Vecinos y organizaciones cuestionan que el proyecto no ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a emplazarse en una zona saturada de contaminación.
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Una profunda molestia y creciente preocupación existe entre vecinos y organizaciones sociales de la comuna de Puchuncaví ante la inminente instalación de una planta multipropósito de procesamiento de productos del mar –principalmente jibia– en la golpeada localidad de La Greda, un territorio que por décadas ha sido símbolo de la contaminación industrial producido en la bahía de Quintero.
El proyecto, impulsado por la sociedad Planta Procesadora Quintero-Puchuncaví SpA, cuya persona jurídica es Gonzalo Le Dantec Briceño, exsecretario regional ministerial (seremi) de Energía, exgobernador de Valparaíso y reconocido lobista de la Quinta Región, ha encendido las alertas en la comunidad de Puchuncaví, que cuestiona duramente tanto su ubicación como la forma en que ha sido tramitado.
La iniciativa se emplazará en un predio de aproximadamente 25.300 metros cuadrados (m²) en la comuna de Puchuncaví, contemplando una superficie edificada de 1.168,29 m², además de estacionamientos para ocho vehículos y dos camiones.
Con una inversión estimada en USD 1,8 millones –de los cuales cerca de USD 1 millón corresponde a la fase de construcción– el proyecto considera la instalación de una planta procesadora de recursos hidrobiológicos, teniendo como principal especie la jibia (Dosidicus gigas), aunque no se limita exclusivamente a ella.
El problema –advierten en la comunidad– es el lugar escogido: La Greda, una localidad que carga con el peso histórico de la contaminación del cordón industrial de Ventanas. "Nos adherimos a los vecinos de la localidad de La Greda y Campiche de que no instalen la planta procesadora de jibia dentro de ambas localidades hermanas, ya que lo han manifestado en distintas reuniones de 2025 que se expuso este proyecto por Aguas Pacifico", expresó el Consejo Consultivo de Puchuncaví.
Uno de los focos de cuestionamiento apunta directamente a la figura del exgobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, quien aparece como la persona jurídica detrás de la empresa titular del proyecto. Según acusan desde la comunidad, su participación fue clave en la estrategia de tramitación ambiental de la iniciativa.
"Para tramitar el proyecto, contrataron a Gonzalo Le Dantec quien, en vez de hacer que el proyecto ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental, sólo pide una pertinencia, que es un trámite para evitar esa evaluación", sostuvo una fuente.
Este punto ha generado especial controversia, considerando el historial ambiental de la zona y la sensibilidad de sus habitantes frente a nuevas iniciativas industriales.
De hecho, en septiembre de 2025, la empresa ingresó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso para determinar si el proyecto debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Tras revisar los antecedentes, la directora regional del SEA, Paola La Rocca, resolvió que el proyecto “no debe someterse obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución”. La decisión se basó en que la iniciativa fue evaluada principalmente bajo la tipología de "planta procesadora", conforme al literal n) del artículo 10 de la Ley N° 19.300, descartando de esta manera su ingreso obligatorio al sistema.
No obstante y como ya se ha indicado por parte de la comunidad, esta resolución no logró despejar las dudas en vecinos y organizaciones, que cuestionan que un proyecto industrial en una zona saturada no sea sometido a evaluación ambiental.
La resistencia al proyecto no puede entenderse sin considerar la historia de La Greda. La localidad se convirtió en un emblema de la crisis ambiental en Chile tras los episodios de intoxicación masiva ocurridos en 2011, cuando niños y adultos fueron afectados por emisiones de dióxido de azufre y la metales pesados como arsénico y plomo.
Uno de los hitos más significativos fue el cierre de la Escuela La Greda, que debió ser reubicada en otro sector de la comuna debido a los niveles de contaminación, transformándose en un símbolo del abandono ambiental del territorio.
"Hemos vivido todo tipo de contaminación con las consecuencias conocidas por todo el país, como ocurrió con la pérdida de un espacio patrimonial como lo fue la Escuela de La Greda y esta vez nuevamente se exponen a los alumnos del colegio de La Greda a quedar a expensas de olores, flujos líquidos y vehicular por la cercanía con la instalación de esta planta para faenar jibias que, de igual manera, también afecta a una población de la comunidad", expresó en un documento la Mesa de La Greda.
