El Tercer Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente la acción presentada por la Inmobiliaria Sogin SpA, obteniendo sólo $185 millones; esto, debido a que en la sentencia se desestimó la mayor parte de la indemnización que superaba los $34 mil millones.
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El Tercer Juzgado Civil de Valparaíso condenó a la Municipalidad de Valparaíso a pagar poco más de $185 millones a la inmobiliaria ligada al denominado proyecto Parque Pümpin, tras establecer perjuicios derivados de los decretos alcaldicios que en 2017 dejaron sin efecto el permiso de edificación de la iniciativa habitacional.
Sin embargo, el tribunal porteño rechazó la inmensa mayoría de la demanda presentada por la empresa Sogin SpA –continuadora legal de la empresa Inmobiliaria del Puerto– que originalmente reclamaba una indemnización que superaba las 851 mil UF (unidades de fomento), equivalentes a alrededor de 34 mil millones de pesos.
La sentencia, dictada por la jueza María José Naranjo Collao, concluyó que la Municipalidad incurrió en responsabilidad por falta de servicio luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara ilegales los decretos alcaldicios N°1619, 2491 y 2514, dictados durante la administración municipal que encabezaba Jorge Sharp.
Dichos actos administrativos habían dejado sin efecto resoluciones adoptadas por la Dirección de Obras Municipales, que mantenían vigente el permiso de edificación del proyecto contemplado en el sector del exEstadio Ferroviarios, ubicado en el cerro O’Higgins. No obstante, el fallo enfatiza que la ilegalidad de un acto administrativo no implica automáticamente el pago íntegro de los perjuicios reclamados.
“La sola constatación de ilegalidad del acto administrativo, no implica que se deba acceder a la declaración del derecho a ser indemnizado”, señala la resolución, agregando que correspondía a la inmobiliaria acreditar de manera concreta la existencia, monto y relación causal de los daños reclamados.
En el análisis de fondo, el tribunal fue particularmente crítico respecto de la forma en que la empresa presentó la prueba de los perjuicios económicos. La sentencia sostiene que la demanda fue formulada con “rubros genéricos”, sin detallar adecuadamente períodos, servicios prestados ni relación específica con el proyecto Pümpin.
Entre otros puntos, la jueza rechazó indemnizaciones por lucro cesante, pérdida de valor del terreno, gastos comunicacionales, asesorías estratégicas, honorarios jurídicos, administración del proyecto, marketing y estudios técnicos y financieros.
Según el fallo, gran parte de la documentación acompañada no permitía acreditar que los gastos estuvieran directamente vinculados al desarrollo del proyecto. Incluso, la resolución da como ejemplos facturas incorporadas al cálculo de perjuicios correspondientes a un Executive MBA en la U. Adolfo Ibáñez y la compra de notebooks y memorias computacionales, cuya vinculación con la obra no logró establecerse.
“Tampoco se acreditó la existencia de ataques por parte de la Municipalidad”, sostuvo el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso al descartar parte de los gastos comunicacionales reclamados por la inmobiliaria demandante.
Finalmente, el tribunal acogió solo dos ítems indemnizatorios: el primero corresponde a $4.079.107 por gastos asociados a servicios básicos para la mantención del proyecto, incluyendo cuentas de agua, electricidad e internet; el segundo –y principal– corresponde a $181.775.842 por concepto de derechos municipales y permisos urbanísticos pagados por la inmobiliaria para desarrollar el proyecto.
La jueza María José Naranjo Collao estimó que dichos montos sí debían ser restituidos, considerando que fueron percibidos por la misma Municipalidad que posteriormente dejó sin efecto los actos administrativos relacionados con el permiso.
De esta manera, las sumas de dinero deberán pagarse reajustadas según IPC, más intereses corrientes desde que el fallo quede firme y ejecutoriado.
Otro de los aspectos centrales del fallo dice relación con la posterior caducidad del permiso de edificación. La sentencia recuerda que la Contraloría Regional de Valparaíso concluyó en 2018 que no existían obras suficientes para mantener vigente el permiso, conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
En ese contexto, el tribunal sostuvo que la propia inmobiliaria no logró acreditar avances sustanciales en la ejecución del proyecto durante los más de dos años en que el permiso estuvo vigente antes de ser invalidado por los decretos municipales. Por este motivo, la magistrada estimó que no era posible atribuir íntegramente a la actuación municipal el fracaso definitivo de la iniciativa inmobiliaria, señalando en el fallo que "resulta poco razonable atribuir un perjuicio” exclusivamente a los decretos alcaldicios.
