La acción, dirigida al Comité de Ministros, cuestiona la nueva resolución que dio luz verde a parte de la ampliación portuaria, acusando falencias técnicas y legales en la evaluación.
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Rosa-Inés Martínez, dirigenta de Laguna Verde, junto a la abogada Consuelo Requena, presentaron un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dirigido al Comité de Ministros, con el objetivo de impugnar la reciente Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto de ampliación portuaria Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL).
La acción surge luego de que el Segundo Tribunal Ambiental ordenara retrotraer el proceso de evaluación del proyecto, instruyendo corregir diversas deficiencias detectadas previamente. Sin embargo, las reclamantes sostienen que la nueva RCA, emitida tras la reapertura del proceso, no subsana de manera adecuada los impactos ambientales involucrados.
En ese contexto, Rosa-Inés Martínez cuestionó la solidez de la evaluación, señalando que “la nueva RCA sigue careciendo del rigor técnico y jurídico de la profundidad evaluativa que exige un proyecto de este calibre. Persisten impactos no abordados y respuestas insuficientes a las observaciones ciudadanas”.
Desde las impulsoras del recurso, además, se advierte que las principales falencias se concentran en materias como el paisaje, el patrimonio y las comunidades potencialmente afectadas.
Por su parte, la abogada Consuelo Requena detalló que el recurso apunta a incumplimientos en aspectos clave del proceso, como la falta de un análisis adecuado de impactos acumulativos, la insuficiencia de medidas de mitigación y compensación, y la vulneración del principio preventivo, además de cuestionamientos al derecho a una participación ciudadana efectiva.
El objetivo de la reclamación es que el Comité de Ministros revise en profundidad la resolución ambiental y corrija lo que califican como “vicios graves de legalidad”, los cuales —según sostienen— hacen inviable la aprobación del proyecto en sus condiciones actuales.
Con esta presentación, las reclamantes reiteraron su postura en favor de un desarrollo portuario que sea compatible con la protección del patrimonio urbano, natural y social de Valparaíso.
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