900 millones de pesos en transacciones entre la Corporación Municipal y dos liceos de la comuna que incluye "trabajos de menores de edad" deberán ser justificados en juicios de cuentas, además se revela una verdadera máquina montada y una serie de faltas en el manejo de la entidad presidida por el alcalde Jorge Sharp.
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Una completa investigación al funcionamiento de una verdadera máquina elaborada para hacer negocios a la par del rubro educacional en dos liceos perteneciente a la Cormuval, dependiente de la Municipalidad de Valparaíso, realizó la Contraloría General de la República, a la que tuvo acceso Puranoticia.cl, y donde se revela una debacle en la gestión administrativa de Jorge Sharp.
La Cormuval es la denominada Corporación Municipal de Valparaíso, cuya principal misión es administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud y los cementerios de la Ciudad Puerto.
El Presidente del directorio es el actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo. De hecho, de todos los que trabajan o forman parte de la Cormuval, el único que tiene responsabilidad administrativa en los hechos dados a conocer en este informe, sería el alcalde Sharp.
Esta entidad, que maneja un millonario presupuesto, fue investigada a fondo por la Contraloría, luego que le llegaran diversas denuncias relacionadas al área educación de la misma, principalmente en los Liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal.
Puranoticia.cl, que pudo obtener los antecedentes y el informe completo, gracias a un seguimiento que se le hacía a denuncias interpuestas por el diputado de RN Andrés Celis y a recursos de la Defensoría de la Niñez, estos desde que fueron presentados el año 2019 a la Fiscalía por presunto caso de abuso laboral infantil en el Liceo Técnico de Valparaíso.
También Puranoticia.cl hizo un seguimiento a las tres denuncias que recibió el órgano contralor, entre las cuales se indicaba que al interior del Liceo Técnico de Valparaíso, dependiente de la Cormuval, existiría una empresa administrada por su Director, don Mario Díaz Villegas, dedicada a la venta de colaciones y vestuario, entre otros bienes de consumo, y a la prestación de servicios de imprenta, la cual, durante el año 2017, habría generado ganancias por la suma de $180.000.000, sólo por la venta de colaciones a otros establecimientos gestionados por esa entidad privada, desconociéndose el destino de dichos recursos.
La denuncia contaba, además, que la Corporación Municipal de Valparaíso tendría personal contratado para dedicarse en forma exclusiva a la comercialización de colaciones; que alumnos del referido liceo, que estudian la especialidad de alimentación, son obligados a embolsar los productos que posteriormente son vendidos como colaciones; que el establecimiento educacional no cuenta con resolución sanitaria para desarrollar dicha actividad; y que la Directora del Área de Educación de esa corporación, doña Silvana Sáez Valladares -cónyuge del mencionado director del Liceo Técnico de Valparaíso-, instruyó a los demás recintos educaciones dependientes de esa entidad privada a adquirir colaciones al citado liceo y a otras tres escuelas.
Con los antecedentes en mano, Puranoticia.cl pudo corroborar en este informe que Contraloría inició una investigación, que va del 1 de enero del 2017 al 30 de junio de 2019. Además, se efectuó un análisis financiero de los activos y pasivos al 31 de diciembre del 2019, todo en pleno periodo de la administración del alcalde Jorge Sharp.
Se comprobó que durante el periodo fiscalizado, al interior del Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, operaron "áreas productivas" independientes de los talleres de las especialidades técnicas que imparten dichos liceos, cuyo objetivo fue la elaboración y comercialización de distintos bienes de consumo -tales como alimentos procesados y no procesados, prendas de vestir, talonarios de boletas, pendones y diplomas, entre otros-, así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, los cuales fueron vendidos a la propia Corporación Municipal de Valparaíso y a particulares.
Producto de esas operaciones, los citados establecimientos percibieron ingresos por $490.649.302, lo que se enmarcó en el desarrollo de actividades comerciales no previstas en la ley, ajenas a la finalidad pública pedagógica que debía cumplir la Cormuval, debido a que esta deben solo dedicarse a la educación, es por eso que Contraloría en el informe en cuestión solicita la suspensión inmediata de estas actividades anexas.
Se pudo verificar además que la Corporación Municipal no rindió los ingresos percibidos por ambos liceos, los que alcanzaron la suma de 543 millones de pesos.
