Llevan a Contraloría a Iván Poduje para inhabilitarlo de cualquier intervención en el proceso de reconstrucción en El Olivar

Un nuevo capítulo sumó la controversia en torno al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en El Olivar, en Viña del Mar; esto, luego que la Constructora San Sebastián ingresara un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando una investigación especial y un pronunciamiento jurídico que determine la eventual inhabilidad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para intervenir en cualquier procedimiento administrativo relacionado con la empresa.

La presentación, patrocinada por el abogado Jaime Barrientos, sostiene que el secretario de Estado habría infringido el deber legal de abstención y el principio de probidad administrativa al adoptar decisiones sobre una materia respecto de la cual ya había emitido opiniones y juicios categóricos antes de asumir el cargo gubernamental.

En el documento –al que pudo acceder Puranoticia.cl– la empresa recuerda que mantiene más de dos décadas de trayectoria en el rubro de la construcción y que ha desarrollado más de 40 mil soluciones habitacionales. Asimismo, señala que, tras el megaincendio de febrero de 2024, suscribió 12 contratos con el Serviu de Valparaíso para la construcción de 350 viviendas definitivas en los sectores de El Olivar y Villa Dulce, en el marco del proceso de reconstrucción impulsado por el Estado de Chile.

Uno de los principales argumentos del requerimiento apunta al rol que desempeñó Iván Poduje antes de llegar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Según expone la presentación, cuando ejercía actividades privadas vinculadas a la consultora Atisba, participó en la elaboración y difusión de informes y análisis relacionados con la reconstrucción de Viña del Mar, particularmente respecto de El Olivar.

En conversación con Puranoticia.cl, el abogado Jaime Barrientos sostuvo que "el ministro Poduje, antes de subir el cargo, manifestó su opinión y su parecer técnico, a través de dos roles distintos al de ministro; primero, como consultor de una sociedad a la que él pertenecía o pertenece, denominada Atisba, y que hoy –hasta donde entendemos, según la información proporcionada por ellos mismos– es dirigida por su mujer". Agregó que "en este rol, él hizo un juicio muy crítico al proceso de reconstrucción en Viña del Mar –que uno puede compartir o no– pero lo cierto es que él tomó posición mucho antes de asumir la alta dignidad de la que hoy día está investido".

La acción presentada ante Contraloría también incorpora diversas publicaciones, entrevistas y declaraciones realizadas por Poduje antes y después de convertirse en ministro. Entre ellas se citan reportes de Atisba sobre el avance de la reconstrucción en Viña del Mar y una serie de visitas efectuadas al sector de El Olivar durante la campaña presidencial, instancia en la que, según el requerimiento, cuestionó públicamente el avance de las obras y la labor desarrollada por la constructora.

En esa línea, Barrientos señaló que "él en su rol de colaborador de la campaña del Presidente José Antonio Kast visitó el sector de El Olivar en más de una oportunidad y en cada una de esas visitas él hizo una crítica muy severa, no solamente al proceso de reconstrucción, sino que también a las obras en sí". A juicio del abogado, "eso, evidentemente lo inhabilita para luego, en su rol de Ministro de Estado, tomar decisiones que vienen a ratificar aquello que dijo como privado".

La presentación sostiene que una vez asumida la cartera del Minvu, Poduje habría materializado mediante actos administrativos las mismas posiciones que previamente expresó como consultor y figura pública. En ese contexto, San Sebastián cuestiona particularmente el Oficio Ordinario N°245 emitido el 24 de marzo de 2026, mediante el cual se ordenó la paralización de las obras vinculadas a la reconstrucción del sector de El Olivar, en la parte alta de la Ciudad Jardín, así como las posteriores actuaciones desarrolladas por organismos dependientes de la cartera.

El requerimiento también cuestiona la Resolución Exenta N°325 de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, mediante la cual se dispuso la suspensión de la empresa en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales mientras se desarrolla un procedimiento administrativo. Según la constructora, estas medidas habrían sido adoptadas sin que existiera un procedimiento suficientemente concluido ni peritajes definitivos que justificaran decisiones de tal magnitud.

