Tal como dio a conocer oportunamente Puranoticia.cl, los documentos que sustentaron la paralización de las obras no mencionan las "graves fallas" acusadas por el Minvu. Funcionarios denuncian haber sido coaccionados para firmar documentos del área jurídica.
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La reconstrucción de El Olivar, el sector de Viña del Mar que se convirtió en el símbolo de la tragedia tras el megaincendio de 2024, enfrenta hoy una tormenta judicial. Una querella penal por prevaricación, falsificación ideológica y fraude al fisco apunta directamente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, poniendo en duda la veracidad de los fundamentos técnicos que detuvieron las obras en marzo pasado.
El corazón del conflicto radica en la Resolución Exenta N°3384, documento con el cual el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) justificó la paralización y demolición de los proyectos, basándose en informes de los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) que darían cuenta de “graves fallas constructivas”.
Sin embargo, tras acceder a estos informes, se detectó una discrepancia crítica: los textos no contienen ninguna referencia a problemas estructurales. Son documentos de apenas dos páginas que se limitan a replicar la orden de paralización emanada desde el nivel central.
Tal como ya ha revlado Puranoticia.cl, la investigación saca a la luz un ambiente de extrema tensión al interior del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso. Diversos funcionarios, protegidos por el anonimato para evitar represalias, aseguraron que los informes fueron impuestos por la jefatura jurídica y firmados bajo coacción.
“Firmamos influidos por la presión de nuestros superiores jerárquicos, bajo amenaza de que si no lo hacíamos se iba a informar que nos negábamos a obedecer órdenes, lo que ponía en riesgo nuestro trabajo”, afirmaron a Biobío.
Además, los trabajadores revelaron una irregularidad en los plazos: la resolución que cita los informes es del 9 de abril, pero estos fueron firmados recién el 13 de abril, evidenciando una presunta fabricación de antecedentes ex post facto. Según los técnicos, la demolición es una medida desproporcionada:
“De acuerdo a lo observado en las revisiones, las casas no deben ser demolidas, sino que los problemas podían ser arreglados”.
La abogada Erika Maira Bravo, en representación de la entidad patrocinante, Social Arquitectura, liderará querella, que sostiene que se habrían forzado causales de término de contrato que no existen en la realidad técnica del proyecto, afectando no solo a la constructora San Sebastián, sino a cientos de familias que ven postergada su solución habitacional.
Desde la cartera que lidera Poduje, la respuesta ha sido tajante. Niegan cualquier tipo de presión hacia los subalternos y aseguran que la decisión de paralizar las obras tiene un sustento técnico sólido en organismos externos como el Idiem de la Universidad de Chile.
De acuerdo al Minvu, el informe Idiem N°2.178.994 es concluyente al señalar que las viviendas presentan "insuficiencias estructurales en cuanto a resistencia" y que no cumplen con la normativa sismorresistente ni de protección contra el fuego.
Respecto a las fechas de las firmas, el Minvu desestimó las acusaciones de falsedad: “Que algunos fiscalizadores técnicos hayan firmado con posterioridad no altera el hecho de que el contenido técnico, las observaciones y las conclusiones ya existían previamente”.
Finalmente, el Ministerio enfatizó que no permitirán que se entreguen casas defectuosas: “Permitir la continuación de las obras con las deficiencias acreditadas significa consolidar soluciones habitacionales defectuosas y exponer a las familias a riesgos incompatibles”.
Mientras el Ministerio ha instruido un sumario administrativo para investigar las anomalías en el proceso de reconstrucción, la justicia deberá determinar si el ministro Poduje y su equipo incurrieron en delitos para forzar la salida de los actuales ejecutores del proyecto en El Olivar. Por ahora, las obras siguen detenidas y las familias, entre escombros y burocracia.
PURANOTICIA
