El magistrado del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, Julio Fuentes, detalló que el Gobierno Regional actuó solo como tercero en una causa de cobranza laboral entre privados y que la decisión respondió a la falta de respuesta a oficios judiciales.
visitas
La orden de detención dictada en contra del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, generó una fuerte controversia pública durante los últimos días, más aún después que la autoridad calificara la medida como "irracional y desproporcionada". Sin embargo, desde el tribunal porteño que adoptó la decisión aclararon que se trató de una medida de apremio procesal, sin relación alguna con la comisión de delitos, y que además nunca estuvo cerca de concretarse.
El magistrado del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, Julio Fuentes Calderón, explicó que la orden de arresto fue dictada en el marco de una causa de cobranza laboral entre privados, donde el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso no era parte demandada. De hecho, la medida se adoptó luego que el tribunal no recibiera respuesta a oficios solicitando información clave para el avance del proceso.
De acuerdo al juez, la parte ejecutante –un acreedor laboral– solicitó antecedentes al Gore sobre eventuales estados de pago pendientes con una empresa deudora, información que permitiría embargar esos fondos y destinarlos al pago del trabajador afectado. Ante la falta de respuesta, se recurrió a las herramientas que contempla la ley.
El juez explicó que "la parte ejecutante pidió información al Gore de Valparaíso acerca de estados de pago, que esta empresa tuviera a favor del Gore, para hacerse efectivo el pago en contra de esos estados de pago. Se pidió la información y no hubo respuesta. Después se pidió cuenta nuevamente y tampoco hubo respuesta. Así que la parte ejecutante lo que hizo fue solicitar que se aplicara en contra del Gore lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en orden a dictar una multa u orden de arresto, por la omisión en cumplir lo ordenado por el tribunal”.
De igual forma, el magistrado enfatizó que la resolución no implica una sanción penal, ni supone una imputación de responsabilidad laboral al Gobierno Regional, sino que corresponde a un mecanismo habitual para forzar el cumplimiento de órdenes judiciales. "Ese es el motivo por el cual se dictó esa orden de arresto, que es un apremio. No hay aquí involucrado ningún delito ni falta de parte del Gobierno Regional de Valparaíso, sino que es una medida de apremio procesal, para que la parte que no está cumpliendo cumpla lo ordenado por el tribunal", complementó el juez.
Fuentes también detalló que, una vez que el Gobierno Regional de Valparaíso respondió a lo solicitado, la medida quedó automáticamente sin efecto, ya que "el Gore informó el 23 de febrero lo que se le había solicitado, así que ya fue dejada sin efecto la orden de arresto por haber cumplido lo ordenado por el tribunal”.
Asimismo, el juez aclaró que nunca existió una detención inminente, ya que la orden debía pasar por un procedimiento previo de notificación personal, lo que no ocurrió, pues "la orden de arresto, para que se haga efectiva con Carabineros de Chile, tiene que ser notificada a la persona arrestada y, en este caso, no se había producido aún esa notificación, por lo tanto el Gobernador no iba a ser arrestado en lo inmediato. Se hace una gestión previa y tiene la notificación por receptor judicial de la persona arrestada, y eso no se había producido hasta la fecha, por lo tanto no se iba a producir una detención en el corto plazo del Gobernador Regional".
De todas maneras, como cumplió antes de que se notificara, no hubo necesidad de despachar los oficios de Carabineros de Chile para que hicieran efectivo el arresto.
En cuanto al fondo del conflicto, el magistrado explicó el funcionamiento de este tipo de causas, subrayando que el Gobierno Regional no mantiene deudas laborales con el tribunal, sino que fue requerido únicamente para entregar información. "Lo que ocurre en este tipo de causas es que, por ejemplo, una institución ya sea privada o pública puede tener pagos pendientes contra una empresa que es deudora con un acreedor laboral, como en este caso. Por ejemplo, aquí tiene que pagar una factura, tiene que pagar por una obra que realizó, por ejemplo. Entonces, esos dineros nosotros los embargamos para que no vayan a dar a la empresa que debe, sino que vengan a dar al tribunal y el acreedor laboral, el trabajador en este caso, se paga con esos dineros".
Finalmente, precisó que "el Gobierno Regional informó que no tenía pagos pendientes con esta empresa. Entonces, esto es lo que ocurrió. No es algo que el Gore tenga una causa pendiente o una deuda pendiente de materia laboral con nosotros, sino que es un tercero en la causa. Lo que se le estaba pidiendo era cierta información y había sido –podríamos decir– lento en contestar esa información".
Cabe hacer presente que la explicación judicial se conoce luego de que el gobernador Mundaca cuestionara duramente la resolución, acusando que se ordenó su arresto por tres días por no responder un oficio que –según afirmó– nunca llegó a su conocimiento, generando un cruce público entre el Poder Judicial y la máxima autoridad regional.
PURANOTICIA
