Organización sindical que agrupa a 98 trabajadores presentó una propuesta con más de 40 beneficios, mientras la entidad municipal viñamarina sostiene que no puede negociar colectivamente debido a que su financiamiento mayoritario es con recursos públicos.
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Un conflicto laboral de alto impacto se abrió en la Corporación Municipal de Viña del Mar, luego que el Sindicato de Administración Central de la entidad decidiera avanzar hacia una huelga tras presentar un proyecto de contrato colectivo para el periodo 2026-2028, cuyo costo supera los $3.000 millones.
La propuesta sindical contempla un amplio paquete de beneficios –42 en total– que incluyen aumentos salariales, bonos, asignaciones, indemnizaciones y otros incentivos. Sin embargo, desde la Corporación Municipal descartaron de plano la viabilidad de la negociación, argumentando que existe un impedimento legal para llevarla a cabo.
Según un documento firmado por la gerenta general de la entidad, Camila Brito, la institución no puede negociar colectivamente de manera reglada debido a que su presupuesto es financiado en más de un 50% por el Estado, condición que –de acuerdo al artículo 304 del Código del Trabajo– prohíbe este tipo de procesos.
En su respuesta formal a la comisión negociadora sindical, la Corporación detalló que durante los años 2024, 2025 y proyectado 2026, más de la mitad de sus ingresos provienen de transferencias de los ministerios de Salud y Educación, además de aportes municipales, lo que configura una dependencia estructural de recursos públicos.
“Como puede apreciarse, la Corporación carece de autonomía financiera para comprometer recursos públicos mediante negociación colectiva”, sostiene el documento enviado al sindicato.
Junto con el argumento legal, la Corporación Municipal también cuestionó el contenido del petitorio sindical, calificándolo como “poco realista” frente a la situación financiera actual de la entidad, que mantiene una deuda superior a los $17 mil millones.
Entre las medidas propuestas por el sindicato destacan un aumento del 3% del sueldo base, asignaciones por antigüedad, indemnizaciones por renuncia o jubilación, reembolso del 20% del permiso de circulación, becas familiares para cursos de conducción y el pago íntegro de remuneraciones durante licencias médicas.
Desde la administración advierten que la implementación de estos beneficios podría comprometer seriamente el funcionamiento de servicios esenciales, especialmente en el área de salud primaria, de la cual depende el 82,6% de la población comunal.
Incluso, señalan que algunas de las solicitudes exceden el marco normativo vigente o implicarían destinar recursos públicos a beneficios que consideran improcedentes.
El conflicto también suma un elemento adicional de tensión, ya que –según fuentes vinculadas al proceso– el sindicato habría difundido entre sus bases una versión parcial de la respuesta del empleador, omitiendo el argumento central respecto a la imposibilidad legal de negociar colectivamente con los trabajadores.
En ese contexto, la Corporación Municipal de Viña de Mar lamentó que la propuesta sindical no haya sido acompañada de fundamentos técnicos o financieros que respalden las solicitudes, tal como lo permite la legislación laboral.
Pese a este escenario, el sindicato continúa adelante con su proceso, lo que podría derivar en una paralización de funciones en la administración central de la entidad.
El caso ahora deberá seguir su curso conforme a los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, incluyendo la intervención de la Inspección del Trabajo, que deberá citar a las partes para abordar la controversia suscitada en la Ciudad Jardín.
El conflicto deja en evidencia una tensión de fondo: la colisión entre las expectativas laborales de los trabajadores y las limitaciones legales y financieras de una institución que opera, en gran medida, con recursos del Estado.
PURANOTICIA
