El procedimiento interinstitucional permitió recuperar el terreno ocupado desde 2019 y concretar la entrega formal a sus propietarios. Carabineros desplegó más de 360 funcionarios y 50 medios logísticos durante 76 días, periodo en el que se registraron 22 detenidos.
El proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, emplazada en el cerro Centinela, llegó este jueves a su término, luego que el Gobierno concretara la restitución de las 40 hectáreas que permanecían ocupadas y formalizara la entrega del terreno a sus propietarios, dando cumplimiento al mandato judicial que ordenó recuperar el predio.
El cierre del operativo fue encabezado por autoridades de Gobierno y policiales, quienes destacaron la magnitud del procedimiento desarrollado durante las últimas semanas y que permitió intervenir un terreno que se encontraba ocupado desde fines de 2019. De acuerdo con las cifras entregadas durante la jornada, desde el 30 de junio se concretó el desalojo y demolición de más de 800 viviendas, permitiendo recuperar 40 hectáreas y afectando a más de 1.000 personas.
Durante la actividad, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mostró el acta mediante la cual se formalizó la restitución del terreno a sus propietarios y aseguró que el procedimiento representa una señal política respecto de la posición del Ejecutivo frente a las ocupaciones ilegales.
"Estamos en esta emblemática toma de San Antonio para mostrar un documento histórico, que es el acta a través de la cual se restituye un terreno tomado a sus propietarios. Para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no hay espacio para que no se cumpla la ley y, por lo tanto, después de un trabajo que han liderado nuestras autoridades regionales, nuestros delegados presidenciales, nosotros podemos decir hoy día que hay del orden de 40 hectáreas, de un total de 100, que desde el 30 de junio en adelante significó el desalojo y la demolición de 800 techos, más de 1.000 personas y además 40 hectáreas", indicó la autoridad de Gobierno.

Pavez también destacó que "en Chile, la propiedad y la ley se cumplen y también se cumplen las sentencias judiciales y hemos visto cómo, de manera ejemplar en tres meses, se pudo llevar adelante, gracias a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, en un trabajo coordinado con la Seremi de Seguridad Pública y con todos los servicios públicos vinculados a temas de niñez, adulto mayor y migración, nosotros lo que vemos es el restablecimiento del imperio de la ley. Así que estamos muy contentos como Gobierno, de que este es un paso decisivo, es un ejemplo y que se suma a lo que se hizo esta semana en Colina y en Arica en Cerro Chuño".
El término de la ocupación abre ahora un nuevo capítulo para las familias que fueron desalojadas, especialmente considerando que durante la administración anterior se habían explorado distintas alternativas para abordar la situación de los ocupantes, entre ellas la eventual adquisición del terreno por parte del Estado y posteriormente un mecanismo mediante cooperativas.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, recordó ese proceso y explicó que "en la pasada administración había una forma de enfrentar ese conflicto que, en primera instancia, era que lo iba a adquirir el Estado, posteriormente se les pidió constituirse en cooperativas para que cada uno hiciera un aporte de $1 millón y finalmente ahí se enredó el proceso entre los propietarios, entre la cooperativa y entre el Gobierno, pero llegó el fin de ese Gobierno".
En ese contexto, la autoridad regional planteó que "ahora que nos concentramos en este desalojo, tenemos que abordar, a través del Ministerio de Vivienda cómo vamos a conciliar lo que hemos indicado al ministro y al Gobierno de respetar el Estado derecho y también respetar la fila, pero también entendiendo que hay personas que actuaron de buena fe y que creen que es necesario que se les dé una alternativa habitacional".
La magnitud del operativo también quedó reflejada en las cifras entregadas por Carabineros. La jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, detalló que la institución mantuvo un despliegue permanente durante más de dos meses para garantizar el cumplimiento de las distintas etapas del desalojo.

"En este operativo que se realizó en la megatoma de San Antonio se desplegaron más de 360 carabineros y más de 50 medios logísticos solamente para este servicio. Fueron 76 días de despliegue operativo policial 24/7 para recuperar el terreno", sostuvo la máxima autoridad de la policía uniformada en la zona.
El procedimiento no estuvo exento de episodios de violencia, particularmente durante la primera etapa del desalojo, lo que la oficial recordó diciendo que "existieron 22 detenidos, cinco por Ley Antibarricada y siete que ocurren en la primera etapa de desalojo cuando ocurre el terrible episodio donde salen dos carabineros lesionados a bala, por lo tanto fueron siete detenidos en flagrancia y neutralizados por el Grupo de Operaciones Policiales y fue por homicidio frustrado a carabineros de servicio, además de porte ilegal de armas de fuego".
Con la firma del acta de restitución, el Gobierno da por concluido el proceso de recuperación de las 40 hectáreas ocupadas en la megatoma, cerrando una de las operaciones de desalojo más relevantes desarrolladas durante este año en la región de Valparaíso. Sin embargo, el término del operativo abre ahora un desafío distinto para las autoridades: cómo canalizar la demanda habitacional de las familias desalojadas dentro de los mecanismos establecidos por el Estado, en un proceso que deberá ser abordado por el Ministerio de Vivienda bajo los criterios que ha planteado el Ejecutivo.
PURANOTICIA