Presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de "no estar respetando la ley" en reconstrucción de El Olivar

La controversia por la reconstrucción de El Olivar, en Viña del Mar, continúa sumando antecedentes que cuestionan el actuar del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Luego que Puranoticia.cl revelara el informe del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Mario Fuentes, quien concluyó que la interpretación realizada por la Seremi de Vivienda respecto de la Circular DDU 57/1999 sería errónea y respaldó la postura de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, ahora fue el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Rodolfo Jiménez Cavieres, quien sostuvo que el titular del Minvu no ha respetado el procedimiento que establece la ley para intervenir un proyecto que ya cuenta con permiso de edificación y obras iniciadas.

En conversación con Puranoticia.cl, el dirigente gremial fue categórico al afirmar que el problema no radica en la decisión de cambiar a la empresa constructora o al equipo de arquitectos que desarrollaba el proyecto, sino en la forma en que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió hacerlo, omitiendo -a su juicio- el procedimiento que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

"Yo creo que en este caso no está respetando la ley", sostuvo tajantemente Jiménez, agregando durante la entrevista en Puranoticia Matinal que "los contratos son los que amarran legalmente al mandante con quienes ejecutan el proyecto y tienen que seguirse los procedimientos legales si se quiere romper esa relación contractual". 

El presidente del Colegio de Arquitectos explicó que la normativa urbanística contempla expresamente la forma en que puede reemplazarse a un arquitecto, a una empresa constructora o incluso modificarse un proyecto que ya cuenta con un permiso de edificación vigente. Pero, a su juicio, el camino que siguió el Minvu no corresponde.

"La OGUC no contempla la existencia de dos permisos vigentes sobre un mismo predio para el mismo proyecto cuando ya existe un permiso en ejecución, como es el caso. El mecanismo que la ley prevé para cambiar de arquitecto, constructor o incluso rediseñar partida, no solo es la modificación del proyecto –y esto está regulado en los artículos 1.4.16 y 5.1.17 de la OGUC–. Tramitar un permiso nuevo en paralelo no es la alternativa técnica más expedita. Es derechamente saltarse el procedimiento que la ordenanza exige", comentó el dirigente de los arquitectos a nivel nacional.

Jiménez, de igual forma, recordó que precisamente esa interpretación es la que recientemente respaldó el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el informe publicado durante el fin de semana, donde se sostiene que, una vez iniciadas las obras, ya no corresponde mantener permisos paralelos sobre un mismo terreno y que cualquier modificación debe tramitarse sobre el proyecto original.

"HABÍA UN CAMINO LEGAL"

El arquitecto insistió en que el Serviu sí podía poner término a la relación contractual con la empresa y con los profesionales que originalmente desarrollaban la reconstrucción, pero para ello debía cumplir una serie de pasos obligatorios.

"Lo primero que tendría que hacer es, con los actuales arquitectos llegar a un acuerdo, es decir, primero habría que notificar a los arquitectos de que ya no se quiere seguir trabajando con ellos, se debería levantar un acta de toda la situación que registre el avance físico de la obra y todas las observaciones técnicas, si es que las hay, firmadas tanto por el profesional que sale como por el que entra", explicó. 

Añadió que mientras aquello no ocurra "no se puede seguir tramitando el expediente ni ejecutando la obra". Y es que según sostuvo, esa exigencia no responde a un mero formalismo administrativo. "La razón de ser de esta norma es precisamente evitar lo que está en discusión en El Olivar: que alguien reciba una obra a medio construir, sin que quede establecido con nombre y firma quién es el responsable y lo que ya está hecho y qué es lo que falta. Es una norma de trazabilidad, es decir, permite hacer un seguimiento de quién se hace responsable", subrayó el profesional.

SE USÓ UN NUEVO PERMISO

Para Jiménez, el principal problema es que la cartera de Iván Poduje optó por una vía distinta a la prevista por la legislación. "Tendría que haber habido una liquidación del contrato con la empresa saliente y con la correspondiente acta del avance de la obra. Sin una liquidación, no hay una base formal desde la cual entregar la obra, porque la obra tiene que ser entregada a una nueva empresa y a un nuevo arquitecto", señaló.

Luego agregó una de las afirmaciones más duras de toda la entrevista: "En lugar de seguir ese camino, se instruyó tramitar permisos nuevos, ignorando la existencia de los permisos previos vigentes. En términos simples, se está usando la vía del nuevo permiso para evitar el paso que legalmente corresponde, que es la liquidación del contrato anterior y que es precisamente el que permite aplicar el artículo 5.1.20, tal como la norma exige", sostuvo Jiménez a Puranoticia.cl.

AUTONOMÍA DE LA DOM

Jiménez también abordó el conflicto que se produjo entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, luego que esta última rechazara otorgar nuevos permisos para la reconstrucción.

A juicio del presidente del Colegio de Arquitectos, la Dirección de Obras actuó conforme a sus atribuciones, ya que "La DOM no depende del ministro. La DOM para estos casos es autónoma. Es decir, lo que hace es aplicar la ley y no puede ser que por una orden administrativa que venga del ministro, que no es su superior jerárquico, lo puedan presionar para que hagan algo que no está contemplado en la ley".

