Fiscalía de Valparaíso asegura que víctimas del megaincendio tuvieron una "ventana de 57 minutos" para evacuar y evitar la tragedia

La investigación por el megaincendio que el 2 y 3 de febrero de 2024 dejó 138 personas fallecidas en Viña del Mar y Quilpué dio un nuevo paso con la formalización de dos exaltos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), imputados por cuasidelito de homicidio debido a la demora en la activación de las alertas de evacuación. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existió un margen de tiempo suficiente para advertir a la población antes de que el fuego alcanzara zonas urbanas.

Tras la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la fiscal regional Claudia Perivancich señaló que "la institucionalidad nacional se organizó y reguló una forma de responder a los desastres, como por ejemplo los incendios forestales, y esa reglamentación, esa normativa, no se cumplió el día de los hechos y, efectivamente, hay un rango horario, que nosotros estimamos al menos en 57 minutos y fracción, en la que de haberse entregado la alerta SAE que dispusiese la evacuación de las personas en el momento en que se tuvo información respecto de la proximidad del fuego a zonas urbanas, habría sido posible evitar el resultado de muerte".

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público subrayó que "lo que se dijo en la audiencia es que no tenemos la posibilidad de contrafactualmente demostrar que todas esas vidas se hubiesen salvado, pero lo que sí es cierto es que advertimos que hay una brecha horaria importante en la cual se pudo haber avanzado en la evacuación de las personas desde sus hogares y eso hubiese ocasionado un resultado distinto".

Respecto del rol atribuido a los imputados, indicó que "había una persona que tenía el control del sistema de monitoreo, el comandante de Incidente, que era el señor Correa, a quien le cabía la responsabilidad de entregar información a Senapred para disponer esa alerta. Y por otro lado, el señor Atienza, que era el jefe del Departamento de Prevención de Delitos Forestales, superior del señor Correa, que estaba recibiendo información durante esos rangos horarios, alrededor de las 5:30 y 6:30 de la tarde, en la que además él en concreto participa en un sobrevuelo por la zona afectada".

Consultada por la eventual responsabilidad de otras autoridades, Perivancich explicó que, en esta etapa de la investigación, "aquí hay una cadena de actuaciones y de responsabilidades que son distintas: hay un organismo técnico, que es el encargado de decir cuáles son las condiciones que generan el riesgo inminente para la población, y esa información, esa calificación técnica para determinar que el evento es riesgoso y que, por lo tanto, se tiene que llevar a cabo una evacuación, es una competencia de Conaf, quien lidera la toma de decisiones en ese aspecto".

Por lo tanto, sostuvo que "otras autoridades como autoridades políticas, la misma Delegación Regional, autoridades comunales como alcaldes, pueden intervenir en el proceso de trabajo durante el desarrollo de la emergencia, pero no tienen la responsabilidad de detectar la situación de riesgo que es puesta en conocimiento de todo el Sistema Nacional de Prevención de Desastres por Conaf. Y así ocurrió ese día. Entonces, sin ese aviso de Conaf para que Senapred active la emergencia, entendemos que no hay posibilidad, en este momento, durante la toma de decisiones de la investigación, de imputar una conducta de esta misma naturaleza o similar a otra autoridad. Pero quiero ser categórica en que la investigación no ha terminado".

Luego, en representación de parte de las 138 víctimas de la tragedia, el abogado Felipe Olea valoró la formalización, aunque afirmó que "es difícil hablar de conformidad cuando efectivamente lo que está en juego es hacer justicia por la muerte de 138 personas. Lo cierto es que el día de hoy ha existido un avance, pero la justicia nunca será completa si no están formalizados, si no son acusadas las autoridades que permitieron que ese día con su negligencia fallecieran esta 138 personas. Lo cierto es que al día de hoy tenemos detenidos procesados y a punto de iniciar el juicio oral de los nueve autores directos. Pero ellos causaron el fuego, evidentemente fueron los que dieron el inicio a esta tragedia, ¿pero fueron realmente lo que le quitaron la vida a 138 personas? Creemos que no. Creemos que hoy día se ha dado un avance porque efectivamente los dos funcionarios de Conaf, altos funcionarios, directores, incluso uno de ellos hoy día ocupa un cargo a nivel nacional, sigue trabajando el señor Correa".

Luego, el profesional de las leyes prosiguió señalando que "creemos que el paso que se ha dado en su formalización nos demuestra que efectivamente acá estamos verdaderamente frente a un cartel del fuego. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos, como dijo la Fiscalía, si evidentemente estamos frente a un error, una equivocación. ¿Estas personas nunca se representaron de que iban a haber personas fallecidas por este megaincendio? Por supuesto que no estamos frente a un error. No creemos que este sea un delito culposo, creemos que es un delito doloso. Creemos que acá existió la intención, la intención de que el incendio se agrandara, creciera. ¿Para qué? Para ganar una ganancia secundaria, para ganar plata".

En la misma línea, Olea sostuvo que la investigación aún debe establecer responsabilidades políticas y manifestó que "estamos frente a un cartel del fuego que le costó la vida a 138 personas y todavía nos falta demostrar quiénes fueron las autoridades que con su negligencia permitieron que esto sucediera. Esta dinámica había sucedido años antes, se habían repetido incendios en décadas anteriores, de esta misma naturaleza, ¿pero por qué en esta ocasión costó la vida de todas estas personas? Porque efectivamente las autoridades que ocupaban los cargos desde la Delegación, la Gobernación, las Alcaldías y los organismos técnicos, fueron personas negligentes, deficientes, a quienes sobre sus conciencias pesan las vidas de las 138 personas".

Cabe hacer presente que con la formalización ya realizada, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó para ambos exfuncionarios las medidas cautelares de reclusión domiciliaria total y prohibición de acercarse a testigos de la causa, fijando además un plazo de 180 días para el desarrollo de esta arista de la investigación.

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