El diputado de la región de Valparaíso, Arturo Barrios, se refiere al proyecto de ley sobre buen trato y bienestar en las comunidades educativas, iniciativa que busca enfrentar el acoso escolar y la violencia como desafíos urgentes del sistema educativo.
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La educación no se reduce a contenidos curriculares, evaluaciones estandarizadas o infraestructura escolar. La educación ocurre, ante todo, en un espacio humano. Y cuando ese espacio está marcado por el acoso escolar, la discriminación o la violencia, el proceso educativo simplemente fracasa, por muy ambiciosos que sean los planes o programas que se diseñen.
En los últimos años, Chile ha sido testigo de un aumento preocupante de situaciones de violencia en establecimientos educacionales: agresiones entre estudiantes, hostigamiento sistemático, discriminación por razones de género, origen social o identidad, y también violencia hacia docentes, asistentes de la educación y equipos directivos. Estos hechos no son aislados ni anecdóticos. Son señales de alerta que interpelan al Estado y a la sociedad en su conjunto.
El proyecto de ley sobre buen trato y bienestar en las comunidades educativas surge precisamente como respuesta a esta realidad. No desde la lógica del castigo inmediato ni de la criminalización de la convivencia escolar, sino desde una convicción más profunda: no hay aprendizaje posible sin entornos seguros, respetuosos y protectores de la dignidad humana.
Esta iniciativa pone el foco en la prevención, entendiendo que el acoso escolar y la violencia no aparecen de un día para otro. Se gestan en contextos donde se normaliza el maltrato, se invisibiliza la discriminación o se deja sola a la comunidad educativa frente a conflictos complejos. Prevenir implica formar, acompañar, establecer protocolos claros y promover una cultura del respeto desde la primera infancia.
Un aspecto central del proyecto es que traslada la responsabilidad desde el individuo aislado hacia la comunidad educativa en su conjunto, reconociendo que el bienestar no es solo un asunto personal, sino una construcción colectiva. Estudiantes, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, familias y sostenedores tienen un rol que cumplir, y el Estado debe garantizar que existan las condiciones institucionales para hacerlo posible.
Asimismo, esta ley reconoce algo fundamental: cuidar la convivencia escolar es también cuidar a quienes educan. Profesores y asistentes de la educación han debido enfrentar, muchas veces sin apoyo suficiente, situaciones de violencia que afectan su salud mental, su vocación y su permanencia en el sistema. Avanzar en buen trato es también dignificar el trabajo educativo y reconocer su dimensión emocional.
La erradicación del acoso escolar y de la discriminación no se logra solo con normas escritas. Requiere coherencia entre el discurso y la práctica, recursos adecuados, formación continua y un compromiso real de las instituciones. Por eso, este proyecto no solo establece deberes, sino que promueve el bienestar como un eje central de la política educativa.
En regiones como Valparaíso, donde los establecimientos educacionales reflejan la diversidad social, cultural y territorial del país, fortalecer la convivencia escolar es clave para reconstruir confianzas y sentido de comunidad. La escuela debe volver a ser un espacio de encuentro, de cuidado y de aprendizaje compartido.
Promover el buen trato no es un gesto simbólico ni una moda legislativa. Es una condición básica para garantizar el derecho a la educación y fortalecer la convivencia democrática. Si aspiramos a formar ciudadanos y ciudadanas respetuosas, solidarias y conscientes de sus derechos, debemos empezar por asegurar que la experiencia escolar esté libre de violencia y discriminación.
Este proyecto de ley apunta en esa dirección. Porque educar no es solo enseñar contenidos, sino también enseñar a convivir, a respetar al otro y a reconocernos en nuestra diversidad. Ese es el desafío que tenemos como país, y es una responsabilidad que no admite postergaciones.