Más adelante insistió en esa idea, afirmando que "yo veo que hay temas que no corresponden, como presionar a las autoridades o buscar que la DOM vaya más allá de sus atribuciones. En rigor, el ministro no es que él esté incumpliendo la ley en el sentido de que él no es el que da los permisos, pero sí está ejerciendo presiones".

IMPORTANCIA DE NEGOCIAR

El dirigente gremial también cuestionó la forma en que el Ministerio de Vivienda enfrentó el conflicto con la empresa Social Arquitectura y la constructora a cargo del proyecto. A su juicio, las diferencias existentes pudieron resolverse mediante una negociación, evitando la paralización que hoy enfrenta la reconstrucción.

Al respecto indicó que "pueden haber discrepancias entre el mandante, en este caso el ministerio y los propietarios, y la empresa constructora. Pueden haber discrepancias, pero existen caminos legales para subsanar eso, que son mucho más cortos, que es la negociación".

Incluso estimó que la autoridad terminó privilegiando un impacto comunicacional antes que una solución efectiva, puesto que "creo que aquí se actuó de manera apresurada, con mucho impacto mediático. Se destruyeron casas que no se debieron haber destruido, además, porque ni siquiera eran casas que estaban observadas, generándole daño al Fisco porque esas casas que se destruyeron no presentaban ningún problema".

A su juicio, "creo que se ha puesto por delante un objetivo más bien mediático y comunicacional, de querer mostrar que se estaban dando respuestas rápidas frente a un problema, cuando no siempre lo más rápido es lo más adecuado. Una autoridad tiene que tener la suficiente ponderación, mesura y tranquilidad, como para buscar la mejor solución, no para quedar él bien como alguien que toma medidas firmes y drásticas, sino que más bien que las medidas que él tome vayan a resolver el problema, que las familias no sigan esperando".

RECONSTRUCCIÓN MÁS LENTA

Jiménez cree que la estrategia judicial seguida por el Minvu y el ministro Poduje terminará generando exactamente el efecto contrario al que buscaba, ya que "el proceso está judicializado y esto se puede alargar muchísimo más. Es decir, si se quería hacer algo más rápido, ya no va a ser más rápido, porque sabemos que los juicios son cosas largas. Aquí hay querellas que están presentadas, y eso va necesariamente a mantener las obras paralizadas". 

Por ello, junto a recalcar que "no sabemos cuánto es lo que van a demorar los juicios", el titular del Colegio de Arquitectos de Chile sostuvo que "la promesa de que iban a estar las viviendas en diciembre no va a estar".

A ello agregó un segundo elemento: un cambio de materialidad. "Lo que he leído es que se quieren hacer las viviendas en albañilería, lo que es un sistema constructivo bastante más lento que cuando se usan sistemas con elementos prefabricados. Hoy día usar los elementos prefabricados no presenta problemas técnicos, es una forma de construcción industrializada bastante más rápida. Entonces, la verdad es que por ninguna parte veo cómo se vayan a cortar los plazos de entrega de las vivienda", lamentó el experto.

Consultado respecto a cuál podría ser una salida para evitar que las 356 familias de El Olivar sigan esperando durante años una resolución judicial, Jiménez respondió que "lo que recomiendan los abogados siempre es que haya una buena negociación. Es decir, el recurso que tiene la autoridad es llegar a un acuerdo con la otra parte porque mientras no llegue a un acuerdo y no haya una respuesta de parte del sistema jurídico, de los tribunales, el litigio va a seguir. Entonces, obviamente que el camino más corto es hacer una buena negociación. Y en esto, se gana y se pierde".

PREOCUPACIÓN POR EL PRECEDENTE

Finalmente, el presidente del Colegio de Arquitectos advirtió que el conflicto de El Olivar trasciende la reconstrucción del megaincendio de febrero de 2024 y podría transformarse en un precedente para futuros proyectos públicos y privados.

"A mí como presidente del colegio me preocupa lo que es la certeza jurídica para cualquier profesional, para cualquier arquitecto que esté en esta misma situación, para cualquier empresa constructora que esté en esta misma situación. Las certezas jurídicas son muy importantes, es decir, estamos hablando de que quien sea, lo haya hecho bien o mal, ha invertido tanto su prestigio como miles de millones de pesos de su propio capital, económico y moral desde el punto de vista de lo que significa el daño a su prestigio; y esta certeza jurídica también aplica respecto de quienes ejercen las direcciones de obra", sostuvo el dirigente gremial.

De igual forma, manifestó que "suele ocurrir que permanentemente los funcionarios del Estado pueden ser objetos de presiones y esas presiones a veces llevan a que no se resuelvan adecuadamente y legalmente los problemas que son propios de la disciplina. Y en esto yo te diría el tema aquí es cómo hacemos una defensa de los profesionales que trabajan en este rubro y de las empresas, sin que diga si lo han hecho bien o mal".

Por último, Jiménez concluyó con una advertencia: "Existe preocupación por lo que pudiera ocurrir en otras obras si una autoridad, por las razones que sean, comienza a tomar decisiones que no corresponden a sus atribuciones directas".

PURANOTICIA