Acción solicita investigar a Daniela Infante Henríquez por presuntas infracciones al principio de probidad administrativa. La abogada es mencionada en el entorno de la reconstrucción tras el megaincendio de 2024 como una figura cercana al ministro Iván Poduje.
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Una denuncia ingresada a la Contraloría General de la República pone en el centro de la discusión a Daniela Infante Henríquez, funcionaria del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y figura que, en los "pasillos de la reconstrucción" tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, aparecería vinculada al círculo de confianza del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.
Según el documento presentado al órgano contralor, Infante –abogada y funcionaria de la entidad– es acusada de presuntas infracciones graves al principio de probidad administrativa. La denuncia solicita investigar tres ámbitos: la eventual presentación de denuncias internas maliciosas contra otros funcionarios del Serviu, la realización de actividades profesionales privadas en jornada laboral e irregularidades en la supervisión de licitaciones vinculadas a la reconstrucción tras el megaincendio de hace dos años.
Pero más allá del contenido jurídico de la presentación, en el entorno de la reconstrucción y la instalación de nuevas autoridades, el nombre de Daniela Infante circula desde hace semanas en conversaciones internas (y no tan internas). De acuerdo a antecedentes conocidos por Puranoticia.cl, en reuniones con vecinos damnificados, Poduje la habría presentado en distintos encuentros territoriales como la "futura directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización en Valparaíso".
En ese contexto, la funcionaria aludida en la denuncia ya cumplía un rol clave dentro del proceso de reconstrucción. El documento ingresado a la entidad que fiscaliza al Estado señala que Infante presidía la contraparte técnica de tres licitaciones destinadas a prestar asistencia técnica, legal y social a familias afectadas por el incendio, además de desempeñarse como jefa (s) del equipo regional de reconstrucción.
Las licitaciones cuestionadas corresponden a procesos orientados a desarrollar proyectos habitacionales bajo la modalidad de autoconstrucción asistida para beneficiarios de subsidios. Según la denuncia, dos de esos contratos terminaron anticipadamente tras más de un año de vigencia con avances financieros mínimos y sin aplicación de multas a la empresa adjudicataria, pese a retrasos en hitos contractuales.
La acción también plantea que la contraparte técnica habría permitido el avance de licitaciones destinadas a atender a familias que ya estaban siendo asesoradas por otras entidades, lo que –a juicio del denunciante– evidenciaría fallas de planificación y control en un proceso crítico para la reconstrucción posterior al desastre.
A ello se suman cuestionamientos por la demora en la revisión de informes técnicos y por un eventual traspaso de casos a otra entidad patrocinante, lo que las bases administrativas de las licitaciones prohibían expresamente.
El escrito incorpora, además, un segundo eje de cuestionamientos: la participación de Infante en audiencias del Poder Judicial de Chile, en causas del Juzgado de Familia de Valparaíso, en su calidad de abogada patrocinante. De acuerdo con los antecedentes acompañados, dichas audiencias se habrían realizado en horarios coincidentes con la jornada laboral que la funcionaria debía cumplir en el Serviu.
Un tercer punto dice relación con denuncias internas que habrían dado origen a sumarios administrativos contra funcionarios del servicio. Esas investigaciones concluyeron posteriormente sin acreditar irregularidades, y el documento sostiene que la autora de las acusaciones habría sido Infante, según el testimonio de una funcionaria recogido en el propio expediente administrativo.
Pero en paralelo a estos cuestionamientos, durante los últimos días el relato interno en torno al rol de Infante habría cambiado. En conversaciones recientes en el entorno del Minvu, el nombre de la funcionaria ya no se vincularía con la dirección regional del Serviu, sino con un cargo distinto dentro del equipo político del ministro.
La nueva descripción que circula en esos espacios la sitúa como posible jefa de gabinete del ministro Iván Poduje, un rol que el mismo arquitecto de profesión habría autorizado y que incluso presentaría como tal este viernes 13 o el lunes 16 de marzo.
Mientras la denuncia solicita que Contraloría General de la República de Chile instruya un sumario administrativo independiente del Serviu para esclarecer los hechos, el caso abre una interrogante política adicional: quién es la persona a la que el ministro Poduje estaría dispuesto a confiar como su principal apoyo y brazo derecho en su gestión.
PURANOTICIA
