La directora de la carrera de Trabajo Social de la U. Andrés Bello, Rosa Villarroel, señaló que el estancamiento de las obras y las disputas administrativas vuelve a afectar a los damnificados, además de fracturar el tejido comunitario y postergar sus proyectos de vida.
A dos años del devastador megaincendio que afectó a diversos sectores de Viña del Mar en 2024, la reconstrucción en barrios emblemáticos como El Olivar, Achupallas e Independencia continúa estancada debido a disputas administrativas, trabas burocráticas y vacíos de gestión. Sin embargo, más allá de los conflictos políticos o judiciales, el mayor impacto se refleja en el desgaste emocional y la incertidumbre permanente que enfrentan cientos de familias afectadas.
Con el propósito de abordar esta dimensión humana y comunitaria, en conversación con Puranoticia.cl, la académica y directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Rosa Villarroel, ha liderado un trabajo de acompañamiento territorial junto a equipos universitarios. Desde esa experiencia, sostiene que la reconstrucción de un barrio tras una catástrofe no puede entenderse únicamente como un proceso técnico o de infraestructura, sino como la recuperación de las condiciones que permiten reconstruir la vida cotidiana de las comunidades.

Uno de los principales planteamientos de la especialista apunta a superar la visión de la vivienda como un simple bien material. A su juicio, tras una tragedia de esta magnitud, el hogar constituye el espacio donde se sostienen el cuidado, la seguridad psicosocial y la vida familiar.
"Cuando tenemos que pensar en la reconstrucción, esto no consiste únicamente en levantar viviendas, sino que lo que tenemos que hacer es buscar formas de levantar las condiciones que hacen posible la vida cotidiana de las comunidades", señala Rosa Villarroel.

La académica enfatiza que cada mes de retraso en la entrega de las viviendas significa mucho más que un trámite pendiente, ya que prolonga la precariedad y la incertidumbre de las familias damnificadas.
"Cuando los procesos se retrasan o quedan sujetos a estas disputas administrativas, las familias lo que experimentan es una prolongación del desastre. (…) Después de una emergencia, la vivienda representa mucho más que un bien material: es el espacio donde se organiza la vida familiar, el cuidado, la seguridad, las redes de apoyo y el sentido de pertenencia".
Asimismo, advierte que la permanencia prolongada en soluciones habitacionales transitorias implica mayores costos económicos, favorece el desarraigo y frena los proyectos de vida de quienes aún esperan una solución definitiva.

Para Villarroel, el estancamiento de las obras y los constantes desencuentros entre autoridades, ministerios y constructoras han profundizado la frustración de las comunidades afectadas. En ese contexto, sostiene que cuando las disputas institucionales desplazan las necesidades de las personas, se produce un proceso de revictimización generado por el propio Estado.
"Lo complejo es cómo estas lógicas administrativas e institucionales del sector público vuelven a revictimizar a la familia. Las disputas administrativas tienen que generar respuestas y soluciones que no impliquen seguir dañando a todos aquellos que sufrieron este desastre tan complejo", advierte.
La especialista agrega que la ausencia de respuestas oportunas también deteriora la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, favoreciendo la división al interior de las comunidades.
"Cada retraso administrativo tiene consecuencias humanas: prolonga la incertidumbre, genera desgaste emocional, sensación de abandono y conflicto. (…) Lo que está pasando en términos de división tiene que ver con que en el centro no está la comunidad, sino intereses o proyectos personales".
Durante estos dos años de espera, barrios como El Olivar y Achupallas también han debido enfrentar la pérdida de dirigentes sociales y adultos mayores que fallecieron sin alcanzar a ver reconstruidas sus viviendas.
"En el camino hemos ido perdiendo vecinos que han estado luchando en la reconstrucción (...) este dolor es el que nosotros acompañamos desde la universidad para evidenciar que gestionar el riesgo tiene que hacerse en y con la comunidad", reflexiona Villarroel.
Frente a cuestionamientos sobre el origen de estos barrios, la directora de Trabajo Social de la UNAB destaca el esfuerzo realizado durante décadas por las familias de El Olivar, muchas de las cuales accedieron a sus viviendas mediante Programas Especiales para Trabajadores (PET) y pagaron dividendos durante cerca de 20 años.
"No es fácil pagar una vivienda por 18 años (...) los dividendos implican a veces privarse de otras necesidades fundamentales. Por eso uno entiende que las personas no quieran desarraigarse; tienen una historia, y las personas mayores necesitan permanecer en sus espacios porque ahí se sienten seguras", explica la especialista.

En esa línea, Villarroel sostiene que obligar a las familias a desplazarse o vivir como allegadas desconoce que las viviendas destruidas representaban mucho más que una propiedad, ya que contenían la historia, la memoria y la identidad de cada familia.
Finalmente, Rosa Villarroel realiza un llamado a las autoridades a retomar el diálogo con las dirigentas y vecinos afectados, dejando atrás la burocracia y las confrontaciones políticas para avanzar en una reconstrucción efectiva.
"La reconstrucción real implica lograr una confianza sólida entre el Estado y la ciudadanía. (…) Si no dialogamos con la comunidad para trabajar con ellos, se termina imponiendo lo que a uno se le ocurre desde afuera’’. concluye.
PURANOTICIA