Informe de la Contraloría detectó más de 6 mil casos a nivel país, incluyendo tres organismos de la región de Valparaíso en el Top 20: el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio y el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso.
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Un total de 6.311 servidores públicos habrían vulnerado el reposo indicado en sus licencias médicas entre 2023 y 2024, al registrar trabajos e ingresos provenientes de otros empleadores en los mismos periodos, de acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República.
Al centrar la mirada en la región de Valparaíso, el informe identifica a tres entidades entre las que concentran mayor cantidad de casos a nivel nacional: el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) y el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEP).
Según el documento al que accedió Puranoticia.cl, el SSVQ se ubica en el quinto lugar a nivel país, con 102 trabajadores involucrados y un total de 802 licencias médicas observadas. En tanto, el SSVSA aparece en el séptimo puesto nacional, con 74 funcionarios y 425 licencias. Más atrás, en el undécimo lugar, figura el SLEP de Valparaíso, con 60 funcionarios y 466 licencias médicas.
En ese contexto, estos dos Servicios de Salud de la región suman un nuevo flanco a las controversias que han enfrentado en el último tiempo. Estas situaciones ya habían derivado, por ejemplo, en la remoción de Andrea Quiero como directora del SSVQ, tras la realización de una endoscopía saltándose la fila, así como en cuestionamientos por presunta injerencia política en nombramientos al interior de ambas entidades.
Cabe hacer presente que la licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por un profesional de la salud, y que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral. En este contexto, el incumplimiento del reposo prescrito –como ocurre al realizar otras actividades remuneradas– puede derivar en el rechazo de dicho beneficio.
En relación con estas actividades, el informe detalla que, por regla general, se materializan mediante el pago de remuneraciones –en el caso de relaciones laborales– o a través de honorarios, respaldados por la emisión de boletas, registros que son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
A nivel general, el CIC establece que el 46% de los casos detectados corresponde al sector municipal, el 26% al área de salud y el 17% al sector educación. Asimismo, de los 6.311 casos, 682 corresponden a servidoras con licencia de pre y postnatal.
En el desglose nacional, la Fundación Integra lidera el listado con 214 trabajadores y 1.733 licencias médicas, seguida por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 196 funcionarios y 1.838 licencias. En tercer lugar se ubica el Servicio de Salud Concepción, con 114 servidores públicos y 846 licencias.
Tras estos hallazgos, la Contraloría informó que notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes, debiendo reportar las acciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo máximo de cinco días desde la notificación.
En paralelo, los antecedentes fueron remitidos a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que correspondan.
PURANOTICIA