La sentencia también rechaza las excepciones de prescripción y falta de legitimación activa presentadas por el Municipio de Valparaíso. Por último, respecto de las costas, cada parte pagará las suyas, al estimar que existían motivos plausibles para litigar.
Tras conocer los detalles de la sentencia, la Municipalidad de Valparaíso informa que el fallo dictado por el 3° Juzgado Civil de Valparaíso, en el marco de la demanda presentada por la empresa Sogin SpA por el denominado Proyecto Pümpin, "constituye un resultado favorable para el municipio, toda vez que el tribunal rechazó el corazón de la demanda indemnizatoria presentada contra la Municipalidad".
Junto a recordar que la demandante solicitaba originalmente más de 851 mil UF, equivalentes actualmente a más de $34 mil millones, la administración de la alcaldesa Camila Nieto destaca que "la sentencia desestimó expresamente las partidas de mayor relevancia económica y rechazó las pretensiones indemnizatorias centrales de la empresa, reconociendo únicamente montos asociados a la devolución de derechos municipales pagados para la tramitación de permisos de una obra que finalmente no se ejecutó, además de algunos gastos menores de mantención del proyecto. De este modo, el monto finalmente acogido -alrededor de $185 millones- representa una fracción muy menor respecto de lo originalmente demandado".
Asimismo, resaltaron que el tribunal porteño recogió diversos planteamientos formulados por la defensa municipal durante el juicio, "especialmente en cuanto a la falta de acreditación suficiente de los perjuicios reclamados, las deficiencias metodológicas de los informes acompañados por la empresa y la ausencia de respaldo detallado respecto de los montos exigidos", agregando que el fallo "también cuestiona la forma en que la demandante estructuró su reclamación económica, señalando que gran parte de los perjuicios alegados no logró ser debidamente acreditada en el proceso".
"Como Municipio, valoramos que el tribunal haya realizado un análisis riguroso de los antecedentes y haya descartado las pretensiones económicas más cuantiosas planteadas en esta causa. La Municipalidad de Valparaíso continuará actuando con responsabilidad en la defensa de los intereses de la ciudad y del patrimonio municipal", complementaron en su respuesta desde la casa edilicia porteña.
Consultado por Puranoticia.cl, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, valoró el fallo y sostuvo que la resolución “es positiva para los intereses de la ciudad”, enfatizando que el tribunal “desestimó completamente los $28 mil millones de indemnización por daños que perseguía la inmobiliaria”, monto que la exautoridad comunal calificó como “desproporcionado y revanchista”.
Sharp afirmó además que "la caducidad o pérdida de validez del permiso quedó completamente acreditada ante el tribunal. Esto quiere decir que la inmobiliaria no fue capaz de iniciar obras durante los tres años siguientes al otorgamiento del permiso de construcción en abril de 2015, dejando claro que la razón de aquello en ningún caso se debió al actuar del municipio porteño”, señaló.
El exjefe comunal porteño también cuestionó algunos de los gastos presentados por la inmobiliaria dentro de la demanda indemnizatoria, indicando que el fallo descartó pagos “que no tenían ninguna relación con el objeto del juicio”, mencionando entre ellos una factura por más de $18 millones correspondiente a un Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y otra por la compra de un notebook.
Finalmente, el exalcalde Sharp sostuvo a este medio que la resolución “reconoce lo acertada, seria y contundente de la estrategia de defensa construida por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Alcaldía Ciudadana”, y aseguró que el fallo “deja en muy buen pie al Municipio ante una eventual apelación de la inmobiliaria”.
Vale hacer presente que el caso Pümpin podría continuar en tribunales superiores, considerando que tanto la inmobiliaria Sogin SpA como el Municipio de Valparaíso aún podrían recurrir de apelación frente al fallo del Tercer Juzgado Civil porteño.
PURANOTICIA