Igualmente se determinó que de las rendiciones de cuenta presentadas por la Corporación Municipal de Valparaíso tampoco rindió los gastos ejecutados por los citados planteles educacionales con cargo a los ingresos antes mencionados, los que, de acuerdo a las validaciones efectuadas, ascendieron a más de 434 millones de pesos.
Uno de los puntos más graves revelados en esta auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso, que es dirigida por Victor Hugo Merino, es constatar que alumnos de los Liceos de Valparaíso realizaban trabajos remunerados para la denominada área productiva que reporta ingresos, en el periodo investigado, por más de 490 millones de pesos.
Contraloría revela que ambos liceos prestaron servicios de coctelería a la misma Cormuval y a privados, entre ellos a la Corporación Municipal de Viña del Mar, la Sociedad Educacional Winterhill S.A. y la Caja de Compensación 18 de septiembre, donde participaron los propios alumnos del establecimiento realizando labores de garzón y cocineros, a quienes les pagaban entre 2 mil y 20 mil pesos.
Sin contar que estas actividades eran "comerciales" y que en nada se vincula con la labor de enseñanza y aprendizaje que les compete a dichos planteles.
Alejandra Videla González, docente del Liceo Técnico Valparaíso, indicó a Contraloría, en declaración voluntaria prestada el 20 de diciembre de 2019, que cuando el liceo tenía que prestar los servicios de coctelería o coffee break, consultaba si algún alumno quería realizar la labor de garzón, a cambio del pago de una módica suma de dinero. En todo caso, señaló que esos trabajos siempre fueron realizados fuera de la jornada estudiantil.
Por su parte, la Secretaria de la Dirección del Liceo María Luisa Bombal, doña Jacqueline Torres Cárcamo, en declaración voluntaria brindada el 26 de diciembre de 2019, manifestó que el señor José Alcota Poblete -Director de ese liceo hasta el 31 de marzo de 2019-, ordenó que las colaciones que comercializaba ese plantel fueran embolsadas por alumnos de ese recinto, cuando estos no estuvieran en clases; y que, por ese trabajo, se les realizaba un pago que variaba entre los $12.000 y los $30.000. Agrega, que los servicios de coffee break eran prestados por ella, un docente y estudiantes; que, por dichas labores, los alumnos recibían un pago de $12.000; y que cuando los servicios eran prestados fuera del establecimiento, y dentro de la jornada escolar, estos requerían la autorización de sus padres.
Se incluye además un oficio elaborado por doña Bernardita Santis Doyhamboure, Directora del Liceo María Luisa Bombal, quien asumió dicho cargo el 1 de abril de 2019, donde expone que dichos servicios eran prestados por docentes y alumnos de la especialidad de gastronomía; que, por ese trabajo, los estudiantes recibían un pago en efectivo; y que cuando los eventos se desarrollaban durante la jornada escolar y fuera de las dependencias del liceo, estos requerían de una autorización de sus padres.
La auditoría en cuestión permitió verificar que a la data en que fueron prestados tales servicios, 58 alumnos del Liceo Técnico Valparaíso y 21 del Liceo María Luisa Bombal eran menores de edad, sin que conste que aquellos contaran con una autorización expresa para tales efectos.
Cabe consignar que el inciso segundo, del artículo 13 del Código del Trabajo, establece, en lo que interesa, que "los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación", condiciones que, según se ha expuesto, no pudieron ser verificadas por Contraloría.
Se confirmó además que en total el Liceo Técnico Valparaíso realizó pagos a 154 alumnos y ex alumnos, por la suma de $4.208.000, en el marco de 40 eventos en los que ese establecimiento prestó los servicios de coctelería.
Contraloría informó de estos sucesos a la Defensoría de la Niñez, para los fines que dicha entidad estime pertinentes e investigue estos acontecimientos que afectaron directamente a alumnos de ambos planteles educacionales.
Entre los negocios detectados, que son realizados por esta denominada "área productiva" de ambos liceos, se verificó que se vendieron tortas, empanadas y colaciones consistentes en sets de alimentos procesados y no procesados, tales como frutas, bebidas de fantasía, yogurt, jugos en caja, barras de cereal, galletas y sándwich, adquiridos en distintos locales comerciales de la comuna, los cuales eran repartidos por empleados del propio establecimiento.
