Presidente de la Comisión de Energía exige penas de cárcel para ejecutivos de Enap que falsearon reportes en refinería de Concón

Las inconsistencias detectadas en los reportes ambientales de Enap Refinería Aconcagua, cuyas instalaciones se ubican en la comuna de Concón, continúan abriendo interrogantes respecto de las responsabilidades que existen detrás de la información entregada durante años a la autoridad ambiental.

La propia estatal reconoció que, en la elaboración de reportes históricos asociados a la recuperación de azufre, se utilizaron criterios distintos de los establecidos en la metodología aprobada por la autoridad. Bajo la fórmula correspondiente, la eficiencia de recuperación superaba el 90%, pero se ubicaba por debajo del 98% exigido por el Plan de Prevención y Descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví.

Además, Enap reconoció que determinadas fuentes de emisiones de dióxido de azufre no habían sido consideradas en la información utilizada para elaborar la línea base. Esta situación fue detectada internamente en enero de 2026 y posteriormente derivó en acciones legales y en la entrega de antecedentes a las autoridades competentes. Así, la Superintendencia del Medio Ambiente inició una investigación, mientras que Enap informó que había presentado una denuncia ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.

En paralelo, la estatal adoptó decisiones relacionadas con las funciones vinculadas a los hechos. En enero salieron ocho trabajadores y en junio se informó la desvinculación de otros ocho, totalizando 16 personas desvinculadas en el marco de la investigación.

RESPONSABILIDADES

Es precisamente este punto el que cuestiona el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, quien en conversación con Puranoticia.cl planteó que las responsabilidades de lo ocurrido en Concón no necesariamente deberían quedar circunscritas a quienes fueron desvinculados.

"Es muy decepcionante que las empresas del Estado sigan haciendo lo que quieran y lo más fácil para muchos es preguntar dónde están los responsables, terminarles sus contratos, artículo 161, se van con todos sus años de servicio, que por lo demás no es un monto menor. Por lo general, ellos dentro de sus contratos no tienen el límite de los 11 años, entonces se llevan todos los años, ya sean 15 o 20 años, después se van a sus casas a buscar trabajo y esto queda ahí", comenzó señalando el militante PPD.

Para el parlamentario, el caso adquiere una gravedad mayor considerando el historial ambiental de la zona, frente a lo que expuso que "a nosotros nos indigna harto porque aquí no solamente le han mentido al sistema, sino que le mintieron a una comunidad que ha pasado por situaciones súper complejas en el tema medioambiental".

En ese contexto, el representante del Distrito 4 de Atacama apuntó directamente hacia los niveles superiores de la estatal, cuestionando que "no solamente los 16 ejecutivos que salieron de la Enap son responsables y sabían de esta situación, sino que aquí lo tiene que haber sabido desde el presidente del directorio hacia abajo".

PENAS DE CÁRCEL

Junto a señalar que espera que una situación de estas características no vuelva a repetirse, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan establecer responsabilidades penales frente a situaciones de este tipo. "Yo creo que donde tenemos que avanzar, es en que el Estado se haga partícipe de las demandas y las querellas, y que –dentro de un proyecto de ley– estas personas puedan pagar con cárcel. Es la única manera, aquí no hay otra manera", sostuvo enfáticamente.

Y fue todavía más categórico al referirse a las consecuencias que, a su juicio, deberían enfrentar quienes resulten responsables de las irregularidades investigadas, al recalcar que "aquí, mientras no haya una persona que se vaya a la cárcel por esto –que a mí me parece muy grave y me parece un delito– las cosas van a seguir pasando".

Vale señalar que las declaraciones del presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados se producen cuando ya han transcurrido nueve meses desde que Enap detectó las inconsistencias en sus reportes ambientales, sin que hasta ahora se conozcan resultados públicos de las investigaciones que llevan adelante el Ministerio Público y la Superintendencia del Medio Ambiente para determinar el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades.

PURANOTICIA