El Servicio de Vivienda y Urbanización aseguró que están "avanzando" en las gestiones para cumplir la orden dictada por la Corte de Apelaciones hace casi un año.
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Luego que Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, empresario asesinado a tiros en mayo de 2020 en la comuna de Concón, emplazara al Ministerio de Vivienda (Minvu) por el incumplimiento del fallo dictado hace un año por la Corte de Valparaíso que ordenaba demoler el campamento que usurpadores levantaron en el terreno que su padre tenía en Quilpué, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) respondió a dicho requerimiento.
A tráves de una carta a El Mercurio, la socióloga señaló que "este mes se cumple un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacer efectiva su propia resolución de demolición sobre el terreno que pertenece a mi familia”.
Agregó que “le recuerdo al Gobierno que en mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno y levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos. Hoy ese criminal cumple una larga condena, pero el terreno sigue ocupado, mientras el Ejecutivo continúa sin cumplir la orden judicial… han pasado cinco años marcados por una cadena interminable de promesas incumplidas por parte de ministros, subsecretarios, gobernadores y consejeros regionales”.
A su juicio, el cumplimiento de esta medida debía apuntar a mantener "la confianza de quienes habitamos este país en las instituciones del Estado… cumplir con la orden judicial no es solo hacer justicia: una obligación legal y una señal urgente de que el crimen organizado no se tolera, no se normaliza, no se instala”.
Además, reflexionó señalando que "ya no caben más excusas. Todo indica que este Gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos”.
Y desde el Serviu de Valparaíso señalaron que "acatamos plenamente los fallos de la justicia y actuamos en estricto cumplimiento del marco legal vigente. Comprendemos la preocupación y desgaste que esta situación ha significado para la familia Correa. Por lo mismo, estamos avanzando en las gestiones necesarias para cumplir la medida en actuación responsable y respetuosa de los derechos de las personas involucradas".
Sstienen que "como servicio solicitamos los recursos que actualmente están en tramitación para la demolición de las viviendas ocupadas ilegalmente en el terreno privado perteneciente a la familia Correa. Sin embargo, es importante precisar que según lo que estipula el protocolo de Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado".
En tanto, la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, ante la insistencia de las autoridades de Vivienda de que los propios deudos del ingeniero asesinado por encargo deben proceder al desalojo del predio, cuestionó esa postura. “El incumplimiento del mandato legal significa que se rindieron a los narcotomas”.
La profesional aseguró que se trata del mismo argumento con que la seremi de Vivienda intentó dejar sin efecto el recurso de protección que la familia Correa interpuso en su contra por no ejecutar la orden de demolición de las viviendas ilegales instaladas por los usurpadores en un suelo que prohíbe destino habitacional y que es declarado zona de riesgo por el Plan Regulador Comunal de Quilpué.
PURANOTICIA
