Se difundieron videos que mostrarían al concejal Ricardo Zurita descargando cajas adquiridas por el municipio, las cuales habrían sido dejadas en casa de un familiar.
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Por el delito de tráfico de influencias, la Municipalidad de El Tabo presentó una querella en contra de las personas que resulten responsalbes de una posible anormalidad o ilegalidad cometida durante el proceso administrativo de la compra de cajas de mercadería para familias vulnerables de esta comuna perteneciente a la provincia de San Antonio.
Bajo este contexto, cuatro concejales realiaron una presentación ante la Contraloría Regional de Valparaíso, la cual busca determinar si existe algún tipo de irregularidad en el tema.
Por medio de redes sociales, se difundieron videos que mostrarían al concejal Ricardo Zurita descargando cajas adquiridas por el municipio, las cuales iban a ser destinadas a las familias vulnerables de la comuna. No obstante, se habrían descargado para la casa de un familiar del edil.
El concejal José Antonio Veas comentó al respecto que "efectivamente la casa correspondía a un colega concejal. Después, investigando más a fondo, pudimos relacionar la empresa a la cual la municipalidad le había hecho la compra por trato directo, que estaría vinculada a algunos familiares no sanguíneos de unos de nuestros colegas".
"Hay denuncias de algunos directores de que el concejal estuvo entregando información privilegiada de las compras", añadió Veas.
Consultado por esta situación, Ricardo Zurita se defendió diciendo que "una vinculación oficial respecto de las cajas, no existe. Todo partió por una denuncia ciudadana, comentarios de Facebook".
"Todos los procesos, en estos momentos, están realizándose: la fundamentaciones administrativas correspondiendes par apoder aclararla. Hay un sumario administrativo que está en curso", agregó el edil.
Finalmente, desde la Municipalidad de El Tabo informaron que por irregularidades en el proceso de compra de 1.140 cajas, se decidió poner término al contrato, devolviendo todas las cajas al proveedor y dejando sin efecto el pago total de $43.200.000.
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