El parlamentario cuestionó la gestión del histórico inmueble de Viña del Mar y presentó antecedentes al ente fiscalizador para que se pronuncie sobre posibles irregularidades.
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El diputado Andrés Celis realizó una presentación ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que emita un pronunciamiento respecto al uso del Hotel O’Higgins, inmueble de propiedad municipal, como espacio para actividades que calificó de "carácter político-ideológico".
Según denunció, el recinto habría sido gestionado para eventos que desvirtuaban su finalidad original y los objetivos municipales establecidos por la ley.
En el oficio, el parlamentario señaló que el pasado 10 de diciembre se realizó en el hotel una exposición organizada por el colectivo “Hilos de la Memoria”, que incluyó mensajes relacionados con organizaciones como el MIR y Hezbolá, además de consignas políticas como “No al Genocidio en Palestina”. Estas actividades, según el legislador, habrían sido autorizadas por la Municipalidad de Viña del Mar bajo el pretexto de un acto cultural en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de dicho uso.
“El Hotel O’Higgins es un bien público que debería estar destinado al turismo y a actividades que representen un beneficio general para la comunidad. No puede convertirse en una herramienta para promover visiones ideológicas que dividan a la sociedad o que vulneren el marco legal que regula el uso de los bienes municipales”, declaró.
Celis solicitó que se investigara si las actividades realizadas en el recinto respetaban la normativa vigente y los dictámenes de la Contraloría General de la República, los cuales exigen que los inmuebles municipales se utilicen exclusivamente para los fines propios del municipio. Además, cuestionó la ausencia de licitaciones o planes concretos para recuperar el propósito hotelero del inmueble, enfatizando que el recinto no estaba cumpliendo con los estándares turísticos ni culturales esperados para un lugar de su relevancia.
Expresó que es fundamental que la Contraloría determine si las autoridades municipales actuaron de manera correcta al permitir estas actividades y si se vulneraron los principios de administración pública.
“La ciudadanía tiene derecho a saber si el patrimonio de todos está siendo gestionado de forma transparente y apegada a la ley. No es aceptable que un inmueble tan emblemático como el Hotel O’Higgins se utilice para fines que no benefician a la comunidad de manera amplia e inclusiva”, finalizó.
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