El despido de cuatro trabajadores municipales se ordenó mientras de forma paralela se creaba la primera asociación de funcionarios, instancia que les dio protección y que incluso fue analizado por la Contraloría General de la República.
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Conocido por todos es que con la llegada de nuevas autoridades a los Municipios, algunos funcionarios, principalmente de confianza de la administración saliente, deben dejar sus cargos. Esto fue precisamente lo que ocurrió en la comuna de La Cruz, donde la alcaldesa Filomena Navia (PS) desvinculó a algunos trabajadores, incluidos cuatro que hoy generan noticia.
Se trata de Carol Molina, Carla Araya, Marcela Serey y Luis Galarce, quienes fueron desvinculados del Municipio cuando, de forma paralela, llevaban adelante la constitución de la primera Asociación de Funcionarios del Código del Trabajo de la Municipalidad de La Cruz, instancia que los protege por medio de un fuero, aún cuando no estuviera formado el órgano.
El origen de esta agrupación está en mayo del 2021 cuando un grupo de trabajadores, liderado por estas cuatro personas mencionadas, comenzaron a organizarse para constituir esta asociación. Para ello, debieron cumplir con ciertos requisitos, como acudir a la Inspección del Trabajo para contar con un Ministro de Fe.
No fue hasta el mes de julio que recibieron una respuesta: el 9 de julio se llevaría a cabo la elección para conocer a los representantes de esta asociación. No obstante, cuatro días antes (5 de julio) los cuatro trabajadores mencionados recibieron una carta de despido, argumentada en una "reorganización de la estructura interna de la Municipalidad". Pese a ello, los trabajadores tuvieron dudas y pensaron seriamente que su salida se debía justamente a la creación de este organismo.
Un día antes de la elección, una de las personas desvinculadas de sus funciones consulta a la Ministra de Fe del otro proceso que crearía una segunda asociación de funcionarios, si existía alguna especie de protección por conformar este organismo. Así fue como se enteran que el Código del Trabajo establece que tienen 10 días de protección previo a la conformación de la asamblea, por ende, no los podían despedir.
Tres días después de la elección de la Asociación, cuya presidencia quedó en manos de Luis Galarce, los funcionarios desvinculados acudieron a la Municipalidad para presentar un oficio en el que se indicaba que contaban con fuero y que lo correspondía era su restitución al órgano edilicio, cuestión que no tuvo respuesta en largas semanas.
Fue durante una sesión de Concejo Municipal donde un edil se refiere a este asunto, instancia donde se le informa que el caso fue llevado a Contraloría para que emitiera un pronunciamiento. De forma paralela, los trabajadores despedidos sólo supieron del avance de sus casos a través de la transmisión de esta reunión. La desinformación los agobiaba, reconocen.
Este proceso, doloroso para los trabajadores desvinculados, comenzó a llegar a su fin este lunes 4 de agosto, cuando un asesor jurídico de la Municipalidad les indica a los funcionarios que la alcaldesa Filomena Navia había ordenado el reintegro a sus funciones, pues debía dar cumplimiento a lo que ordena la normativa.
Así fue como este martes 5 de agosto se enteran, mediante llamado telefónico, que el miércoles 6 de agosto debían presentarse en la casa edilicia para continuar desempeñando sus funciones, dándole un duro revés a la decisión adoptada por la jefa comunal, de quien se está a la espera de confirmación de una reunión con la flamante nueva asociación de funcionarios donde, uno de los primeros temas que deberá abordar, será justamente los motivos de la salida de Molina, Araya, Serey y Galarce.
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