Tras revelarse la alteración de cifras sobre emisiones contaminantes en la denominada "zona de sacrificio", la estatal evalúa acciones penales y exige informes urgentes.
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La transparencia ambiental de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) quedó bajo la lupa tras la reciente junta de accionistas, donde se confirmó que personal de la compañía habría manipulado datos entregados a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Las cifras alteradas buscaban simular el cumplimiento de los límites de contaminantes exigidos en el Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) para Concón, Quintero y Puchuncaví.
La situación, detectada a principios de año, escaló rápidamente con la llegada de Cristián Muga a la presidencia del directorio en marzo, quien agilizó el análisis de antecedentes. Según los reportes, la manipulación se centró en los niveles de contaminantes de la Refinería Aconcagua, un hecho que ya provocó la salida de nueve ejecutivos de dicha unidad en enero pasado.
Ante la gravedad de los hechos, el directorio decidió traspasar los antecedentes al Ministerio Público para determinar responsabilidades criminales, además de las sanciones administrativas y regulatorias que correspondan.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue tajante al término de la junta de accionistas —donde también participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz—, calificando el escenario como un problema de máxima prioridad para el Estado.
“El accionista ha tomado conocimiento de contingencias legales ambientales que considera graves. El presidente del directorio ha informado que se están ejerciendo las acciones legales que corresponden”, señaló la secretaria de Estado.
Rincón subrayó que no habrá esperas para esclarecer el alcance de este engaño:
“Como accionistas le hemos solicitado un informe que tiene que ser evacuado a la brevedad en un máximo de 15 días, sin perjuicios a las acciones legales que se están ejerciendo en los próximos días”.
El escándalo ambiental estalla en un momento de bonanza económica para la estatal. Durante la misma instancia, el Ministerio de Hacienda confirmó que el 70% de las utilidades de 2025 (equivalentes a US$ 848 millones) serán transferidas al fisco. Sin embargo, los resultados históricos han quedado opacados por el cuestionamiento ético y legal que enfrenta la empresa en una de las zonas con mayor sensibilidad ambiental del país.
PURANOTICIA
