Diputado Celis pide agilizar respuesta de la Superintendencia de Salud tras 50 días de envío de oficio por Ley TEA

A más de tres años de la publicación de la Ley TEA, el diputado Andrés Celis recalcó la necesidad de contar prontamente con los antecedentes solicitados para verificar su cumplimiento en el sistema de salud y conocer si las coberturas correspondientes están siendo efectivamente otorgadas a las personas autistas.

“Las familias hicieron una lucha enorme para que Chile tuviera una Ley TEA y ese avance tiene que traducirse en derechos que se cumplan de verdad. Necesitamos tener la certeza de que cuando una persona autista llega al sistema de salud encuentra profesionales preparados, una atención acorde a sus necesidades y las garantías que la propia ley estableció. Esa es la respuesta de fondo que estamos buscando”, señaló.

El requerimiento pide detallar las fiscalizaciones efectuadas desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.545, sus resultados y el seguimiento realizado a los hallazgos detectados en los diferentes prestadores de salud.

Entre las materias consultadas se encuentran la difusión de los derechos de las personas autistas, la capacitación de los profesionales de la salud y la coordinación de las derivaciones de casos con sospecha de TEA provenientes de establecimientos educacionales.

El oficio también aborda las coberturas entregadas por las isapres y los montos máximos anuales de bonificación contemplados en planes complementarios para determinadas prestaciones.

Según plantea el documento, estos límites pueden convertirse en una barrera real de acceso, por lo que se solicitó informar las instrucciones impartidas para resguardar el acceso a las prestaciones que requieren las personas autistas.

“No puede haber diferencias en el cumplimiento de la Ley TEA dependiendo del prestador de salud al que llegue una persona. La normativa es una sola y las garantías también. Sería inaceptable que en Chile terminemos teniendo personas autistas con más o menos protección dependiendo de dónde se atienden. Una garantía que cambia de un prestador a otro deja de ser una garantía, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar”, sostuvo Celis.

Cabe señalar que la Ley N° 21.545 establece garantías destinadas a resguardar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y una atención acorde a las necesidades de las personas autistas. Además, entrega a la Superintendencia de Salud la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vinculadas a su atención sanitaria.

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