Se confirmó además que los equipos de trabajo de esta "área productiva" era conformada por trabajadores, alumnos, ex alumnos y apoderados del mismo plantel.
Contraloría, por diversos testimonios, también estableció que durante la semana y fuera de las dependencias del liceo, se prestaban los servicios de coctelería y desayunos, y que los fines de semana dichas dependencias eran utilizadas para realización de variados eventos, tales como matrimonios, bautizos y cumpleaños, los que incluían los servicios de comida, mantelería, música e iluminación.
El informe de Contraloría estableció además que tanto el Liceo Técnico de Valparaíso como el Liceo María Luisa Bombal contrataron a 21 personas que ocuparon parte total de su jornada de trabajo para cumplir labores exclusivamente relacionadas a sus "negocios" o "áreas productivas", sin tener ninguna relación con el rubro educacional.
El pago que hicieron estos colegios, a estas 21 personas, llega a un monto que supera los 500 millones de pesos, ($516.801.420 exactamente), ante lo cual el órgano contralor anunció el inicio el inicio de un reparo de dicha suma, es decir, hará un juicio de cuentas.
El examen de cuentas se realiza directamente a las personas que tengan a cargo bienes o administren fondos de las entidades sometidas a la fiscalización de la Contraloría.
No contento con las contratación de 21 personas exclusivamente para el "millonario negocio" de los liceos en cuestión, se detectaron otros pagos sobre los 28 millones de pesos a 12 trabajadores del Liceo Técnico por concepto de "bono de producción", y estos dineros fueron cargados a una cuentam, cuyos dineros no pueden ser ocupados para pagos de remuneraciones.
Contraloría detectó además que la Corporación Municipal realizó millonarios pagos a ambos liceos por más de 170 millones de pesos ($172.608.477) con cargo a los dineros provenientes de la Subvención Escolar Preferencial.
Los llamados pagos con recursos SEP fueron para la compra de buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos y almuerzos, y por los servicios de coctelería prestados por esos planteles a otros recintos educacionales, sin embargo, no fueron proporcionados los antecedentes que permitan acreditar la entrega de la totalidad de esas especies y tampoco las nóminas de alumnos asistentes a las actividades que motivaron la prestación de tales servicios, o actas de recepción u otro documento firmado por el director o autoridad del plantel beneficiario, que diera cuenta de la prestación efectiva de las especies.
Contraloría sumará estos $170 millones a los otros más de $500 millones para iniciar el reparo y su posterior juicio de cuentas.
Contraloría también investigó el destino de los millonarios pagos que recibían ambos liceos y qué hacían con aquellos dineros. De acuerdo a la rendición de diversos gastos a los que tuvo acceso, se pudo determinar que inclusive el destino de los dineros fue para comparar bebidas alcohólicas.
De rendiciones de poco más de $200 millones, los liceos dijeron que se gastaban estos montos, por ejemplo, en alimentos y bebidas procesadas, para ser utilizadas en las áreas productivas "alimentación" y "eventos" por un monto $127.977.367.
Se gastaron $4.171.207 en colaciones ya preparadas; $5.035.780, por la compra de bebidas alcohólicas; $2.168.050, por consumos en distintos restaurantes; $672.308, por almuerzos; $2.799.133, por compra de bolsas, vasos, platos y servicio de plástico, porta sándwiches y envases de aluminio; $85.049, en carbón; $36.022.402, por servicios de bordado y poleras, buzos, delantales, corbatas e insumos empleados por el área de producción de "vestuario"; $26.876.717, por distintos productos comercializados por el área de producción de gráfica; $1.304.036, por arreglos florales entre otros.
También aparecen entre esta rendición gastos por $8.196.310, que fueron a parar a cerca de 247 personas, entre ellos trabajadores, alumnos, ex alumnos y apoderados de ambos liceos, por labores de cocinero y garzón, en el marco de los servicios de coctelería prestados por esos establecimientos.
Cabe consignar que muchos de estos pagos efectuados por ambos liceos sólo fueron respaldados con planillas escritas a mano, que incluyen el RUN de la persona a quien se habría efectuado el pago y, sólo en algunos casos, su nombre y el detalle del servicio realizado y el monto pagado, sin que exista otro antecedente u elemento de prueba que permita acreditar tales pagos y si los servicios fueron efectivamente prestados.
