Si bien, las dudas respecto a los autores de los 10 homicidios y 4 violaciones aún se mantienen, lo concreto es que en enero de 1985 fueron condenados a pena de muerte los ex carabineros Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, poniendo fin a estos brutales casos.
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Con la claridad que entrega el paso de los años, hoy se puede afirmar a ciencia cierta que los crímenes perpetrados por los denominados «Psicópatas de Viña del Mar» son de los más importantes casos que se han registrado en la historia de la región de Valparaíso en materia policial... y quizás del país.
Y aunque actualmente así se pueda indicar, lo cierto es que durante la primera mitad de la década de 1980, en el puzzle de los 10 homicidios y cuatro violaciones registrados en la Ciudad Jardín no encajaba absolutamente ninguna pieza y el enigma policial fue creciendo bajo un manto de nubes y sombras.
Todo comenzó el 4 de agosto de 1980, cuando desconocidos dispararon y dieron muerte al profesor Enrique Gajardo, de 35 años, en las cercanías del Jardín Botánico. El segundo crimen ocurrió en noviembre de 1980, una noche en que Viña del Mar se quedó a oscuras producto de un gran apagón. Allí, en las cercanías de la laguna Sausalito, el médico Alfredo Sánchez, de 34 años, era asesinado, y su pareja, la enfermera Luisa Bohle Basso, fue violada por los antisociales.
Los dos asesinatos generaron una histeria colectiva en la Ciudad Jardín, situación que incluso repercutió en el turismo y en el comercio nocturno de la comuna. Y es que muy pocas personas querían salir de noche habiendo un o unos criminales libres y a la espera de volver a atacar.
Así transcurrió la época estival en Viña del Mar y ya con los turistas regresando a sus respectivas ciudades, cuando a fines de febrero de 1981 un nuevo hecho, registrado en el estero Marga Marga, causó conmoción en la ciudad: a balazos dieron muerte a Fernando Lagunas (54) y Delia González (24), una trabajadora sexual de la zona.
Ya con cuatro homicidios a su haber, este enigma policial continuó en mayo de 1981, cuando el 25 de ese mes abordaron en Granadilla un taxi conducido por Luis Morales, de 33 años, a quien intimidaron para robarle el automóvil y finalmente darle muerte por medio de un disparo. Su cadáver fue hallado en un basural.
Lejos de finalizar su macabro accionar, el horror continuó al día siguiente cuando, aún en el vehículo robado, con el que se trasladaron a Reñaca, encontrando en su camino un automóvil detenido, con una familia en su interior. Se trataba del obrero Jorge Inostroza (31), a quien hicieron bajar para dispararle en la cabeza. La mujer, en tanto, Margarita Sánchez, fue violada; esto mientras la bebé de la familia se mantenía bajo los "cuidados" de uno de los psicópatas –en ese momento aún un NN–.
Los sangrientos sucesos siguieron ocurriendo el 28 de julio de 1981 cuando nuevamente en las cercanías del Jardín Botánico de Viña del Mar dan muerte a otro taxista: se trataba de Raúl Aedo, de 25 años, a quien le dispararon por la espalda. Momento seguido, los psicópatas detuvieron un vehículo que transitaba rumbo a Limache, hicieron descender a un hombre identificado como Óscar Noguera, a quien le quitaron la vida de dos disparos. Por su parte, su acompañante, Ana María Riveros, fue violada en el asiento trasero del automóvil, aunque le "perdonaron la vida" por no oponer resistencia al ultraje sexual.
El último ataque fue perpetrado el 1 de noviembre de 1981, hace casi exactos 40 años, cuando bajo el puente Capuchinos, en las cercanías de la playa Caleta Abarca, los «Psicópatas de Viña» se encontraron con Jaime Ventura y Roxana Venegas. Al joven de 22 años lo mataron para proceder a violar a su pareja, de 18 años, a quien también terminaron asesinando.
A raíz de estos hechos, se ordenaron dos investigaciones para dar con el paradero de el o los responsables: la primera, a cargo del OS-7 de Carabineros; mientras que la segunda la llevaba a cabo la Policía de Investigaciones.
Así fue como cerca de 150 sospechosos comenzaron a circular por las unidades policiales, entregando tanto aportes como dudas a un proceso que no tuvo ningún avance concreto hasta el año siguiente del último ataque de los «Psicópatas de Viña», momento en que el empresario Luis Eugenio Gubler Díaz fue detenido por su presunta responsabilidad en los homicidios y violaciones registrados en la ciudad.
