 y 2019.

La Macrozona Centro, como zona de mayor concentración poblacional y delictiva, muestra una gran variabilidad entre sus Fiscalías Regionales. La región de Valparaíso registra 44.199 delitos acumulados en el periodo, presentando un incremento notable en 2025 (4.376 delitos) respecto de 2024 (3.968 delitos), significando un aumento de unos 10% y constituyendo la variación positiva más relevante de la macrozona.

Al desagregar territorialmente las medidas cautelares aplicadas, el estudio muestra que la Macrozona Centro concentra la mayor proporción de medidas, encabezada por la Sujeción a Vigilancia con 12.921 casos acumulados, seguida de la Prohibición de Aproximación a la Víctima con 6.765 y la Internación Provisoria con 6.669. En esta macrozona destaca también la Privación de Libertad con 4.291 aplicaciones. Cabe hacer presente que la relevancia de la Internación Provisoria refleja la mayor concentración de delitos de alta gravedad –como robos con violencia e intimidación– propios de contextos urbanos densamente poblados como el área metropolitana.
En lo que respecta a la distribución territorial de los ingresos de delitos cometidos por adolescentes y adultos, el detalle permite advertir que la mayor concentración de delitos se ha presentado durante todo el periodo analizado en la región de Valparaíso, mientras que, en términos evolutivos, la mayor cantidad de casos y delitos la presentan las regiones con mayores concentraciones urbanas, como la Metropolitana, Biobío, O’Higgins, Maule y La Araucanía. En contraposición, las que presentaron una baja frecuencia en el periodo correspondieron a las regiones de Magallanes y Aysén.

Uno de los principales hallazgos del estudio es la identificación del denominado «Perfil 5», correspondiente al grupo de adolescentes con mayor persistencia e intensidad delictiva. Aunque representa apenas el 2,4% de los 30.590 infractores analizados entre 2015 y 2025, este segmento concentra el 13,4% de los delitos registrados en ese período. Se trata de personas especializadas principalmente en delitos contra la propiedad, los que representan cerca del 75% de sus ilícitos, mientras que una menor proporción está vinculada al crimen organizado (19,1%) y a delitos sexuales (2,2%).
El informe da cuenta que en la región de Valparaíso este perfil se concentra principalmente en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, aunque también registra actividad delictiva en otras como Quilpué, Villa Alemana, Concón y Quillota.

A modo de conclusión, la Fiscalía Nacional expone que, en su conjunto, "la evidencia demuestra que la criminalidad adolescente es un fenómeno dinámico, complejo y heterogéneo". A nivel general, reportan que los registros dan cuenta de una disminución sostenida de los ingresos de adolescentes entre 2015 y 2018, seguida por una reactivación en 2019 y una drástica reducción durante la emergencia sanitaria.
En este escenario, indican que "los hallazgos refuerzan la necesidad de consolidar una política de persecución penal especializada para adolescentes, diferenciada del sistema de adultos y con enfoque de intervención progresiva y adaptativa".
En este marco, el Ministerio Público concluye su «Informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente» señalando que impulsará una estrategia de intervención progresiva donde, por un lado se priorizará el uso de salidas alternativas y mecanismos de justicia restaurativa o terapéutica en etapas tempranas o frente a infracciones de menor gravedad y; por otro lado, la persecución penal y el enjuiciamiento se focalizarán en delitos de mayor severidad y en las personas con conductas altamente reincidentes..
PURANOTICIA