COMILONAS EN RESTAURANTES
Otro punto que está presente en el informe de 136 páginas, emitido por Contraloría, son los millonarios gastos en consumos realizados en diferentes restaurantes de la región. Destacan tres de ellos: La Chimenea, el restaurante El Internado y La Joya. En cada uno de ellos se hicieron consumos los días 16 y 29 de noviembre del 2017 y el 21 de junio del 2018, con boletas pagadas con fondos del Liceo Técnico de Valparaíso, que van desde los 80 mil pesos a más de un millón 800 mil pesos por consumo y como glosa de uno de esos gastos aparece "consumo restaurante en jornada de reflexión Día del Profesor".
Pero los liceos no sólo se dedicaban al negocio de la coctelería y elaboración de colaciones. También en sus "negocios ilegales" estaba presente el rubro del transporte. Para ello, Contraloría detectó que el Liceo María Luisa Bombal ofrecía servicios de traslado de alumnos, así como el arriendo del mismo a particulares para la realización de paseos de clubes e incluso traslado a funerales, pero el bus era municipal y no existe un instrumento jurídico que permita a la Corporación Municipal o al Líceo ocupar ese bien municipal.
En declaración prestada a Contraloría el 23 de diciembre de 2019, don Patricio López González, trabajador del Liceo María Luisa Bombal -quien indicó haber estado a cargo de la administración del señalado bus hasta fines del año 2018-, manifestó, en lo que interesa, que ese vehículo había sido adquirido por la Intendencia el año 2009; y que, posteriormente, había sido entregado a dicho plantel educacional para ser utilizado en el área pedagógica, por la especialidad de turismo. No obstante, señala que, en la práctica, el móvil también era arrendado a otros planteles dependientes de la corporación y a particulares, para la realización de paseos de clubes deportivos y traslado de personas por funerales, entre otros.
Pero los "ingresos extras" de los colegios suman y siguen. No sólo coctelería, colaciones o transporte de pasajeros, también se detectó una serie de ingresos por el arriendo de sus salas de clases, canchas y patios. En este caso, ni siquiera se pudo establecer el monto que cobraban por aquellos "negocios ilegales", también del rubro inmobiliario.
Contraloría además verificó que la Corporación Municipal de Valparaíso realizó millonarios pagos a los Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal mediante cheques emitidos a nombre de sus respectivos Directores, quienes debieron cobrarlos por caja en alguna de las sucursales de la institución bancaria correspondiente, y luego trasladar los dineros a los citados planteles.
El Director del Liceo Técnico de Valparaíso, en un correo electrónico con fecha 7 de octubre, mencionó que aquellos recursos que eran cobrados con cheques de una cuenta del Banco Itaú no eran depositados ni manejados en la cuenta corriente asignada al liceo, ya que él no estaba habilitado como girador autorizado. Agrega que, al no contar con esa autorización para retirar y utilizar los recursos mantenidos en la citada cuenta corriente, se debe confeccionar un cheque y enviarlo a la corporación por oficio, para que éste sea firmado por la persona habilitada al efecto, procedimiento que, según indica, demora entre cinco y siete días hábiles, lo que retrasa el proceso de compra y pago de proveedores de ese recinto.
Por tal motivo, señala que el procedimiento empleado por ese liceo, consiste en cobrar el cheque en el banco y entregar la totalidad del dinero al departamento de finanzas de dicho recinto educacional, para que este sea distribuido según las indicaciones dadas por él mismo, por ejemplo, para el pago de proveedores, insumos básicos y actividades internas.
Dicho procedimiento ha implicado que los Directores de los referidos planteles deban trasladar desde los respetivos bancos hasta las dependencias de los liceos, cantidades de dinero en efectivo que, en algunos casos, incluso superaron los $10.000.000.
Cabe consignar, además, que Contraloría realizó un arqueo de caja sorpresivo, el 2 de octubre del 2019 a los recursos custodiados por el Liceo Técnico Valparaíso, más el saldo de la cuenta corriente N° 210475590, del Banco Itaú, asignada a ese establecimiento. Éste arrojó como resultado que dicho plantel, a esa fecha, contaba con disponibilidades por la suma de $5.879.347.
