Los abogados de Social Arquitectura y San Sebastián cuestionaron el actuar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y apuntaron directamente contra su titular, Iván Poduje, a raíz del proceso de reconstrucción iniciado el viernes 22 de mayo en la parte alta de Viña del Mar.
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El inicio del confuso proceso de reconstrucción de viviendas en el sector de El Olivar, tras el megaincendio de febrero de 2024 en la parte alta de Viña del Mar, abrió una nueva controversia luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comenzara labores de demolición y desmantelamiento de casas que presentaban observaciones estructurales, según lo establecen informes técnicos conocidos por la cartera.
La situación generó una serie de fuertes cuestionamientos por parte de la entidad patrocinante Social Arquitectura y de la constructora San Sebastián, empresas que acusan falta de transparencia, arbitrariedad e incluso ilegalidad en el actuar de las autoridades encabezadas por el titular de esta secretaría de Estado, Iván Poduje.
Fue el propio seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, quien defendió la legalidad del procedimiento, señalando que el Minvu “está actuando dentro de las facultades y exigencias que nuestra legislación y nuestra normativa vigente nos permite. De forma precisa, estamos actuando dentro de la facultades que permite el artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece que el inspector técnico puede –previo informe fundado– ordenar la demolición de aquellas partidas que estén mal efectuadas, así que estamos actuando dentro de la legalidad existente”.
Sin embargo, la explicación entregada por el Gobierno no convence ni a la entidad patrocinante que ha acompañado a las familias afectadas ni a la empresa constructora que ejecutó el proyecto habitacional. Ambas partes aseguran que no existe claridad respecto de las autorizaciones para concretar demoliciones y cuestionan tanto la forma como el fondo del proceso que actualmente se desarrolla en el sector.
En conversación con Puranoticia.cl, la abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, manifestó sus reparos indicando que “lo que podemos observar es un cúmulo de situaciones bastante poco transparentes e irregulares. Tuvimos reportes de que llegaron personas a hacer demoliciones, sin papeles para ello y que se habían retirado después”. Asimismo, dijo que “también pudimos observar argumentaciones bastante curiosas en relación a las demoliciones. Les llamaron desarmes. Hay resoluciones que hablan de desarme, pero después hablan de demolición”.
La profesional además planteó que “vimos que efectivamente se ejecutaron demoliciones con retroexcavadoras y máquinas. Entonces, ni la gente, ni nosotros, ni los abogados, ni los arquitectos, ni los ingenieros que han podido estudiar este caso, entendemos nada. Lo que entendemos es que hay irregularidades y una falta de transparencia grave, que nos preocupa muchísimo, teniendo presente que estamos ante una autoridad del Estado de la más alta investidura”.
Las críticas también apuntaron directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje. Desde la firma acusaron inconsistencias entre los antecedentes técnicos y las decisiones adoptadas por la cartera. En ese contexto, Maira sostuvo que lo ocurrido en El Olivar “es gravísimo porque están mintiéndole a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y le mienten a la gente. Hay una falta de transparencia impresionante y no entiendo cómo un proceso tan delicado se puede llevar con ese nivel de faltas a la verdad”.
La entidad patrocinante recalca que existen dos informes técnicos elaborados por el Idiem que concluyen que las viviendas cuestionadas pueden ser reforzadas estructuralmente y no necesariamente demolidas. Bajo ese escenario, la abogada señaló que “lo más preocupante es que las casas que fueron demolidas este fin de semana me parece que están usadas, desde el punto de vista simbólico, para demostrar que el ejercicio del poder puede llegar hasta este punto, pero no se pueden aplastar los derechos de las personas ni los sentimientos de las personas”.
Asimismo, la profesional de las leyes subrayó en la entrevista con Puranoticia.cl que “es gravísimo lo que ha ocurrido y, desde lo técnico, esas casas no son aquellas respecto de las cuales se hicieron observaciones en los informes del Idiem ni del Ditec. Entonces, lo que estamos viendo es la demolición innecesaria e injustificada de viviendas sociales que se estaban construyendo y que se hace bajo el pretexto de que las familias autorizaron un proceso con una falta de transparencia impresionante”.