Las miradas se posicionaron sobre el hijo del dueño de la Sudamericana de Vapores, un exitoso empresario que tenía un arma de exactamente las mismas características que la usada por los criminales, además de un perfil neuropsiquiátrico que calzaba a la perfección con el que buscaban las policías uniformada y civil.
Según una publicación de Puranoticia.cl, en base a afirmaciones realizadas por el fallecido periodista que siguió de cerca el caso, Miguel Tapia González, Gubler fue un activo miembro de Patria y Libertad, la organización que combatió al Gobierno de Salvador Allende, y poseía una cadena de empresas en tres países sudamericanos donde daba empleo a chilenos refugiados o exiliados, de quienes obtenía información sobre la Resistencia en el exterior.
Los antecedentes recopilados en esta causa, y que posicionaban únicamente a Luis Gubler Díaz como el responsable de los homicidios y ultrajes sexuales, dieron un nuevo giro cuando el hombre de negocios fue dejado en libertad por "falta de méritos". Y es que a pesar de que la policía aseguró que el sujeto habría confesado los hechos, finalmente el empresario fue liberado el 8 de marzo.
De forma paralela a la liberación de Luis Gubler, la ministra en visita del caso, Dinorah Cameratti, ordenó la detención de Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, dos funcionarios de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, como los presuntos responsables de los 10 homicidios y cuatro violaciones perpetrados desde hace dos años antes.
Quien ayudó en gran medida a resolver el puzzle policial fue el cabo de Carabineros Juan Quijada, también de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, pues dio cuenta de la confesión que Jorge Sagredo le habría dado, recurriendo éste al OS-7.
Una vez detenido, y tras varios días, el mismo Sagredo confesó que él era el principal responsable de los crímenes, dando cuenta de algunos escalofriantes detalles, como que actuó sólo en el doble homicidio del puente Capuchunos. Paralelamente, Carlos Topp asegura que es inocente y que su compañero policía estaba encubriendo a otra persona, además de afirmar que su familia estaba amenazada de muerte.
Las dudas volvieron a tomarse la contingencia luego que el propio Jorge Sagredo delata al cabo Juan Quijada como autor de los disparos en el doble homicidio registrado en el estero Marga Marga. El suboficial fue interrogado, pero posteriormente fue dejado en libertad.
Junto a descartar una serie de testimonios que daban cuenta de que los carabineros acusados no eran los que habían sido vistos en algunos de los ataques (como que en puente Capuchinos actuaron dos y no uno, como dijo Sagredo), la Justicia determinó que Jorge Sagredo y Carlos Topp eran los autores de los crímenes.
Al primero se le condenó por ser el autor de los ajusticiamientos de Fernando Lagunas, Delia González, Jaime Ventura, Roxana Venegas y de robo a Emilio Martínez, Berta León y Manuela Gómez; y ultraje público a María Torres y Daniela Torres. En tanto, al segundo se le culpó de las violaciones de Luisa Bohle, Margarita Santibáñez y Ana María Rivera; además de los asesinatos de Enrique Gajardo, Alfredo Sánchez, Luis Morales, Jorge Inostroza, Raúl Aedo y Oscar Noguera; y de los asaltos a Juan Espinoza, Flor Osses, Oscar Morales, Jaime García, Raúl Rojas, Adelia López y Hugo Aragón.
Luego de ser declarados culpables, la Justicia condenó a los dos ex funcionarios de Carabineros a la pena de muerte, sentencia dictada en primera instancia el 8 de enero de 1983 por el ministro en visita Julio Torres Allú, vale decir tres años después del primer ataque perpetrado por los «Psicópatas de Viña del Mar».
El proceso debió pasar por otras dos instancias: primero, ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego por la Corte Suprema, en enero de 1985.
De esta manera, se confirmaba que Sagredo y Topp iban a ser fusilados en dependencias de la cárcel de Quillota, el 29 de enero de 1985, a las 5:52 horas, lugar hasta donde llegaron los gendarmes armados con submetralletas Uzi de 9 milímetros, cargadas con una sola bala. Una de las armas tenía munición de salva; esto, para que quedara la sensación en el batallón de que uno de ellos pudo no haberle dado muerte a los condenados.
Seis minutos después de la ráfaga de tiros, y ante un medio centenar de personas que presenciaban lo ocurrido –entre periodistas, autoridades y funcionarios uniformados–, un médico confirmó la muerte de Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, siendo ésta la última vez que se aplicaba la pena capital en Chile.
Si bien, con el ajusticiamiento de los dos carabineros el caso quedó cerrado y la sensación de seguridad volvió a Viña del Mar, en muchas personas las dudas aún permanecen abiertas.
PURANOTICIA
