Carlos Mondaca, experto en asuntos portuarios, advirtió que el término de las concesiones de los principales terminales portuarios de ambas comunas, fijado para diciembre de 2029, podría generar un complejo escenario logístico si no se modifica la actual Ley de Puertos.
La región de Valparaíso ha construido históricamente su identidad y desarrollo económico en torno a su vocación portuaria. No sólo alberga los principales terminales marítimos del país, sino que concentra una cadena logística estratégica para el comercio exterior, con enclaves como el puerto terrestre de Los Andes, el complejo industrial-portuario de Quintero-Ventanas y los puertos de Valparaíso y San Antonio, considerados los grandes terminales de transferencia de contenedores de Chile.
Sin embargo, ese liderazgo podría enfrentar uno de sus momentos más complejos en los próximos años. El 30 de diciembre de 2029 expiran las concesiones de terminales clave como TPS, en Valparaíso, y STI y Puerto Panul, en San Antonio, contratos que –según establece la actual Ley de Puertos Nº 19.542– no pueden volver a ser prorrogados, lo que abre un escenario de profunda incertidumbre para el funcionamiento del sistema portuario más importante del territorio nacional.
La advertencia fue planteada por el experto en asuntos portuarios, Carlos Mondaca, quien en conversación con Puranoticia.cl aseguró que la situación mencionada anteriormente requiere una respuesta urgente del Estado, ya que podría afectar directamente a la principal zona de movimiento de carga contenerizada en Chile.

“Tenemos una gran oportunidad, que es reconfigurar la Ley de Puertos, y eso lo va a tener que hacer sí o sí este Gobierno, de cara al término de las concesiones portuarias de STI y TPS, que son los terminales más grandes de Chile en movimiento de contenedores”, sostuvo quien fuera por 13 años director del Departamento de Asuntos Públicos del Puerto de San Antonio.
Actualmente, el puerto de Valparaíso opera con dos concesionarios: TPS y Agunsa, ambos con contratos que concluyen a fines del año 2029. En San Antonio, en tanto, el escenario alcanza a STI y Puerto Panul, lo que según Mondaca abre una posibilidad inédita para repensar la relación entre ciudad y actividad portuaria, particularmente en una región donde –a su juicio– el crecimiento de los puertos ha avanzado muy por delante del desarrollo urbano de las ciudades que los albergan.
La contradicción, explicó, se aprecia con facilidad en Valparaíso. Desde distintos miradores y paseos de la ciudad se puede observar a simple vista el constante crecimiento de la infraestructura portuaria: nuevas grúas de gran escala, equipamientos de alto estándar y proyectos logísticos como el terminal SEAL en el camino La Pólvora. Todo esto contrasta con el ritmo de desarrollo urbano de la Ciudad Patrimonial, que no ha mostrado un crecimiento equivalente.

Precisamente por este motivo, el especialista contactado por Puranoticia.cl considera que la próxima expiración de las concesiones puede transformarse en una oportunidad histórica para corregir esa brecha y avanzar hacia un modelo en que el crecimiento del puerto se traduzca también en progreso para la ciudad.
“Es importante que cambiemos las leyes que tenemos. Este Congreso, donde tenemos diputados que se pasean con capa y con estilos súper performáticos pero poco preocupados de este tipo de situaciones como las que estamos hablando, que es lo que tenemos que cambiar. En dos años y ocho meses más esto tiene que estar solucionado”, advirtió el exrepresentante de Puerto de San Antonio en la ONG AIVP.
De igual manera, Mondaca recordó que "a ley portuaria actual es que las concesiones portuarias son de 20 años, prorrogables por 10 años, es decir 30 años. Y esos 30 años para TPS, para STI y para Puerto Panul son el 30 de diciembre de 2029”. El problema, advirtió, es que si no existe una modificación legal antes de esa fecha, la continuidad operativa de estos terminales quedaría en entredicho, ya que seguir funcionando bajo el actual esquema podría significar incumplir la ley.
“Si no se cambia la ley de aquí a aquella fecha, el puerto de Valparaíso quedará en incumplimiento de la ley y no debería poder continuar. Ese es el problema”, alertó.

A juicio del experto, el tema no ha sido abordado con la profundidad necesaria por las autoridades ni por la opinión pública, pese a las enormes consecuencias que podría generar para el comercio exterior chileno y para la economía regional.
De hecho, sostuvo que el impacto no se limitaría sólo a Valparaíso, sino que alcanzaría también a San Antonio, conformando una situación de alto riesgo para la logística nacional. “Es un escenario grave y lo mismo pasa en San Antonio. O sea, Valparaíso mueve 1 millón de contenedores, San Antonio mueve 2 millones de contenedores. Estamos hablando de prácticamente el 70% de los contenedores de Chile que van a quedar paralizados el 2029. ¿Cómo no va a ser importante?”, sostuvo.
La advertencia instala una discusión que podría marcar el futuro de la principal región portuaria del país. A poco más de dos años y ocho meses del vencimiento de las concesiones, el debate sobre una reforma a la Ley de Puertos no sólo aparece como una necesidad jurídica y operativa, sino también como una oportunidad para redefinir el vínculo entre la actividad portuaria y el desarrollo de ciudades como Valparaíso y San Antonio, cuyo crecimiento histórico ha estado estrechamente ligado al mar, pero no siempre al beneficio directo de quienes habitan estas comunas portuarias.
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