Familias afectadas valoraron la apertura de autoridades, pero insistieron en la necesidad de un programa integral y permanente de acompañamiento psicológico y social.
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Con un fuerte llamado a priorizar la salud mental de los damnificados, familiares de víctimas del megaincendio de 2024 en Viña del Mar y Quilpué sostuvieron una reunión con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, instancia que calificaron como un avance tras años de “invisibilidad”.
Carlos Díaz, padre que perdió a su hija y a la madre de ella en la tragedia, valoró el encuentro, aunque subrayó el abandono previo. “Lo primero que necesita el ser humano es un apoyo, ya sea psicológico (…) y eso desafortunadamente para nosotros no lo tuvimos”, afirmó.
El representante de los deudos recalcó que el impacto emocional ha sido profundo y prolongado: “Nos ha costado mucho volver a creer (…) ha sido un desgaste muy grande”, agregando que la principal urgencia ahora es “poder superar psicológicamente” lo vivido.
Durante la reunión, los afectados plantearon formalmente la necesidad de implementar un programa de salud mental con seguimiento continuo, que incluya atención psicológica y psiquiátrica, así como acompañamiento a largo plazo.
“Más del 98% de las personas no ha tenido apoyo psicológico ni psiquiátrico”, advirtió Díaz, enfatizando que la ayuda no debe limitarse a intervenciones puntuales, sino a un proceso sostenido.
En la misma línea, Rigoberto Sanhueza, otro de los voceros, señaló que esta medida es solo el punto de partida: “Una ayuda en plan de salud mental es muy importante, eso es indudable, pero esto va más allá (…) es acompañar y reinsertar socialmente”, sostuvo.
El dirigente también destacó el impacto transversal del desastre: “El dolor en muchos de ellos se puede extender a hijos, nietos, hermanos… esto ha sido brutal”, afirmó.
Los testimonios coincidieron en cuestionar la falta de respuesta oportuna tras la tragedia. “Sufrimos la invisibilidad y la falta de respeto del gobierno anterior”, acusó Sanhueza, aunque precisó que el foco actual está en avanzar.
Díaz fue más categórico al comparar gestiones: “Por parte de la administración anterior nunca existió la voluntad ni siquiera de acercarse”, mientras que ahora “la gente ha empezado nuevamente a creer en que sí se pueden hacer cosas”.
Por su parte, el delegado Manuel Millones reconoció la deuda en materia de salud mental y comprometió acciones concretas. “No se logra comprender por qué el Estado falló en algo tan sencillo como acompañar con un problema de salud mental”, indicó.
La autoridad anunció que en un plazo de dos semanas se presentará una propuesta formal que incluirá un enfoque multisectorial. “Se requiere un plan de salud mental, pero también otras áreas (…) un acompañamiento integral”, explicó.
Asimismo, confirmó que ya se designaron profesionales para coordinar el trabajo con las familias y avanzar en una solución estructurada.
Los afectados insistieron en que la tragedia no terminó con el incendio. Según relataron, más de 30 personas han fallecido posteriormente, algunas por causas vinculadas al impacto emocional. “Hay personas que no quieren vivir (…) eso nunca se abordó”, señaló Díaz.
En ese contexto, el llamado es claro: establecer un precedente que permita responder de mejor manera ante futuras catástrofes. “Queremos dejar un precedente para las futuras generaciones”, concluyó Sanhueza.
La próxima reunión, clave para definir el programa solicitado, quedó fijada en las próximas semanas. Mientras tanto, las familias esperan que esta vez el acompañamiento llegue a tiempo.
PURANOTICIA
