Core Tania Valenzuela explicó que "ya se han recabado varios documentos que permiten sustentar una denuncia que busque inhabilitarlo a ejercer cargos públicos".
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Un verdadero terremoto político se vivió este miércoles 11 de agosto en el Consejo Regional (Core) de Valparaíso, luego que el core Mauricio Araneda Atenas (UDI) fuera condenado a tres penas de 120 días de presidio, una multa de $447.648 y un año de suspensión de cargos en el servicio público por el delito de fraude al Fisco.
La autoridad, representante de la provincia de San Antonio, esposo de la delegada presidencial provincial, Gabriela Alcalde, y funcionario del Hospital Claudio Vicuña, fue sometido a juicio, en procedimiento abreviado, por haber cometido tres delitos entre los años 2017 y 2018, en el marco de viajes a Iquique y La Serena.
Durante estos viajes, el consejero regional debió cumplir labores propias de su cargo por al menos cuatro días, sin embargo, se logró establecer que modificó las reservas para regresar antes a la región de Valparaíso. Pese a ello, obtuvo el pago íntegro de las labores realizadas en el norte, solicitando los reembolsos por gastos de alojamiento, de alimentación y de traslados que no realizó, lo que generó un perjuicio fiscal de $895.000.
Lo ocurrido con el consejero regional de la UDI abrió de lleno el debate en torno a lo que ocurre con el core Percy Marín Veas (RN), quien fue cuestionado por haber protagonizado una situación similar, relacionado a cobros irregulares de viáticos (alimentación, alojamiento y combustible) en los que habría incurrido, por un monto que superaría los $9 millones.
Y es que según estableció la Contraloría General de la República, el esposo de la diputada Camila Flores no habría podido acreditar su real domicilio para conseguir estos fondos y, además, habría incumplido el principio de abstención y probidad, pues no se abstuvo en una votación donde se aprobó el uso de recursos públicos en favor de una persona jurídica constituida por integrantes de su propia familia (su hermana Cynthia Marín).
Esta situación fue analizada por la consejera regional Tania Valenzuela (IND-FA), quien señaló en conversación con Puranoticia.cl que "en el caso de Percy Marín se debió proceder de la misma forma que con el consejero Araneda. No obstante, los organismos pertinentes nunca iniciaron una acción legal en su contra".
"El fiscal tuvo la facultad de realizar una investigación, teniendo en cuenta los antecedentes relevantes que entregó Contraloría en torno, por ejemplo, al pago indebido de viáticos. Por otro lado, el ex intendente regional Jorge Martínez también tenía la posibilidad de ingresar una denuncia al Ministerio Público, dado que existieron faltas graves a la probidad durante el ejercicio del cargo como consejero regional", expuso la también jefa de bancada del Frente Amplio en el Core de Valparaíso.
Consultado al respecto, el core Jorge Mora (RD) explicó que "las penas o condenas que hasta hoy se manejan en los servicios públicos para quienes cometen delitos de probidad o de otra índole no son para nada ejemplificadores, dejan mucha desesperanza en la comunidad por tanta impunidad. Es el caso de Percy Marin que, a mi parecer, el hecho cometido por él es más grave que lo de Araneda, porque tengo entendido que tuvo que devolver mas de $10 millones. Además tiene historial, incluso familiar, por motivos de fraude al Fisco y ahí sigue como presidente de una de las comisiones mas importantes del Consejo Regional, como lo es Inversiones".
En base a los cuestionamientos contra el core Marín, un grupo de autoridades regionales está evaluando el presentar una denuncia para que sea enjuiciado tal como ocurrió con Mauricio Araneda, hoy condenado por fraude al Fisco.
La core Valenzuela explicó al respecto que "hasta la fecha, quienes tienen la responsabilidad exclusiva de llevar una acción frente al Tribunal Electoral Regional son los 27 consejeros regionales restantes. Esto se puede realizar tanto de forma conjunta, como individual".
En ese sentido, adelantó que "ya se han recabado varios documentos que permiten sustentar una denuncia que busque inhabilitarlo a ejercer cargos públicos, pero hasta el momento se está evaluando al abogado o abogada que lleve adelante esta causa".
Por su parte, el core Mora dijo que "en un momento, un grupo de consejeros estábamos trabajando en este tema de llevar al TER a Marín, trabajo que no prosperó por temas de tiempo y por falta de aesoría jurídica. Hoy tenemos las herramientas para hacerlo y estamos preparando material para llevar a cabo esta acusación, pues creemos fundamental limpiar los espacios de decisiones donde se discute el presupuesto regional, de personas que tengan estos actos de falta a la probidad o algún otro que atente contra el bienestar común y que entregen beneficios propios de quienes cometen estos ilícitos".
PURANOTICIA