En materia jurídica, la presentación argumenta que se configurarían causales de abstención contempladas en el artículo 12 de la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos. Entre ellas, la existencia de un interés personal en la materia, la intervención previa como una suerte de perito respecto del mismo asunto y la prestación de servicios profesionales relacionados con la temática dentro de los últimos años.

De acuerdo con la tesis de la empresa San Sebastián, la actuación previa de Poduje habría generado lo que denomina un "prejuicio técnico vinculante", es decir, una posición preconcebida respecto de la calidad de las obras y del desempeño de la constructora, lo que impediría garantizar la imparcialidad exigida a una autoridad pública.

Barrientos afirmó que "aquí hay una infracción al principio de probidad, desde nuestra perspectiva, muy claro y muy evidente, porque cuando un privado conoce de un determinado proyecto, toma posición, emite opinión tan crítica; luego no puede –en su rol de autoridad pública, investido de potestad– ratificar esos criterios y obtener beneficios, ya sea directos o indirectos". Asimismo, precisó que "aquí no me estoy refiriendo a una cuestión económica, sino que a un beneficio reputacional, ya que evidentemente si él como consultor da una opinión, luego como Ministro al refrendarla, su consultora se ve beneficiada".

Otro aspecto relevante del requerimiento corresponde a la solicitud expresa para que Contraloría declare la nulidad de determinadas actuaciones administrativas vinculadas al caso y ordene la inhabilidad del ministro y de sus colaboradores directos de cualquier procedimiento relacionado con Constructora San Sebastián.

La empresa también pide que el organismo fiscalizador instruya una investigación especial en el Minvu y en el Serviu de Valparaíso. Además, solicita que se suspenda cualquier demolición total o parcial de viviendas construidas en El Olivar hasta que se realice una auditoría estructural independiente, objetiva y bilateral, que permita contrastar los distintos informes técnicos existentes.

Respecto de la situación actual del proyecto de reconstrucción, Barrientos aseguró que "no hay avance alguno, los contratos están vigentes, no hay diálogo ni conversaciones que es lo que debió haber ocurrido". El abogado agregó que "para nosotros esta es una defensa técnica, no política", aunque estimó que "lo lamentable es que el Ministro en sus actuaciones, creo yo, que ha instrumentalizado políticamente la reconstrucción de El Olivar porque la usó como un tema de campaña y luego quedó cazado por sus afirmaciones y su crítica de campaña ahora como ministro".

En esa misma línea, sostuvo que una salida al conflicto requiere retomar el diálogo entre las partes involucradas. Así, manifestó que "creo yo que lo engrandecería echar pie atrás, revisar los antecedentes nuevamente, sentarse con las partes". A ello añadió que "de esa conversación pueden surgir acuerdos o no, pero lo relevante es poder avanzar, y para ello, el paso número uno a mi juicio es conversar".

El representante de la constructora reiteró que "es muy grave que un Ministro de Estado, primero, haya tomado posición antes de asumir como ministro y luego como ministro refrende esa opinión que tomó como privado, como consultor y como activista en una campaña presidencial". Asimismo, afirmó que "es muy grave que luego, investido de esta altísima dignidad, haya descalificado con epítetos inaceptable para un Ministro de Estado a una constructora que lleva 40.000 soluciones habitacionales construidas".

Finalmente, añadió que "es muy grave, también, que el ministro haya recogido una denuncia de un particular en contra de otro privado sin recabar los antecedentes suficientes", agregando que "yo me imagino que si el ministro Poduje hubiese tenido en su poder estos antecedentes se habría abstenido de emitir opiniones tan fuertes en contra de un privado que lo único que hizo es cumplir diligentemente un contrato".

Con todo, ahora será la Contraloría General de la República la que deberá resolver si admite a trámite la presentación y, posteriormente, pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por la constructora, en un conflicto que sigue escalando y que mantiene en disputa uno de los procesos de reconstrucción más emblemáticos desarrollados tras la catástrofe ocurrida en febrero de 2024 en Viña del Mar.

PURANOTICIA