Concejala Laura González acusa contrataciones sobre la norma en Quilpué y advierte que cambio de la alcaldesa Corti al presupuesto es "ilegal"

Una gran controversia se ha instalado en la Municipalidad de Quilpué debido al nivel de recursos comprometidos en materia de contratación de personal, situación que llevó a la administración de la alcaldesa Carolina Corti a presentar ante el Concejo Municipal una modificación presupuestaria destinada a financiar dichos gastos.

El escenario fue advertido por la concejala Laura González, (independiente, pero cercana a Renovación Nacional, igual que la alcaldesa), quien cuestionó que la propuesta presentada permita superar, según su interpretación, el límite establecido para las contratas en la Ley 18.883.

La edil explicó que su fiscalización comenzó a partir de la revisión de los recursos destinados a honorarios municipales, particularmente los ítems 2103 y 2104. Según relató, decidió profundizar en esta materia luego de la discusión generada por contrataciones con altas remuneraciones en organismos públicos.

"Considerando la noticia contingente que estaba en ese minuto, que era la contratación de personas con poca experiencia laboral o derechamente sin ningún título profesional que estaban siendo contratados por el Gobierno con sueldos millonarios, es que decidí –en mi rol fiscalizador– ejercer esa función particularmente en ese ámbito, los 2103 y los 2104, que básicamente son los honorarios del Municipio de Quilpué", explicó González en conversación con el matinal de Puranoticia.cl.

A partir de los antecedentes que solicitó a la administración la alcaldesa Corti, la concejala aseguró que pudo revisar distintos tipos de prestaciones de servicios, correspondientes a programas comunitarios y personas vinculadas a la administración o al gabinete. Según precisó, su análisis no estuvo dirigido contra personas determinadas, sino que buscaba contar con un panorama general de las contrataciones.

De igual forma, agregó que los antecedentes sobre las remuneraciones se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia, por lo que decidió solicitar formalmente la información para analizar la situación presupuestaria del municipio.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Vale recordar que los recursos destinados a la planta y a las contratas son considerados en la planificación presupuestaria y existe un límite legal para estas últimas.

No obstante, la controversia aumentó en la Ciudad del Sol luego de que la administración presentara una modificación presupuestaria ante el Concejo Municipal. La propuesta fue posteriormente retirada y presentada nuevamente con cambios, pero González mantiene su cuestionamiento respecto de la legalidad de ella.

"Es un tema bien interesante porque precisamente ahora, justo después de mi intervención de los honorarios, surge la necesidad de la administración de presentarnos una modificación presupuestaria al Concejo Municipal", señaló la abogada de profesión, quien explicó que la propuesta del municipio contempla trasladar recursos al subtítulo 21, destinado al pago de remuneraciones.

En ese contexto, la concejala Laura González sentenció que la iniciativa "es una modificación presupuestaria que es ilegal porque excede el 40% de la contrata que establece el artículo 2 de la ley de 18.883", agregando que la administración busca inyectar "459 millones de pesos y fracción al ítem contratas".

Bajo este contexto, la edil adelantó que rechazará la modificación cuando sea sometida a consideración del Concejo Municipal. Su argumento no se limita al límite de las contratas, sino que también apunta a las eventuales consecuencias de cerrar el año presupuestario con un déficit.

Al respecto explicó que "voy a rechazar esta modificación, no solamente porque infringe y vulnera derechamente un límite que establece la ley, sino que porque el artículo 81 de la ley 18.695, que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que si al cierre del año presupuestario, esto es al 31 de diciembre del año 2026, hubiese un déficit dentro del presupuesto (...) el déficit que se provoque, nosotros como concejales somos responsables solidariamente con nuestro patrimonio personal y yo personalmente no estoy dispuesta a eso".

CUESTIONA A UNIDADES

González también puso el foco en los mecanismos internos del municipio que deberían advertir este tipo de situaciones. A su juicio, el escenario actual no corresponde a un hecho que no pudiera haberse previsto durante la ejecución presupuestaria.

