Los acusados habían solicitado a los postulantes distintos montos de ahorro para la vivienda que habían reunido con mucho esfuerzo. De esta forma, los condenados se apropiaron de sumas que van entre el millón a los cinco millones de pesos.
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La Fiscalía de Valparaíso logró la condena de los socios de una corredora de propiedades por 12 delitos de estafa, perpetrados en perjuicio de un grupo de personas que les confió sus ahorros para adquirir su casa propia.
El caso fue investigado por el fiscal Gonzalo Marks Vega, quien llevó a juicio a Dona Baeza Muñoz y a Enrique López Jorquera, por delitos cometidos entre los años 2008 y 2009.
Los imputados administraban la firma de corretaje de propiedades "Casa propia". También informaron a los afectados que estaban asociados a una Egis (empresa de gestión inmobiliaria social) y tramitaban todo lo necesario para que los interesados pudieran adquirir o aplicar sus subsidios en viviendas definitivas.
El Tribunal Oral Penal de Valparaíso condenó a Baeza a dos penas de 541 días de cárcel por 8 delitos de estafa, mientras que López fue sentenciado a 5 años y un día por diez delitos, los cuales deberá cumplir de manera efectiva conforme a la resolución del tribunal. Cada uno, además, deberá responder con 15 UTM de multa.
Los acusados habían solicitado a los postulantes distintos montos de ahorro para la vivienda que habían reunido con mucho esfuerzo. De esta forma, los condenados se apropiaron de sumas que van entre el millón a los cinco millones de pesos.
El fiscal Gonzalo Marks señaló que en la mayoría de los casos los afectados perdieron sus subsidios, ya que no pudieron aplicarse los beneficios estatales a las viviendas definitivas que habían sido prometidas por los corredores de propiedades.
En otros casos, los pretendidos propietarios habían hecho incluso mejoras en las viviendas entregadas, pero igualmente las perdieron ya que pertenecían a otras personas o no habían adquirido la propiedad legal de ellas.
La defensa de los acusados intentó acreditar que estos hechos correspondían a problemas de incumplimiento de obligaciones civiles, pero la prueba presentada por el fiscal Marks permitió establecer que se trataba de delitos reiterados de estafas, con aprovechamiento de la urgente necesidad que tenían las víctimas de contar con subsidio o encontrar casa.
Claudio Leiva / Aton Chile
