Pese a las promesas, los equipos tecnológicos no se encuentran operativos, manteniendo la vulnerabilidad ante la posible coordinación de delitos desde el interior del recinto.
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El Complejo Penitenciario de Valparaíso continúa expuesto a la vulnerabilidad de la comunicación inalámbrica no autorizada. A casi dos años de haber sido anunciada como una medida clave para combatir el crimen organizado, la implementación de los inhibidores de señal celular en el recinto penal aún no se ha concretado, levantando alertas sobre la efectividad del Estado en materia de seguridad penitenciaria.
La gravedad de la situación quedó en evidencia tras el reciente reconocimiento público por parte de las autoridades regionales, quienes admitieron que los equipos tecnológicos —comprometidos inicialmente para frenar los ilícitos intramuros— todavía no se encuentran operativos.
La falta de operatividad de esta herramienta tecnológica ha encendido el debate sobre los plazos y la gestión de los recursos de seguridad pública. El problema central radica en el tiempo transcurrido desde el anuncio oficial sin que se hayan materializado las soluciones prometidas para mitigar los delitos coordinados desde las celdas.
Ante este escenario, se han encendido las alarmas parlamentarias. El diputado Jaime Bassa ingresó un oficio dirigido al Director Nacional de Gendarmería de Chile y al Delegado Presidencial Regional de Valparaíso exigiendo explicaciones detalladas sobre el estado real del proyecto y las razones detrás de las demoras administrativas o contractuales.
“Resulta preocupante que una medida anunciada hace casi dos años para impedir la coordinación de delitos desde el interior de las cárceles todavía no esté operativa. Aquí estamos hablando de seguridad pública y de la capacidad efectiva que tiene el Estado para enfrentar fenómenos vinculados al crimen organizado”, advirtió el parlamentario.
La persistencia de esta brecha de seguridad mantiene la incertidumbre sobre el uso de teléfonos móviles dentro de la cárcel durante este periodo de inactividad tecnológica. Por ello, la solicitud de información no solo apunta al complejo de Valparaíso, sino que busca esclarecer si existen proyectos similares paralizados en otros recintos de la región y qué medidas transitorias se están adoptando para mitigar los riesgos actuales.
El foco de la ciudadanía y de los fiscalizadores permanece en la necesidad de transparencia respecto a una herramienta considerada vital para el control penitenciario.
“Cuando las autoridades anuncian este tipo de medidas, lo mínimo esperable es claridad respecto de los plazos, del estado de avance y de las razones de los retrasos. (...) La ciudadanía tiene derecho a saber por qué una herramienta considerada relevante para la seguridad penitenciaria sigue pendiente después de tanto tiempo”, concluyó Bassa.
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