En tanto, el Comité Agua Potable Rural de Campiche solicitó que "se revise el plano operacional del APR de La Greda, ya que Esval le proporcionará agua potable, pero ¿y el alcantarillado? Sin embargo, donde tienen las matrices nuestros vecinos estarían dentro de su área y no podrían intervenir según lo que establece la ley 20.998. Es por esto solicitamos que le nieguen el permiso a esta construcción, ya que violan los derechos de los vecinos de ambas localidades que manifiestan que esto nos perjudica la calidad de vida por sus malos olores y plagas asociadas, además los pescadores de las caletas históricas de la comuna de Puchuncaví no están de acuerdo".
Desde la empresa Planta Procesadora Quintero-Puchuncaví SpA afriman que buscan generar un impacto positivo en la zona. El proyecto fue diseñado por Aguas Pacífico y, según lo establecido en un acuerdo firmado en septiembre del año 2023, será posteriormente cedido a la Federación de Pescadores de Quintero y Puchuncaví.
"La iniciativa busca poner en valor los productos del mar con los que trabaja la mencionada Federación, aportando empleo local y valor agregado al trabajo de los sindicatos", indican, junto a asegurar que la planta permitirá fortalecer la trazabilidad de los recursos, cumpliendo con la normativa de la Ley de Pesca y Acuicultura, desde la captura hasta su comercialización.
En términos operativos, la planta procesará principalmente jibia proveniente de distintas caletas de la región. El proceso comenzará con el lavado mediante aspersores con agua potable a temperaturas entre 2°C y 4°C, para eliminar impurezas. Luego, se hace fileteo manual, separando cartílagos y membranas, además del procesamiento de tentáculos, aletas y otros componentes, que serán clasificados según tamaño y calidad.
Respecto al manejo de residuos industriales líquidos (Riles), la empresa expone en un extenso documento dirigido al SEA de Valparaíso que el proyecto fue diseñado considerando este aspecto como eje central, comprometiendo su tratamiento y disposición conforme a la normativa vigente, a través de empresas autorizadas.
La fase de construcción tendrá una duración estimada de siete meses, contemplando trabajos de habilitación de terreno, movimiento de tierra, pavimentación, instalación de sistemas de aguas lluvias, alcantarillado, electricidad y agua potable. Posteriormente, se desarrollará la construcción de la infraestructura industrial, con un plazo de ejecución de cinco meses, incluyendo obras de hormigón, estructuras metálicas, sistemas de frío alimentario, instalaciones eléctricas y sanitarias.
Según da cuenta la empresa en el documento, durante esta etapa "se tomarán todas las medidas consideras por la normativa ambiental sectorial", tales como cubrir pilas de tierra, limpiar vías de circulación y controlar eventuales derrames.
Ante la presión de la comunidad, la Municipalidad de Puchuncaví decidió oficiar a los distintos organismos públicos involucrados en la tramitación del proyecto. Esto, tras recibir consultas de más de 10 organizaciones sociales de La Greda y Campiche.
Desde la casa edilicia enfatizaron que es clave que las instituciones “asuman su responsabilidad y entreguen certezas claras y oportunas a la comunidad”, especialmente en un territorio con un historial ambiental crítico.
Según detallaron, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) otorgaron el Informe Favorable para la Construcción; el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de Vialidad, autorizó el acceso; el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) determinó que no requiere evaluación ambiental; y la Seremi de Salud aprobó los aspectos sanitarios.
En cuanto al rol municipal, recalcaron que sus competencias se limitan a la revisión técnica y permisos de edificación, proceso que se inició el 15 de enero de 2026 y que avanzó tras la subsanación de observaciones durante el pasado mes de marzo.
De esta manera, pese a los argumentos presentados por la empresa, la oposición en La Greda sigue creciendo. El hecho de que el proyecto avance sin ingresar al SEIA, sumado al rol que se atribuye a Le Dantec en su tramitación, ha intensificado la desconfianza. Así, el proyecto de planta de jibia no solo reabre el debate sobre el desarrollo industrial en la zona, sino que vuelve a poner en el centro una demanda histórica de sus habitantes: que cualquier nueva intervención considere, de manera real y efectiva, el impacto acumulado que por décadas ha afectado su calidad de vida.
PURANOTICIA