"Esto no es un caso fortuito, no es algo que no se podía haber previsto porque por algo existen unidades dentro del Municipio, como es la unidad de Control, que tiene la obligación de representar este tipo de actuaciones de la administración", planteó, agregando que cuando una actuación administrativa puede vulnerar una norma o poner en riesgo su legalidad, corresponde que sea advertida por las unidades.

También apuntó al administrador municipal, a quien atribuyó responsabilidades dentro del proceso de autorización de las contrataciones. González sostuvo que deberían existir alertas de parte de la Dirección de Administración y Finanzas y de Recursos Humanos antes de llegar al escenario presupuestario actual.

"Hay responsabilidad administrativa comprometida dentro de este escenario en el que hoy día estamos porque hoy día lo que nos están pidiendo es esta modificación presupuestaria para poder derechamente pagar los sueldos. Entonces, no es menor", afirmó la autoridad comunal asumida en julio de 2026.

La edil también mencionó la existencia de un dictamen de Contraloría que contempla una excepción al límite cuando el aumento de las contratas responde a la regularización de personas que anteriormente se desempeñaban a honorarios.

En ese punto, manifestó que "yo podría haber estado de acuerdo en haber superado ese límite legal porque la Contraloría establece esa excepción, si es que el exceso de la contracta se debiera a la regularización de sus honorarios, pero no es el caso porque son personas nuevas".

¿FAVORES POLÍTICOS?

Consultada directamente respecto de si las contrataciones podrían estar relacionadas con favores políticos, la concejala evitó establecer una conclusión en esa línea y aseguró que no cuenta con antecedentes suficientes para determinar qué relación existe entre las personas contratadas y la administración municipal.

"No me atrevería a decir que hay pago de favores políticos", respondió González, quien agregó que, con los antecedentes solicitados formalmente al municipio, podría eventualmente formarse una opinión más acabada sobre esas relaciones.

Respecto de las consecuencias que podría tener el actual escenario, la edil sostuvo que "la vía de alcanzar nuevamente el límite legal es el ajuste forzoso del personal. Y eso, en palabras sencilla, es que efectivamente hay que despedir gente".

Sin embargo, González evitó entregar una cifra respecto de cuántas personas podrían eventualmente verse afectadas, señalando que ese dato debería ser proporcionado por la propia administración. Además, precisó que los recursos adicionales no corresponden únicamente a las contratas.

Según detalló, se contemplan $459 millones para contratas, $101 millones para honorarios y aproximadamente $462 millones para los programas comunitarios correspondientes al ítem 2104. "O sea, en realidad hay que suplementar todas las cuentas, no es solamente un tema de las contratas", explicó.

ROL INDEPENDIENTE

Pese a sus cuestionamientos, González señaló que la fiscalización no impide mantener una relación colaborativa con la administración de Carolina Corti, aunque remarcó que el Concejo Municipal debe conservar independencia en su función fiscalizadora.

"Uno puede tener un trabajo colaborativo con la administración, pero igual uno debe tener distancias saludables entre el Concejo y la administración, porque evidentemente nosotros como fiscalizadores de la gestión, la ley nos obliga a esto", sostuvo.

Consultada por la existencia de alguna alternativa distinta al despido de funcionarios, sostuvo que, considerando que quedan tres meses para finalizar el año y que los contratos ya fueron celebrados, no observa otra vía para enfrentar el escenario que describe.

González señaló que las personas contratadas ya recibieron sus remuneraciones entre enero y septiembre y que todavía deben financiarse los últimos tres meses del año. En ese contexto, planteó que las contratas podrían terminar a fines de septiembre como una forma de regularizar la situación, aunque reconoció que se trataría de una medida controversial.

De esta manera, la discusión queda instalada en el seno del Concejo Municipal de Quilpué, donde deberá analizarse la modificación presupuestaria solicitada por la administración de Carolina Corti, mientras la concejala Laura González asegura que la propuesta excedería el límite legal para las contratas y advierte sobre las consecuencias presupuestarias y administrativas que podría generar la situación.

PURANOTICIA