Dueños de 42 buses denuncian millonarios subsidios pendientes tras salida de Viña Bus y piden rastrear monto cercano a $200 millones

La eventual existencia de recursos públicos pendientes de distribución por servicios de transporte prestados por una flota de 42 buses del Gran Valparaíso abrió una nueva arista en la controversia que mantienen sus propietarios con la empresa Viña Bus S.A., luego que los afectados solicitaran al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a la Seremi de Transportes de Valparaíso y a la Contraloría General de la República establecer documentalmente qué ocurrió con dichos dineros.

Los propietarios, anteriormente vinculados operacionalmente a la compañía de la familia de Reinaldo Sánchez, afirman que existen pagos asociados a subsidios por congelamiento tarifario y al beneficio de tarifa rebajada para adultos mayores que corresponderían a períodos en que sus máquinas prestaron servicios. La relación civil y operacional con la empresa terminó el 19 de marzo de 2026, quedando recursos pendientes asociados a meses anteriores y a la parte proporcional de marzo.

Así lo explicó a Puranoticia.cl Carolina Gallardo, empresaria y representante de los propietarios afectados, quien cifró en unos $200 millones el monto que estiman involucrado y advirtió que el problema no sólo afectaría a los dueños de las máquinas, sino también a los conductores que trabajaron durante los períodos respectivos.

"Estamos hablando de una suma que estimamos cercana a los $200 millones, considerando los recursos pendientes asociados a nuestra flota de 42 buses que prestó los servicios vinculados a Viña Bus S.A. hasta el 19 de marzo de 2026. En materia de congelamiento tarifario quedaron pendientes periodos correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, además de la parte proporcional correspondiente a los 19 días de marzo del 2026. A ello se le agregan recursos del beneficio tarifa rebajada para adultos mayores, respecto de los cuales existen pagos pendientes aún de distribución hacia nuestra flota", explicó.

La vocera también indicó que "existe un aspecto que para nosotros es importante: estos recursos afectan no solamente a los propietarios de los buses. De acuerdo con la forma en que históricamente se distribuían estos pagos, aproximadamente hasta un 22% correspondía a nuestros conductores, dependiendo de cada uno de los casos. Estamos hablando de 42 trabajadores у sus familias que prestaron efectivamente los servicios durante esos periodos y que hasta hoy no han podido recibir la parte que le corresponde, porque esos recursos no han llegado a nuestras cuentas".

De esta manera, la principal interrogante no apunta únicamente a determinar si los subsidios fueron pagados por el Estado, sino a establecer qué ocurrió posteriormente con ellos. Para los propietarios, los antecedentes disponibles permitirían acreditar que los 42 buses estuvieron efectivamente operativos en los períodos señalados, mientras que el destino de los recursos asociados es precisamente lo que solicitan esclarecer.

Junto a explicar que el servicio prestado puede ser corroborado con GPS, recorridos realizados, registro de garitas y antecedentes de los trabajadores, Gallardo indicó que "posteriormente tomamos conocimiento de que se habrían efectuado los pagos de los subsidios que se encontraban atrasados a nivel global, de una manera retroactiva. Sin embargo, los recursos correspondientes a nuestros 42 buses no llegaron a las cuentas donde históricamente nuestra empresa recibía estos pagos y hasta hoy no hemos recibido una explicación formal y documentada que permita establecer qué ocurre con ellos. Por eso hemos sido muy cuidadosos en este punto".

Asimismo, planteó a Puranoticia.cl que "no queremos especular, queremos que exista una trazabilidad y lo que estamos solicitando al Ministerio de Transporte y a los organismos fiscalizadores es que informen cuándo se pagaron esos recursos, cuánto se pagó por cada periodo y por cada bus o patente, a qué entidad fueron transferidos, cuál fue la cuenta receptora y qué ocurrió posteriormente con dichos fondos. La parte que más nos interesa es que ocurrió con dichos fondos. Es precisamente la pregunta central que me planteo yo personalmente: ¿dónde están los recursos correspondientes a los servicios efectivamente prestados por esos 42 buses y que también involucran a 42 trabajadores, y por qué no llegaron a sus destinatarios finales? Creemos que esa pregunta no debe responderse mediante suposiciones, sino que mediante documentos, transferencias bancarias, resoluciones y registros oficiales".