Sin embargo, las validaciones y el reproceso efectuado por esta Contraloría Regional, permitió comprobar que dichos recursos debían alcanzar un total de $14.674.373, determinándose una diferencia faltante de $8.795.026.
Por su parte, en el arqueo llevado a cabo en el Liceo María Luisa Bombal el 3 de octubre de 2019, se determinó que, a esa data, el citado recinto de educación mantenía en custodia la suma de $120.070, en circunstancias que el reproceso realizado por esta Entidad de Fiscalización permitió establecer que esos fondos debían ascender a $1.567.922, comprobándose una diferencia de $1.447.852.
Se constató también, por parte de la auditoria de Contraloría, el extravío de los libros de ventas de los meses de enero, febrero y marzo de 2017 pertenecientes al Liceo María Luisa Bombal, además de la falta de registro de 26 boletas afectas emitidas en abril del mismo año por ese liceo, por lo que la Corporación Municipal deberá informar y solicitar al SII las rectificaciones que procedan. Además, se detectó que se emitió boletas exentas por la venta de variados alimentos y la prestación de servicios de coctelería, en circunstancias que dichas actividades se encuentran gravadas con IVA.
Contraloría, tras descubrir en los arqueos de caja dineros faltantes, decidió enviar el informe a la Fiscalía Regional de Valparaíso, del Ministerio Público, para que se inicie una investigación al respecto y se dé con el paradero de estos dineros y con los presuntos responsables de estos millonarios recursos que no fueron habidos y tampoco son respaldados.
Otra conclusión que se saca de este informe es el reparo, que es la demanda civil que se iniciará para que los involucrados en las transacciones millonarias de al menos 900 millones de pesos den cuenta de estos dineros.
Cabe consignar que los reparos y juicios de cuentas, las personas que son culpables deben responder con su propio patrimonio en la devolución de estos montos de dineros, según abogados de la plaza en conversación con Puranoticia.cl y que ayudaron a comprender jurídicamente los alcances de este informe, cuentan que las responsabilidades administrativas en este caso deberían recaer en las personas que autorizaron los pagos y que administraron estos millonarios recursos.
Este completo informe de Contraloría, y sus derivados, que van desde las acciones que pudiese iniciar la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez, así como el reparo y posterior juicio de cuentas que se inicia al respecto, también derivará en un procedimiento disciplinario, que iniciará el órgano ejecutor, donde el principal investigado en la responsabilidad de estos actos será el alcalde de Valparaíso y Presidente de la Corporación Municipal, Jorge Sharp.
Esto se desprende del texto del informe que dice que Contraloría Regional iniciará un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Valparaíso, para determinar las responsabilidades administrativas que pudieren afectar a los funcionarios públicos involucrados en los hechos descritos en el presente informe final.
Aquí hay que entender que el único funcionario público involucrado en las denuncias expuestas en este informe es el alcalde Jorge Sharp quien es el nexo entre el Municipio de Valparaíso y la Corporación, todos los demás involucrados son dependientes y trabajadores de la Cormuval, los que no tendrían carácter de funcionarios públicos. De hecho, la propia Contraloría ha reiterado que los empleados de corporaciones municipales no tienen esta calidad, por lo que todo el peso de aquel sumario recaería en la única persona que sí es funcionario público: el alcalde Jorge Sharp.
La situación que vivirá Jorge Sharp en las próximas semanas se parecerá bastante a la que vivió el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien finalmente fue suspendido de su cargo por un mes, luego de ser acusado por notable abandono de deberes, tras un informe de Contraloría; o de la que vive actualmente la alcaldesa Virginia Reginato, quien está a solo días de conocer su futuro político.
Las denuncias expuestas en este informe, y confirmadas por Contraloría tras meses de investigación, entregan antecedentes suficientes para que los concejales de Valparaíso pudieran iniciar un procedimiento de estas características en contra del alcalde Jorge Sharp. Según informaciones emanadas de distintas fuentes de concejales de la Ciudad Puerto, al comentarles de la existencia de este informe por parte de Puranoticia.cl, cuentan que esto hace inminente una acusación por notable abandono de deberes en contra del jefe comunal porteño, la que podría ser presentada en las próximas semanas.
PURANOTICIA
