Puranoticia.cl tuvo acceso a ambos documentos judiciales, que vinculan al exconcejal de Catemu y principal carta para la cartera con un conflicto por el cierre de un camino minero en dicha comuna del Valle de Aconcagua, hecho que derivó en acciones en sede penal y civil.
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El proceso de instalación del Gobierno en la región de Valparaíso no ha estado exento de dificultades, pues durante los últimos días, una seguidilla de episodios ha tensionado los nombramientos en Secretarías Regionales Ministeriales (Seremías), instalando cuestionamientos políticos y obligando a redefinir decisiones ya anunciadas.
La salida anticipada de Aldo Ibani, quien renunció a la Seremi de Salud a solo tres días de haber sido designado por cuestionamientos académicos y laborales, sumado a acusaciones de estafa por parte de sus excompañeros de universidad; la presunta renuncia de Carlos Montero a la Seremi del Trabajo y Previsión Social por eventuales incompatibilidades en el cargo; sumado a las complicaciones que enfrentó Hernán Silva para asumir en Seguridad Pública tras conocerse un sumario de Carabineros con sanción en su contra, han configurado un escenario complejo para el Ejecutivo en la zona.
En ese contexto, un nuevo antecedente podría abrir otro importante flanco para La Moneda. Se trata de Benjamín Carlos Koch Chacón, quien figura como la principal carta del Gobierno para encabezar la Seremi de Minería en Valparaíso, pero que actualmente aparece mencionado en dos acciones judiciales en curso: una demanda civil por indemnización de perjuicios y una querella penal.
De acuerdo con información recabada por Puranoticia.cl, medio que tuvo acceso a ambos documentos judiciales, ambas acciones tienen su origen en un mismo conflicto ocurrido en la comuna de Catemu, vinculado al uso de un camino utilizado para el transporte de minerales desde una faena minera hasta una planta de procesamiento.
La demanda civil fue presentada por la Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) ante el Juzgado de Letras de San Felipe, y está dirigida en contra de Benjamín Koch y John Porter. En el libelo, la empresa sostiene que el 4 de junio de 2025 los demandados habrían procedido al cierre del camino mediante la instalación de una cadena que impedía el tránsito vehicular, afectando específicamente el desplazamiento de camiones destinados al transporte de minerales.
Según se expone en la acción judicial, esta situación se habría extendido por más de un mes, periodo durante el cual la compañía habría visto interrumpida parte relevante de su operación productiva. Explodesa afirma en el documento que la imposibilidad de utilizar este camino generó una alteración significativa en su cadena de producción, afectando la extracción, traslado y procesamiento del mineral, lo que se habría traducido en pérdidas económicas que califica como lucro cesante.
En la presentación, la empresa argumenta que el camino en cuestión era utilizado de manera regular y que contaría con derechos para su uso, tanto por su calidad de comunera en el predio como por la existencia de una servidumbre de tránsito previamente reconocida. En ese marco, califica la actuación denunciada como un hecho ilícito y solicita que los demandados sean condenados a indemnizar los perjuicios ocasionados, cuyo monto será determinado en una etapa posterior del proceso judicial.
En paralelo, los mismos hechos dieron origen a una querella penal, en la que también se menciona a Koch –exconcejal de la comuna de Catemu– como uno de los presuntos participantes en el cierre del camino. En esa acción, se describe que la obstrucción habría sido realizada mediante la instalación de una cadena metálica y la presencia de personas en el lugar, lo que habría impedido selectivamente el tránsito de vehículos, particularmente aquellos vinculados a la empresa minera.
De acuerdo con el contenido de la querella, los hechos son calificados como potencialmente constitutivos de delito, apuntando a una acción coordinada que habría alterado una situación previa de libre tránsito en el sector. Asimismo, se indica que se habrían realizado gestiones para revertir la situación, sin resultados inmediatos, lo que derivó en la judicialización del conflicto por la vía penal.
La acción penal presentada tiene como objetivo que el Ministerio Público investigue lo ocurrido, determine la eventual existencia de ilícitos y establezca las responsabilidades correspondientes. En este contexto, la mención de Koch se da en calidad de presunto involucrado, dentro de un proceso que se encuentra en etapa inicial.
Cabe hacer presente que tanto la demanda civil como la querella penal se encuentran actualmente en tramitación y corresponden, por ahora, a antecedentes expuestos por las partes denunciantes, por lo que será la justicia la encargada de establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
La situación se produce en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo en la región de Valparaíso, donde algunas designaciones han generado cuestionamientos a los procesos de nombramiento. En ese escenario, la eventual llegada de Benjamín Koch a la Seremi de Minería podría añadir un nuevo elemento de controversia, en medio de una instalación que hasta ahora ha estado marcada por dificultades.
PURANOTICIA