La representante de los propietarios insiste en que la solicitud no busca establecer anticipadamente responsabilidades, sino que el objetivo central es reconstruir el recorrido de los recursos, desde su origen estatal hasta su eventual distribución. Para ello, plantean que la fiscalización debería considerar los montos correspondientes a cada período y, cuando sea posible, individualizarlos según cada patente.

En paralelo, la empresaria afirmó que han realizado gestiones ante autoridades y que hasta ahora no cuentan con una respuesta formal que permita cerrar la interrogante respecto del destino de los dineros. También aseguró haber intentado comunicarse con Matías Sánchez, gerente general de Viña Bus, sin obtener respuesta.

"Hemos realizado gestiones, hemos llevado estos antecedentes al conocimiento de autoridades, particularmente de la Comisión de Transportes, porque entendemos que esto, al tratarse de recursos públicos, destinados a subsidiar servicios de transporte efectivamente prestados, debe existir absoluta claridad respecto del recorrido desde que salen del Estado hasta dónde llegan finalmente, y si llegan finalmente a quién corresponde", continuó expresando Carolina Gallardo.

En ese sentido, expuso también que "lo que esperamos de la Seremi de la Transporte y de la Contraloría es algo muy concreto: que construyan documentalmente la ruta completa de este dinero. Aquí estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando del IVA que pagamos todos los ciudadanos, de las contribuciones, del impuesto a la renta, del impuesto al tabaco, estamos hablando del dinero de todos los chilenos, no es el dinero de una empresa privada. Queremos conocer la fecha de los pagos, los montos correspondientes a cada periodo y, de ser posible a cada patente".

La petición incluye además conocer la entidad que habría recibido los recursos, las cuentas bancarias receptoras, eventuales descuentos y la distribución posterior de los fondos. Gallardo recalca que, según su planteamiento, el objetivo es determinar con documentos dónde se encuentran actualmente los recursos y cuál fue su destino.

Bajo este contexto, recalcó que "no estamos pidiendo que ninguna autoridad llegue a una conclusión anticipada, estamos solicitando que se fiscalice y que se determinen los hechos porque aquí no sólo estamos afectados nosotros como familia –mi hermana, yo y mi madre, que somos las empresarias, las prestadoras de servicio–, sino que están afectadas las 42 familias de esos conductores que hasta el día de hoy no reciben el porcentaje de cada uno de esos subsidios y que no deja de ser un dinero que para ellos es importante. Yo me comprometí con ellos de determinar dónde estaba ese dinero y efectivamente pagárselos, como siempre lo hice cada vez que llegaba un dinero retroactivo, aunque estuviera ya fuera de Viña Bus".

Acerca de los trabajadores afectados, la representante manifestó que "ellos hoy por hoy se encuentran imposibilitados de alegar sobre este tema porque si alegan quizás van a ser despedidos. No olvidemos nunca que es un rubro donde todos se conocen. Cuando me refiero a que pueden tomar represalias contra ellos, me refiero a que los conductores siguen trabajando con distintas flotas, con distintos empresarios, asociados a Viña Bus, entonces por eso ellos están de brazos atados hoy por hoy".

La controversia, de esta manera, se concentra en establecer la trazabilidad de los subsidios que, de acuerdo con los propietarios, fueron generados durante períodos en que sus 42 buses prestaron servicios y que posteriormente habrían sido pagados de manera retroactiva. Es por ello que los afectados piden que esa información sea contrastada con resoluciones, antecedentes administrativos, registros contables y transferencias bancarias. Por ahora, los propietarios esperan que la revisión de los organismos públicos permita determinar, con antecedentes verificables, las fechas de pago, montos, beneficiarios y destino posterior de los subsidios que reclaman. 

PURANOTICIA