El diputado del Distrito 7 por la Región de Valparaíso presentó un recurso de protección para evitar el desalojo del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar y resguardar el derecho a la educación de 831 estudiantes a días del inicio del año escolar 2026.
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El diputado del Distrito 7 por la Región de Valparaíso, Arturo Barrios, realizó una presentación de un Recurso de Protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en favor de 831 estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, quienes hoy enfrentan la incertidumbre de quedar sin establecimiento educacional a pocos días de iniciarse el año escolar 2026.
“Quiero informar que hoy hemos hecho la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en favor de los 831 estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, -con el abogado Diego Tapia Rivera- quienes enfrentan la amenaza de quedar sin establecimiento educacional a pocos días del inicio del año escolar 2026, debido al inminente desalojo del inmueble donde actualmente funciona el colegio. Esta acción de protección busca resguardar y cautelar el derecho constitucional a la educación de niñas, niños y adolescentes, evitando que un conflicto entre privados termine afectando la continuidad de su proceso educativo, tal como lo hemos conversado con Cecilia Díaz, Vicepresidenta del Centro de Padres y Apoderados de este tradicional colegio viñamarino” dijo el diputado Barrios.
Asimismo, el parlamentario socialista indicó que “el objetivo del recurso es que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar el normal desarrollo del año escolar y evitar el desalojo mientras no exista una solución clara para esta comunidad educativa. Aquí hay más de 800 estudiantes y sus familias que hoy viven con una enorme incertidumbre. El Estado no puede ser un mero espectador cuando está en riesgo el derecho a la educación. Lo que corresponde es actuar con rapidez y asegurar que estos niños, niñas y jóvenes puedan iniciar su año escolar con normalidad y con las certezas que merecen”.
De igual manera, el diputado Barrios reiteró que “El Estado de Chile, y en particular el Ministerio de Educación, no puede limitarse a observar esta situación como si fuera un problema ajeno. Cuando hablamos del derecho a la educación, hablamos de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, pero también de una responsabilidad concreta del Estado: garantizar que los estudiantes puedan continuar sus trayectorias educativas con estabilidad, con certeza y con condiciones adecuadas para aprender”.
En esa misma línea, el parlamentaria planteó que es por ello que ha recurrido a la Justicia: “Hoy 831 estudiantes no saben si podrán seguir junto a sus compañeros, con sus profesores, en el proyecto educativo que sus familias eligieron. Y entre ellos hay también estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes del Programa de Integración Escolar, que requieren estabilidad y acompañamiento, no incertidumbre ni improvisación. Esto no es para polemizar, sino para defender el derecho a la educación de estos estudiantes y exigir que se tomen decisiones urgentes”.
Finalmente, el diputado Arturo Barrios informó que “Lo que estamos pidiendo es algo elemental: que se resguarde la continuidad del proceso educativo y que, mientras no exista una solución clara y segura para esta comunidad educativa, no se materialice un desalojo que dejaría a cientos de estudiantes literalmente sin colegio a días de iniciar el año escolar. No estamos hablando de cifras o de trámites administrativos, estamos hablando de niños, niñas y jóvenes que necesitan certezas, que necesitan saber que el sistema educativo y el Estado estarán a la altura cuando sus derechos están en riesgo”.
PURANOTICIA
