La abogada que representa a familiares de más de 60 víctimas sostuvo que existió una asociación criminal con roles definidos, mientras las familias reclamaron que la investigación también avance sobre el actuar de las autoridades.
El juicio por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se encuentra en su etapa final. Esto, luego que las defensas de los nueve imputados realizaran sus réplicas a los argumentos presentados por los querellantes en el marco de los alegatos de clausura que comenzaron el pasado viernes.
La abogada Daniela Camilla, que representa a familiares de más de 60 víctimas de esta tragedia, explicó que "la defensa, en esta instancia, ha intentado aislar el actuar de cada uno de los imputados. Unos dicen que no estuvieron en el lugar, otros que no participaron en el inicio del fuego y otros que al instigar pidiendo la generación de incendio, como quien pide comida a domicilio, no fue determinante o fue apenas una broma”.
En ese sentido, la jurista aclaró que “la verdad es una sola: aquí no hubo conductas sueltas, operó una verdadera asociación criminal sostenida en el tiempo, con roles perfectamente definidos y concertados para ejecutar un fin ilícito”.
Por su parte, familiares de víctimas del megaincendio enfatizaron tras los alegatos que es necesario que se avance en la investigación de las autoridades para esclarecer la responsabilidad de los diferentes organismos en el control de la emergencia; pues el fuego avanzó durante casi siete horas sin ningún tipo de control hasta que culminó en un incendio estructural que originó el fallecimiento de 138 personas.
Ingrid Vélez Bórquez, quien perdió a su hija Trinidad Rojas Vélez (17), y a su madre Inelia Bórquez Rojas (73), señaló que “para mí, como madre, justicia es lo que necesito para poder ayudarme a sanar esta herida, que llevando casi tres años. Para mí, la justicia es saber la verdad de lo que pasó realmente en el megaincendio. Yo sé que están en juicio las nueve personas imputadas, pero eso no es todo. La verdad es saber por qué las personas que nos gobernaban, la agente de Senapred, el delegado Presidencial, nuestra alcaldesa, no estuvieron a la altura de esta emergencia”.
Por su parte, Romina Leiva Azócar, quien perdió a tres familiares en la tragedia, reconoció que “no cabe duda de la responsabilidad de los nueve imputados, pero se está hilando por lo más fino. Estos tipos actuaron siempre de forma intencional, son culpables de las 138 muertes, pero no estamos de acuerdo con que se salten la responsabilidad de las autoridades. Hacemos un llamado al Fiscal Nacional a intervenir para que haya una real justicia, que remueva al fiscal Rebeco, que es quien lleva la investigación en la arista contra las autoridades. Para que haya justicia, necesitamos que ambas aristas se cierren”.
En tanto, Claudio Ugalde planteó que las responsabilidades no deben limitarse a los imputados: “Que las autoridades paguen por su negligencia y que la reparación justa llegue a cada una de las personas que perdieron un familiar”, afirmó.
Mientras que Carmen Troncoso Concha, quien perdió a cinco familiares durante la tragedia, también exigió justicia para las víctimas y sus familias: “Queremos justicia, que al final terminemos con este calvario que lleva cada familia y todos los que perdieron sus casas y sus seres queridos. Que los responsables paguen por el daño que hicieron, porque fue una maldad muy grande. No se trata solamente de la plata que ellos iban a ganar, sino de que destruyeron muchos hogares y murió mucha gente”.
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