Duro golpe a Iván Poduje: empresa removida de la reconstrucción en El Olivar se querella por fraude al Fisco y otros graves delitos

Una ofensiva judicial de alto impacto político enfrenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) luego que la empresa Social Arquitectura Ltda. presentara una querella criminal contra el ministro Iván Poduje Capdeville ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, acusándolo de una serie de actuaciones que, a juicio de la entidad patrocinante, derivaron en su exclusión del proceso de reconstrucción del sector El Olivar y en la demolición de viviendas cuya ejecución ya se encontraba en marcha.

La acción legal también fue dirigida contra el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz Fernández, y contra el director subrogante del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz Henríquez, a quienes atribuye participación en una serie de decisiones administrativas que habrían terminado afectando tanto a la empresa como a las familias beneficiarias del plan de reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

De acuerdo con el escrito judicial –documento de 168 páginas al que accedió Puranoticia.cl– los hechos denunciados configurarían los delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco. La presentación constituye uno de los cuestionamientos más severos que ha enfrentado hasta ahora el proceso de reconstrucción tras la catástrofe de febrero de 2024, especialmente porque involucra directamente a la máxima autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

EL CONFLICTO DE FONDO

La controversia se remonta al proceso de reconstrucción desarrollado en El Olivar, uno de los sectores más golpeados por la tragedia que afectó a Viña del Mar durante el verano de 2024. Social Arquitectura participaba como entidad patrocinante en la ejecución de proyectos habitacionales junto a la Constructora San Sebastián, en el marco de las iniciativas impulsadas para reponer viviendas destruidas por el fuego.

Sin embargo, tras el cambio de administración en el Gobierno comenzaron a surgir diferencias técnicas respecto a la calidad y condiciones de algunas construcciones, situación que derivó en observaciones realizadas por organismos especializados y posteriormente en decisiones adoptadas por autoridades del Minvu y del Serviu.

Es precisamente en ese contexto donde la empresa querellante sostiene que se produjo una serie de actuaciones irregulares destinadas a marginarla del proceso. 

Según la querella, las autoridades emitieron diversos actos administrativos durante marzo y abril de este año que terminaron afectando la continuidad de las obras y la permanencia de las empresas involucradas en el proyecto. Entre ellos aparecen mencionados el Ordinario N°245 del 24 de marzo de 2026, el Ordinario N°263 del 8 de abril de 2026, además de distintas resoluciones exentas dictadas posteriormente.

A juicio de la empresa, dichas actuaciones habrían carecido de fundamentos suficientes y tendrían como consecuencia directa la paralización de obras, la terminación de contratos y la exclusión de Social Arquitectura y de la Constructora San Sebastián del proceso de reconstrucción en la parte alta de la comuna de Viña del Mar.

FRAUDE AL FISCO

Uno de los capítulos más delicados de la querella dice relación con la demolición de cuatro viviendas construidas en El Olivar. Según expone la empresa Social Arquitectura en la acción judicial, las observaciones técnicas emitidas por organismos especializados no justificaban la demolición de dichos inmuebles, por lo que las decisiones adoptadas después habrían provocado un perjuicio económico al Estado.

De hecho, la querella cifra ese daño fiscal en 2.332 UF, vale decir, cerca de 95 millones de pesos ($94.900.740) al valor actual de la unidad de fomento en nuestro país. De acuerdo con el detalle contenido en la presentación, el monto considera unas 320 UF correspondientes a trabajos de demolición y otras 2.012 UF asociadas al valor de las obras ejecutadas y a la asistencia técnica desarrollada en el marco del proyecto.

Por ello, la empresa sostiene que las decisiones adoptadas por las autoridades no sólo habrían afectado a las constructoras involucradas, sino también al patrimonio fiscal, configurándose eventualmente el delito de fraude al Fisco.

LA TESIS CONTRA PODUJE

Uno de los aspectos más llamativos del escrito es que la querella intenta establecer una línea temporal que se remonta incluso a antes de que Iván Poduje asumiera como Ministro de Vivienda y Urbanismo. Para ello, incorpora diversos antecedentes relacionados con reuniones, declaraciones y actuaciones públicas realizadas por el arquitecto de profesión cuando aún no formaba parte del gabinete de José Antonio Kast.

Por ejemplo, el 18 de marzo de 2026, Poduje subió un video desde las faenas en El Olivar, donde indicaba que las obras “están botadas”. Esto permitió, además, justificar su decisión de enviar una fiscalización “desde Santiago”. La querellante afirma que los trabajadores estaban "a sus espaldas hormigonando desde el camión betonero".

La tesis de la querellante es que existía una postura crítica previa respecto de Social Arquitectura y de San Sebastián, lo que posteriormente habría influido en las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Vivienda. Con ese objetivo, la acción judicial incluye transcripciones de reuniones con vecinos, referencias a intervenciones públicas y otros antecedentes que –según la firma– demostrarían una posición previamente formada respecto de las empresas que participaban en la reconstrucción.

A juicio de los querellantes –y tal como lo indicó la abogada Érika Maira en entrevista con Puranoticia.cl– aquello permitiría sostener que determinadas decisiones administrativas no habrían estado guiadas sólo por consideraciones técnicas o jurídicas.

LOS OTROS PRESUNTOS DELITOS

Otro eje de la querella apunta a cuestionar el contenido y fundamento de diversos actos administrativos emitidos durante el proceso. La empresa que presentó la acción judicial sostiene que algunas resoluciones y documentos oficiales contendrían afirmaciones que no se ajustarían a los antecedentes técnicos disponibles, por lo que atribuye la eventual comisión de delitos vinculados a la falsificación ideológica de instrumento público y al uso malicioso de documentos supuestamente falsos.

Asimismo, plantea que las autoridades habrían dictado resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico, tesis que fundamenta la acusación por prevaricación administrativa. Todos estos antecedentes forman parte de la investigación que eventualmente deberá desarrollar el Ministerio Público si la acción judicial se acoge.

REPERCUSIONES POLÍTICAS

La querella adquiere especial relevancia considerando que involucra directamente a un Secretario de Estado y a dos de las principales autoridades del Ministerio de Vivienda y, además, responsables de la reconstrucción en la región de Valparaíso.

Asimismo, se produce en momentos en que el Gobierno ha defendido públicamente la necesidad de reforzar los controles técnicos sobre los proyectos habitacionales levantados tras la catástrofe de 2024 que, además, le costó la vida a 138 personas. Por lo mismo, la acción de Social Arquitectura podría abrir un nuevo frente de controversia sobre la forma en que se ha desarrollado la reconstrucción en El Olivar y de las decisiones adoptadas por los organismos públicos encargados de supervisarla.

De todas maneras, ahora será la justicia la encargada de determinar si los antecedentes expuestos por la empresa son suficientes para dar curso a una investigación penal y establecer eventuales responsabilidades. Por ahora, la querella representa la versión de una de las partes involucradas en el conflicto y contiene acusaciones que deberán ser contrastadas durante el proceso judicial.

PURANOTICIA