Pero los cuestionamientos no sólo provienen de la entidad patrocinante. Desde la constructora San Sebastián, empresa a cargo de levantar las más de 350 viviendas que serán demolidas, también apuntaron duramente contra el actuar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y particularmente contra el ministro Poduje. Su abogado, Jaime Barrientos, afirmó que “esto es una arbitrariedad en la que ha incurrido el ministro de Vivienda, señor Poduje, realmente descomunal. El principio de juridicidad, legalidad, dispuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, el ministro los ha arrugado y los ha tirado a la basura. Yo estoy muy sorprendido”.
Junto con ello, el jurista expresó que “estoy muy decepcionado de un ministro que pertenece precisamente a un Gobierno que respeta al sector privado. El ministro Poduje ha dinamitado 30 años de confianza entre el sector público y privado que han permitido el desarrollo de la infraestructura en Chile, la construcción de viviendas sociales. Hoy yo te puedo asegurar que ninguna empresa seria en Chile se atreverá a contratar con el Ministerio de Vivienda porque está sujeto al voluntarismo de un ministro que derechamente no acata la ley”.
Barrientos además indicó que la propia documentación técnica del Ministerio respaldaría inicialmente a la constructora. En ese sentido, explicó que “el propio Ditec informa el 20 de marzo que el proyecto y la construcción no solo se ajusta a derecho, sino que también está por sobre el estándar. Después se dictó –como el ministro, antes incluso de asumir el cargo, ya había ido a criticar el proyecto y en realidad creo que ese es su error porque aquí quedó cazado en sus propias palabras que pronunció antes de tener los antecedentes técnicos– y hoy está tratando de acomodar informes que no existían al momento de dictarse las resoluciones para poder fundar y justificar una decisión que claramente es arbitraria e ilegal”.
El abogado también manifestó que incluso dentro del propio Serviu existirían dudas respecto de las facultades legales para ejecutar las demoliciones, señalando que “esto de la ilegalidad no lo digo solamente yo, lo dice el propio jefe del Departamento Jurídico del Serviu de la región de Valparaíso, un distinguido colega que, en su ordinario 3269 del 12 de mayo, dirigido al director de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, le pregunta y le dice: 'Mire, señor director, en su condición de primer llamado a decretar demoliciones, ¿cómo podría ser la del artículo 143? En la interpretación que presentamos solicitamos su pronunciamiento'. O sea, el propio director del Serviu, el propio jefe jurídico del Serviu de la región de Valparaíso, que es uno de los principales asesores del Ministro de Vivienda en esta materia, le está diciendo, mire, sabe qué jefe, aquí yo no estoy seguro si nosotros tenemos las facultades para demoler o no”.
En esa línea, Barrientos añadió que “yo creo que aquí hay un voluntarismo inaceptable de un ministro que –me temo– está más preocupado de quedar bien ante las cámaras, de montar este espectáculo que montó el día viernes, en lugar de soluciones para los vecinos”.
El representante de la constructora criticó la falta de diálogo con las partes involucradas y adelantó futuras acciones legales: "Jamás me había tocado una ausencia total de disposición a escuchar, y yo creo que en eso erra el ministro de Vivienda, que se ha negado a dialogar, se ha negado a escuchar y ha actuado con una prepotencia verdaderamente inusitada. 20 años de trayectoria los ha puesto en cuestionamiento y por supuesto que nosotros como constructora nos defenderemos, vamos a ir por la responsabilidad del ministro, ya que hay un daño reputacional gigantesco que él le ha causado a una constructora seria como San Sebastián y, por lo tanto, esperamos que los tribunales en los ritmos de los tribunales puedan fallar sobre este asunto”, expresó.
Mientras avanzan las labores de demolición y reconstrucción en El Olivar, la controversia sigue escalando entre el Ministerio de Vivienda, las entidades técnicas y la empresa constructora, en un conflicto que continuará en los tribunales. Las dudas respecto de la legalidad del proceso, la existencia de informes contradictorios y las acusaciones de falta de transparencia mantienen abierto un debate que involucra tanto el futuro habitacional de cientos de familias como las responsabilidades administrativas y políticas detrás de una de las intervenciones urbanas más controvertidas de los últimos años en la región de Valparaíso.
PURANOTICIA
